Opinión
El fracaso social del Estado y los partidos políticos para convocar y ofrecer soluciones a los problemas acuciantes que padece la gran mayoría de los chilenos y las chilenas son evidentes.
Los procesos electorales municipales y regionales que ahora se inician son el preámbulo y la anunciación del próximo futuro político del país, tanto para la elección presidencial como parlamentaria; los temas del debate político, si bien en esta oportunidad estarán marcados por los asuntos municipales y regionales, de alguna manera referirán a los asuntos públicos en general, así como a las concreciones municipales y regionales de aquellos.
El fracaso social del Estado y los partidos políticos para convocar y ofrecer soluciones a los problemas acuciantes que padece la gran mayoría de los chilenos y las chilenas son evidentes –por ejemplo, según el Banco Central, el 70% de los hogares debe el 70% de sus ingresos–, es clara la incapacidad de aquellos para asumir las principales demandas de la población por acceso universal, gratuito y de calidad a los derechos sociales fundamentales por salud, previsión social y educación, rehuyendo el debate en el espacio abierto por el fracaso de las AFP –con una tasa de reemplazo de solo el 17% del último salario–, la salvada in articulo mortis de la quiebra generalizada de las isapres, así como el extendido fracaso de la educación pública, a lo que se puede agregar que tenemos unas de las peores distribuciones del ingreso entre ricos y pobres en el mundo, así como una de las tasa impositivas personales más bajas del planeta.
El fracaso para los partidos políticos y su Gobierno el 4 de septiembre de 2022, con el rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional, señaló que tanto el no haber relevado en los debates públicos y en los medios de comunicación la protección constitucional a la plena satisfacción de los derechos sociales a la salud, previsión y educación, así como el haber centrado los debates constitucionales públicos en los particularismos temáticos (woke), legítimos cada uno de ellos pero no de interés general, generalizó la confusión, desorientación y falta de interés político, lo cual permitió la estrategia de la derecha, en particular del Partido Republicano, para instalar y anteponer en el debate político el tema de la seguridad ciudadana en términos de victimización para la generalidad de la población, en lo cual contó con el respaldo masivo de la prensa escrita, radial y televisiva.
Luego, para la segunda propuesta constitucional, redactada por el Partido Republicano, la nación chilena no tuvo confusiones ni dudas, también la rechazó de manera contundente, para sorpresa del Gobierno y los partidos políticos de uno y otro bando.
Lo más apabullante hoy por hoy es que en el asunto de la seguridad ciudadana, instalado como principal por acuerdo de todas las partes, donde la diferenciación teórica, discursiva y propositiva entre la derecha y la izquierda, entre la oposición y el Gobierno no existe, las diferencias son solo de matices. El matiz triunfante será el más terrorífico en la exposición de los hechos y el más represivo en las propuestas de soluciones.
Los asuntos públicos refieren a las relaciones entre la sociedad y el Estado, que en general deben gestionar el Gobierno y el Parlamento. Hoy el asunto central de esa relación es la desigualdad, económica y social, en lo concreto es la superación de esa desigualdad. Pues bien, tanto el estallido social (2019), el rechazo contundente de la nación chilena de la Constitución de Guzmán-Pinochet (2021), como el rechazo apabullante por las chilenas y los chilenos de las reformas constitucionales propuestas tanto por las izquierdas y las derechas (2022 y 2023), ponen de manifiesto la distancia conceptual y práctica que hay entre el movimiento social y las organizaciones políticas, que se suponen las representan en su diversidad de intereses. Ese es el fracaso social del Estado.
Pues bien, es precisamente en ese fracaso donde aflora el éxito de la delincuencia organizada, que ofrece a jóvenes y niños, mujeres, desempleados y marginalizados empleos e ingresos, ilícitos, incluso criminales, cierto es, pero que les sirven para resolver sus acuciantes necesidades cotidianas. Asimismo, al conjunto de la sociedad la delincuencia organizada le ofrece a la mano y bajos precios bienes y servicios que el Estado controla y prohíbe, tales como la prostitución o las drogas, el contrabando o las armas, las falsificaciones de ropa y equipos de marca, los juegos de azar, el tráfico de personas y migrantes, etc. Además, claro está, como en toda economía informal, hay cuentapropistas para todos los delitos.
