Opinión
No podemos desconocer que enfrentar la crisis actual de la docencia en Chile requiere de una visión amplia y colaborativa, que contemple la flexibilización de los requisitos de ingreso para el año académico 2025.
En la última década, desde el poder Ejecutivo y Legislativo se impulsaron iniciativas para optimizar el escenario de la educación en Chile. Una de ellas, dirigida a mejorar la condición laboral de los profesores y hacer más atractiva la carrera docente, para lo cual se consideró –a partir de la Ley N° 20.903– aumentar de manera progresiva los requisitos para acceder a estudiar Pedagogía, pasando de 500 puntos mínimos en 2017 a 550 en 2026.
Sin embargo, la baja sostenida de los matriculados en las carreras de Pedagogía obliga a replantearse la pertinencia de esta medida, considerando las irrefutables cifras que dan cuenta del bajo interés de los jóvenes por convertirse en profesores: 11 mil personas que ingresaban a estudiar dicha carrera en 2021, y se proyecta que poco más de 7 mil lo harán en 2026, si se aplica la disposición. Además, estudios dan cuenta de que la calidad de un profesor no se determina únicamente por su puntaje de ingreso a la universidad.
Si bien es cierto que un sistema educativo de excelencia requiere de profesionales altamente capacitados, también es crucial considerar que las competencias docentes se desarrollan y perfeccionan a lo largo de su formación y práctica profesional. La Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), aunque útil, no debe ser el único criterio para definir el potencial de un futuro maestro, por lo que el énfasis debe estar sobre todo en la pertinencia y consistencia de los programas formativos que las universidades ofrecen y que en la actualidad están siendo evaluados a través de la Ley N° 20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, obligándonos a proporcionar una educación integral que prepare a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos del aula con creatividad, empatía y un sólido conocimiento pedagógico.
Así, se hace imperativo revisar las políticas de ingreso, pues claramente podrían agravar el panorama, que prevé que para el año 2030 existirá un déficit del orden de los 30 mil profesores a nivel nacional, apremiando la necesidad de discutir sobre ello para asegurar que las políticas adoptadas se alineen con las reales necesidades del país.
No podemos desconocer que enfrentar la crisis actual de la docencia en Chile requiere de una visión amplia y colaborativa, que contemple la flexibilización de los requisitos de ingreso para el año académico 2025, como también una serie de medidas integrales que valoren y fortalezcan la formación y el ejercicio de la profesión docente.
Invito a todos los actores del sistema educativo a trabajar juntos en esta misión, con el convencimiento de que solo a través de un esfuerzo conjunto podremos garantizar una educación de calidad para todos nuestros estudiantes, que nos permita un desarrollo sostenible y el crecimiento de nuestro país.
