Opinión
Necesitamos un giro en la conversación para avanzar hacia una reforma estructural que consolide el Sistema Universal de Salud basado en un Fondo Universal de Salud (FUS).
Por décadas, el sistema de salud chileno ha operado bajo una lógica dual y desigual, donde las isapres priorizan la rentabilidad sobre el bienestar de las personas, mientras que el sistema público se encuentra subfinanciado y sobrecargado. Este modelo ha perpetuado las inequidades en el acceso a la salud, afectando especialmente a los más vulnerables.
La crisis actual de las isapres no es un problema reciente, sino el resultado de un modelo de negocio inviable cuando se le exige no discriminar por sexo, edad o preexistencias. A pesar de ello, el debate público parece obsesionado con salvarlas, lo que refleja un capricho ideológico que niega la realidad respecto a que el actual modelo de multiseguros ha fallado. Desde un punto de vista económico, perpetuar este sistema es insostenible; desde un punto de vista ético, es indefendible.
Necesitamos un giro en la conversación para avanzar hacia una reforma estructural que consolide el Sistema Universal de Salud basado en un Fondo Universal de Salud (FUS). El acceso a la salud es un derecho social y no puede seguir condicionado por el ingreso o la condición de salud de las personas. La experiencia internacional muestra que los sistemas de seguro nacional son más eficientes y equitativos que aquellos basados en aseguradoras privadas. Países como Australia, Corea del Sur y Uruguay han hecho esta transición y hoy gozan de mejores indicadores de salud y satisfacción ciudadana.
En los hechos, nuestro país ya ha comenzado esta transición de manera indirecta y no planificada. La crisis de las isapres provocó el éxodo de más de 1,2 millones de personas desde las isapres a Fonasa, un 60% de ellas proveniente directamente del sistema privado, lo que es una señal clara de la insostenibilidad del modelo actual. Además, la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) en Fonasa es un primer paso importante para reforzar la complementariedad del seguro público con los prestadores privados, facilitando la transición de las isapres a seguros complementarios de “segundo piso”, eliminando la discriminación por preexistencias, edad y sexo.
El Gobierno ha propuesto este camino en su programa y es esencial seguirlo si queremos un sistema de salud robusto, que entregue buenas prestaciones a todos sin discriminaciones. Las alternativas que han sido propuestas por la oposición, como la creación de un fondo de compensación de riesgo interisapre o entre Fonasa y las isapres, además de ser muy complejas de implementar, perpetúan la segmentación y la inequidad en el sistema, manteniendo la discriminación por ingresos y profundizando los problemas estructurales.
La crisis de las isapres es una oportunidad para repensar nuestro sistema de salud en su totalidad. Avanzar hacia un Sistema Universal de Salud, sustentado en un Fondo Universal de Salud, no solo es posible, sino necesario. Es hora de actuar y construir un sistema de salud que garantice justicia, equidad y calidad para todos los chilenos y chilenas.
