Opinión
AgenciaUno
En Chile no hay instituciones, no hay programas y no hay destinación de recursos para afrontar estructuralmente este problema. Existe una oferta programática reducida, dispersa, segmentada y con características asistenciales, de asignación bajo criterios de focalización socioeconómica.
Durante las últimas dos décadas, a lo largo de los gobiernos de Lagos, Bachelet y Piñera, Chile ha venido progresando en el desarrollo y perfeccionamiento de una institucionalidad pública orientada a dar respuesta a la pobreza y la vulnerabilidad socioeconómica. El actual Ministerio de Desarrollo Social y Familia (ex-MDS, ex-Mideplan y ex-Odeplan), cuya misión consiste en erradicar la pobreza y allegar protección social a las personas, es resultado de ese proceso de aprendizajes, sistematizaciones e innovaciones administrativas en materia de política social.
De igual forma lo son el “Sistema Intersectorial de Protección Social” (2009) que actualmente alberga subsistemas específicos, como “Chile Solidario” (2004, centrado en la pobreza extrema), “Chile Crece Contigo” (2009, centrado en la primera infancia), y “Seguridades y Oportunidades-Ingreso Ético Familiar” (2012, enfocado en empleabilidad de mujeres, especialmente vulnerables). Chile saltó, en dos décadas, desde un modelo de Estado socialmente desresponsabilizado, heredado de la dictadura de Pinochet, con una programática social hiperfocalizada y discrecional, hacia una institucionalidad de focalización amplia que integra prestaciones y beneficios sociales en favor de grupos socioeconómicamente vulnerables definidos como derechohabientes prioritarios.
Sin embargo, no todas las problemáticas sociales obedecen a condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, aunque estas afecten con mayor intensidad –como todas las cosas– a los grupos más pobres. Hay problemas urgentes y enormes que no podemos abordar a través de una institucionalidad de la pobreza y la vulnerabilidad social. Es el caso de la “crisis de los cuidados”, como se ha denominado a la conjunción de factores demográficos y sociales como el envejecimiento avanzado, la baja natalidad, la atomización familiar y la subordinación femenina doméstica, que afectan el bienestar de un muy amplio segmento de la población. Hoy, en Chile, ya se visualiza la pirámide poblacional invertida o regresiva, propia de sociedades posindustriales, pero con una estructura social premoderna de familiarización y desinstitucionalización de los cuidados.
Las cifras oficiales actualizadas estiman que entre 1,5 y 2 millones de personas en Chile (alrededor del 10% de la población) tienen algún grado de dependencia. Más del 70% de ellas recibe cuidados no remunerados de parte de mujeres familiares con independencia de su nivel socioeconómico. Las mujeres dedican casi cinco veces más de tiempo que los hombres a tareas de cuidado y otros trabajos domésticos no remunerados y, en contrapartida, dedican alrededor de la mitad de tiempo que los hombres a trabajo remunerado, afectando su inserción y trayectorias laborales, así como su autonomía y bienestar económicos. La crisis de los cuidados exacerba las desigualdades de género.
En Chile no hay instituciones, no hay programas y no hay destinación de recursos para afrontar estructuralmente este problema. Existe una oferta programática reducida, dispersa, segmentada y con características asistenciales, de asignación bajo criterios de focalización socioeconómica, que no es capaz de satisfacer estas necesidades y mucho menos de planificar y proyectar en el tiempo políticas públicas con incidencia sociodemográfica.
No basta con crear un nuevo “subsistema” de cuidados bajo criterios de focalización socioeconómica que articule y mejore la oferta existente, no solo porque la crisis de los cuidados no afecta a un segmento homogéneo de la población (requisito legal para la conformación de “subsistemas” de protección social), sino porque la condición socioeconómica de personas dependientes y cuidadoras no constituye el meollo de este complejo problema social.
Así, se requiere de una institucionalidad más ambiciosa, diseñada con criterios de universalidad, con facultades administrativas y capacidad de decisión e integración intersectorial efectiva, y que planifique políticas con impactos sociodemográficos para el próximo medio siglo.
La institucionalidad subsistémica de la política social chilena no da el ancho para hacerse cargo de este problema estructural, heterogéneo y en vías de agudización. En este sentido, el Proyecto de Ley presentado recientemente por el Gobierno, que crea un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, no solo es acertado al contemplar estas dimensiones estructurales e institucionales y perseguir una reorganización social e institucional de los cuidados en torno a la corresponsabilidad de género y conciliación laboral, entre otros aspectos destacables, sino que también se inserta dentro del curso de reformas progresivas y políticamente transversales que Chile ha venido empujando en las últimas dos décadas y que le han permitido ir superando una mera gestión política de la pobreza, para dotarse de herramientas e instituciones eficaces, con bases universales, que garanticen y proyecten políticas robustas y permanentes para las próximas décadas y las actuales y futuras generaciones de chilenas y chilenos.
Es de esperar, al menos desde la academia, que este debate político y parlamentario se sustente en datos y prospecciones verídicos y confiables, que sea coherente con la naturaleza del problema social y demográfico que hay detrás, y que no se vea contaminado por luchas ideológicas entre referentes políticos o agendas personales de líderes carismáticos, permitiendo que Chile siga avanzando en materia de innovación social y administrativa para dar respuestas eficaces a sus problemas urgentes.
