Opinión
Las sugerencias del PNUD para responder a las deudas ciudadanas pendientes y avanzar en el desarrollo humano no apuntan, en mi opinión, en una dirección correcta.
Con la presencia del Presidente Gabriel Boric el PNUD entregó a la opinión pública su informe de Desarrollo Humano 2024 sobre Chile. Un documento interesante, con detalladas fuentes, que acierta en el diagnóstico, pero que muestra limitaciones en su intento de proponer avances en favor del desarrollo sostenible.
Dice, con razón, que la ciudadanía, a pesar de los cambios ocurridos en el país en las primeras décadas de la transición, considera que las deudas más importantes todavía no se pagan y menciona las insuficiencias en la salud pública, las pensiones misérrimas y la persistente desigualdad de ingresos.
Así las cosas, está instalada en la ciudadanía que los cambios profundos, prometidos y esperados, en materia de derechos y protección social, han sido insuficientes o simplemente no han ocurrido. A esas deudas pendientes se agrega, en años recientes, el incremento de la delincuencia, especialmente los delitos violentos.
De acuerdo con las entrevistas en los grupos focales del estudio del PNUD, las personas atribuyen a los liderazgos políticos y al empresariado el incumplimiento por sus demandas, a lo que agregan el estancamiento y el deterioro que ven en el país.
Estos actores serían, según la ciudadanía, los “villanos” del cambio en Chile. “Se les acusa de priorizar sus intereses, ya sean electorales o económicos, en desmedro del bienestar de la población, de desconocer las verdaderas necesidades de las personas, de falta de voluntad para construir acuerdos y de bloquear iniciativas de cambio beneficiosas para el país. En el caso del gran empresariado, a las críticas anteriores se añade la percepción de que son poco solidarios y abusivos”.
Y se señala que los grupos privilegiados, con su inmenso poder económico, desempeñan un papel principal en el freno a los cambios mediante el control de los medios de comunicación, así como el financiamiento de partidos, campañas y centros de pensamiento y, por cierto, el lobbismo.
El informe también se refiere a la situación económica estructural del país, con un acertado diagnóstico.
Destaca su preocupación por el tipo de modelo de desarrollo chileno, cuyo carácter extractivista ha conducido a una notoria degradación ambiental, con graves problemas de contaminación, asunto especialmente sensible para los organismos internacionales y los objetivos de desarrollo del milenio (ODM).
El modelo extractivista ha generado también una preocupante estructura exportadora con bienes de escaso valor agregado; mientras, por otra parte, ha provocado una elevada concentración de la riqueza, donde el 1% más rico obtiene el 33% del ingreso total generado por la economía.
Se señala además que, desde la década de 2010, el país experimenta un bajo crecimiento económico con un PIB tendencial que cae de tasas en torno al 5% y el 6% en los años 2000 hasta alrededor del 2% en la actualidad. A ello se agrega un deterioro sistemático de la productividad desde hace 20 años, y una escasa inversión en investigación y desarrollo.
Hasta aquí íbamos bien.
Pero luego las sugerencias del PNUD para responder a las deudas ciudadanas pendientes y avanzar en el desarrollo humano no apuntan, en mi opinión, en una dirección correcta.
En el capítulo que el informe denomina Condiciones por Construir, que en realidad son sus sugerencias, nos encontramos con lo siguiente:
Se sugiere promover el crecimiento económico como imperativo, condición indispensable, para fortalecer la base económica y avanzar así hacia un mayor Desarrollo Humano Sostenible.
Se señala textualmente que “el crecimiento económico desempeña un papel fundamental en la concreción de cambios sociales y fue determinante en la expansión del gasto social, la notable reducción de la pobreza y el incremento del bienestar experimentado por el país desde la década de 1990; sin embargo, desde la década del 2010 se registran bajas tasas de crecimiento”.
Aquí es donde el informe no apunta en el blanco y repite el mismo error que ha sido transversal de políticos y economistas chilenos: confundir desarrollo con crecimiento.
En efecto, poner el énfasis en el crecimiento y no en todos los componentes del desarrollo impide observar si el trabajo es decente o informal, si todas las regiones se incorporan a ese crecimiento, si las pymes se ven beneficiadas, si las mujeres alcanzan la igualdad de derechos y lo que sucede con los impactos ambientales, entre otras cosas.
Guyana nos muestra que tuvo en el 2022 un 60% de crecimiento económico y de 33% en 2023, gracias al descubrimiento y explotación de abundantes pozos petroleros; pero ello no garantiza un desarrollo sostenible.
Es curioso que PNUD destaque el “papel fundamental del crecimiento” cuando precisamente en su diagnóstico mostraba alta preocupación por la canasta exportadora sin agregación de valor y por los impactos ambientales del modelo de desarrollo extractivista. O sea, insinuaba que no le gustaba ese modelo de desarrollo, pero luego en sus sugerencias no lo cuestiona.
El extractivismo no solo es malo por su limitación exportadora y medioambientalista, sino porque ese modelo concentra la actividad económica en ciertos focos productivos y no se extiende a todo el territorio nacional; porque no genera suficiente trabajo y favorece el aumento de la informalidad; porque además sus focos productivos se encuentran agotados en el cobre, la pesca y el sector forestal.
A ello se agrega además la productividad estancada y el freno a la innovación, las que solo pueden ser superadas en otros frentes productivos, diversificando la economía y avanzando hacia la industrialización.
Entonces, la conclusión lógica que debió haber obtenido y sugerido el PNUD es modificar el modelo extractivista antes que insistir en un crecimiento sin apellido, el que entrega recursos fiscales, pero mantiene intocada la estructura económica y social de desigualdades.
En esta misma dirección, en estos días el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, entregaba el informe económico 2024 para América Latina y colocaba el énfasis en impulsar políticas de desarrollo productivo, centradas en los sectores que generan más trabajo, que, por cierto, no se encuentran en el extractivismo.
En suma, para enfrentar las limitaciones productivas, un crecimiento agotado, el deterioro medioambiental, la productividad estancada, la escasa innovación y sus consecuencias en el trabajo y, en general, en el mundo social, hay que cambiar el modelo extractivista.
Aunque la reforma constitucional no se hizo efectiva, la ciudadanía sigue molesta con las desigualdades y atribuye un rol central al Estado para impulsar cambios en la vida social. Por tanto, la propia ciudadanía es la que puede apuntar a modificar al modelo de desarrollo. Y esta es la condición para avanzar hacia los objetivos de desarrollo del milenio, promovidos por Naciones Unidas.
