Opinión
La transformación del sistema educativo chileno requiere una planificación cuidadosa y una ejecución adaptada a las realidades locales, ya que solo con un enfoque integral y recursos adecuados se podrá lograr una reforma que tenga un impacto positivo y duradero en la educación del país.
Desde la promulgación de la Ley 21.040 en noviembre de 2017, Chile ha emprendido un ambicioso proceso para reconfigurar su sistema educativo público. La ley estableció la creación de una Dirección Nacional de Educación Pública (DEP) y el despliegue de 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), con el objetivo de revitalizar la función social del Estado en la educación. A casi siete años de su implementación, resulta necesario hacer un balance sobre los desafíos enfrentados y los obstáculos que persisten.
Las reformas educativas son notoriamente complejas, ya que implican transformaciones no solo en la administración y en los aspectos pedagógicos, sino también en valores y creencias arraigadas. En Chile, la evolución del sistema educativo ha estado marcada por una constante tensión entre centralización y descentralización, complicando la gestión escolar y dispersando la autoridad educativa.
Evaluar el éxito de esta reforma requiere más que análisis superficiales; es necesario contar con indicadores nacionales que reflejen mejoras concretas en el aprendizaje, así como una reducción efectiva en la variabilidad de los resultados educativos y un aumento en la satisfacción pública. La experiencia internacional indica que las reformas ambiciosas a menudo fallan por subestimar la complejidad de su implementación, más que por deficiencias en su diseño inicial.
Un desafío significativo ha sido la transferencia de responsabilidades educativas del sector privado y municipal al Estado, sin considerar adecuadamente las culturas organizacionales preexistentes ni las competencias requeridas para gestionar eficazmente los nuevos SLEP. Diversos estudios sugieren que el éxito de reformas estructurales depende en gran medida de la gestión del proceso y del desarrollo profesional de quienes lo implementan.
En comparación con la Reforma Procesal Penal de 2000, que enfrentó una crisis similar de legitimidad y necesidad de reforma, la reforma educativa ha evidenciado deficiencias en planificación y recursos. La Reforma Procesal Penal destacó por su meticulosa atención a aspectos normativos, operativos y financieros, contrastando con las deficiencias en infraestructura y capacitación observadas en la reforma educativa. La falta de recursos específicos y una coordinación insuficiente por parte de la DEP han exacerbado estos problemas.
Para avanzar con éxito, es esencial adoptar una visión integral que involucre a todo el aparato gubernamental y no solo al sector educativo. Es crucial reconocer que las necesidades del sistema educativo son distintas a las de otros servicios públicos, por lo que se requiere de un enfoque especializado y recursos adecuados. Esto incluye, entre otros aspectos, un plan económico robusto para mejorar las condiciones antes del traspaso de los servicios educativos y un acompañamiento continuo por parte del Ministerio de Educación durante la transición.
La transformación del sistema educativo chileno requiere una planificación cuidadosa y una ejecución adaptada a las realidades locales, ya que solo con un enfoque integral y recursos adecuados se podrá lograr una reforma que tenga un impacto positivo y duradero en la educación del país.
