Opinión
Es un traje a la medida para las cadenas de comida rápida y para todos los locales de comida que no han realizado ningún tipo de esfuerzo por cambiar sus modelos y adecuarse a una ley que cumplirá tres años la próxima semana. Además, es un pésimo precedente.
En los últimos días, el Congreso despachó un proyecto de ley que aplaza la entrada en vigencia de la ley de plásticos de un solo uso y desechables. La ley N°21.368, de agosto del 2021, tiene como objetivo la protección del medio ambiente y la disminución en la generación de residuos. Esta ley se sitúa en un periodo crítico, en donde la contaminación por basura alrededor del mundo tiene repercusiones a diferentes niveles, potenciando la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación de los océanos. Con la implementación total de la ley, se esperan evitar más de 23 mil toneladas anuales de plásticos de un solo uso y desechables que se generan en los locales de expendio de alimentos.
Frente a la inexcusable falta del reglamento que debería haber dictado el Ministerio del Medio Ambiente en febrero del 2023, un grupo minoritario de los regulados ha alegado que existe incerteza jurídica y que es necesario postergar la ley.
Si bien podría sonar razonable, es un traje a la medida para las cadenas de comida rápida y para todos los locales de comida que no han realizado ningún tipo de esfuerzo por cambiar sus modelos y adecuarse a una ley que cumplirá tres años la próxima semana. Además, es un pésimo precedente, dado que desconoce todos los esfuerzos que han realizado la mayoría de los locales de expendio de alimentos para adecuar sus sistemas a las obligaciones de la ley.
Asimismo, el reglamento que debería haberse dictado tiene que regular el “plástico certificado”, el cual debe contar con materiales renovables en su composición y ser compostable y que permitirá su entrega cuando el consumo sea fuera del local, o sea, delivery, o cuando se compra para llevar. La obligación principal de la ley de prohibir la entrega de desechables para el consumo dentro de los locales no depende de reglamento alguno.
Acá no solo llama la atención la velocidad con la que el Congreso Nacional ha legislado sobre la materia, sino que también la postura del Gobierno que, mediante urgencias de discusión inmediata y posturas poco concluyentes, termine desconociendo sus discursos internacionales de ser un país con ambición climática y sea promotor directo de una decisión que significará la generación de miles de toneladas de desechos.
Además, el mismo día en que se despachó este proyecto de ley, ya fuimos notificados desde los representantes de los gremios, de que la presión por modificar la ley continuará. Con esto, se materializa lo que hemos venido alertando hace tiempo, la industria de la comida rápida y sus aliados no buscan aplazar la ley para cumplirla, sino que buscan mayor tiempo para seguir entregando todos sus productos en desechables.
Por lo anterior, no queda más que hacer un llamado a los regulados a que, en esta ocasión, sí se comprometan realmente a cumplir con la ley en este nuevo plazo. Y, por otro lado, al Gobierno que se tome en serio su rol de órgano ejecutivo y trabaje para la debida implementación de la normativa ambiental.
