Opinión
Si tenemos una industria funcionando con éxito, la meta es hacerla más atractiva y eficiente pensando en el problema que queremos resolver, no solo en una determinada solución y en el rol de un ministerio en particular.
La desalación de agua de mar se ha instalado en Chile como una solución robusta frente el déficit de agua, lo que fue ratificado por el informe del Comité Científico del Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2022. El reporte menciona que la capacidad actual asciende a 8.558 l/s y en el futuro se espera cuadruplicar esa cifra, llegando a 38.766 l/s, sugiriendo que esta infraestructura sea parte del Plan de Adaptación de Recursos Hídricos.
En este contexto, se encuentra en el Congreso Nacional un proyecto de ley, cuyo objetivo es regular el desarrollo sostenible de las iniciativas y proyectos de desalinización de agua de mar, dejando fuera la extracción y usos de agua de mar sin desalar para la minería e industria y la desalación de agua salobre desde el borde costero, generalmente utilizadas para abastecer a pequeñas localidades.
La iniciativa, más que regular, facilita la construcción de plantas desaladoras mediante una concesión marítima especial, definiendo los procedimientos para su aprobación, de servidumbre de paso y otros. La institución responsable será la Dirección General de Aguas (DGA), la que tendrá labores de supervisión y fiscalización, incorporando así un nuevo servicio público y nuevos informes técnicos a los ya existentes.
Además, se exige al Ministerio de Obras Públicas (MOP) la elaboración de una “Estrategia Nacional de Desalinización”, con su respectivo reglamento. Lo esperable es la existencia de una “Estrategia Nacional Hídrica” de las aguas continentales o marinas, que facilite y exija la búsqueda de soluciones integrales en la cuenca, donde estas operen en forma complementaria a otras soluciones y no en forma aislada, obligando a coordinarse con otras políticas, planes, estrategias o servicios.
El problema central del país es la escasez hídrica, la falta de infraestructura y el tiempo que transcurre para ponerlas en marcha. Es en aquello donde debemos contar con una política hídrica o estrategia nacional orientada a la ejecución de infraestructura sostenible, facilitando la toma de decisiones en la búsqueda de soluciones integrales y su implementación, que debe ser complementaria con otras obras o instalaciones. La construcción de plantas desaladoras es una opción, entre otras existentes, como los embalses, tranques, carreteras hídricas, trasvases, infiltración de acuíferos, las plantas de tratamiento de aguas servidas y soluciones basadas en la naturaleza, entre otras.
La desalación, siendo una solución eficaz que aporta seguridad hídrica, tiene debilidades relacionadas con los efectos en el medio ambiente, el alto costo por metro cúbico, el tiempo de puesta en marcha de las plantas (entre 4 y 6 años), la definición de la propiedad del agua desalada y su disposición en los efluentes, su relación con los derechos de agua o cuando se mezclan con las aguas continentales, entre otros. También surge la discusión en torno a las tarifas para el consumo humano. Sin embargo, en el texto en discusión en el Parlamento no se visualizan estos temas.
Si tenemos una industria funcionando con éxito, la meta es hacerla más atractiva y eficiente pensando en el problema que queremos resolver, no solo en una determinada solución y en el rol de un ministerio en particular. La desalación requiere de regulación, pero no solo en la construcción de plantas, sino en la incorporación al ciclo del uso y reúso del agua.
