Opinión
Hechos de alto impacto, como los casos de corrupción en fundaciones y municipios del país y las faltas a la transparencia, han contribuido a señalar a casi todos los trabajadores del servicio público como corruptos.
El oasis en el que creíamos vivir en materia de corrupción ya no existe. Comenzó a desvanecerse hace varios años, a través de incipientes escándalos empresariales que sorprendieron a la ciudadanía. Con el tiempo, diversos y variados hechos han seguido saliendo a la luz, transformando la sorpresa inicial en una creciente conciencia colectiva. Y diversas mediciones lo confirman: los chilenos percibimos un aumento de la corrupción, al punto de que muchos llegan a generalizar y sentir que todos somos parte del problema.
A principios de año, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional, posicionó a Chile como un “país a observar” en materia de corrupción, ya que, a pesar de que sigue en una posición destacada, debido a “la fortaleza de sus instituciones democráticas y altos niveles de transparencia” respecto a otros países, su puntaje ha caído significativamente desde 2014, perdiendo su liderazgo regional. De hecho, en esta muestra, Chile cayó un puesto en el ranking, aunque seguimos siendo uno de los tres países menos corruptos en Latinoamérica, junto a Uruguay y Costa Rica.
Por otro lado, el último Estudio Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP), reveló que, al igual que en la medición anterior, la corrupción es una de las principales preocupaciones de los chilenos. Las instituciones percibidas con mayor corrupción son el Congreso (63%), el Gobierno (60%) y los Tribunales de Justicia (50%), mientras que las que generan menor confianza son los partidos políticos y el Congreso. El cuestionamiento a estas instituciones es alarmante, porque son pilares fundamentales en la democracia y el Estado de derecho.
Además, el 69% de los encuestados cree que la corrupción está extendida entre “mucha gente” o “casi todas las personas” que trabajan en el servicio público, una leve mejora respecto al 73% de la medición anterior. Sin embargo, esta cifra sigue siendo preocupante, ya que la falta de confianza y credibilidad en la administración pública no solo debilita la legitimidad de las instituciones, sino que también aumenta el descontento social y la desafección política, complicando la implementación de políticas públicas. En el largo plazo esta desconfianza puede afectar negativamente la economía, ya que desalienta la inversión. En definitiva, un obstáculo para el desarrollo.
Hechos de alto impacto, como los casos de corrupción en fundaciones y municipios del país y las faltas a la transparencia, han contribuido a señalar a casi todos los trabajadores del servicio público como corruptos. Sin embargo, es importante que esta percepción negativa no nos impida distinguir entre las “manzanas podridas” y los empleados honestos. Generalizar de esta manera no solo es injusto, sino que también perpetúa el círculo vicioso de corrupción y desconfianza, dificultando cualquier esfuerzo por erradicarlo.
Por esto, es relevante dar señales contundentes para fortalecer las instituciones públicas y pasar del dicho al hecho. Justamente, la encuesta CEP destaca cuáles son las prácticas en la administración pública que los ciudadanos perciben como corruptas y que se deben revertir: la designación de familiares y amigos en posiciones de poder (pitutos), el uso de información o fondos públicos para beneficio personal, aceptar sobornos para asignar contratos, y ubicar a políticos cercanos en puestos que requieren experiencia profesional, entre otras.
Estas prácticas no solo erosionan la confianza pública, sino que también refuerzan la indignación y la creencia de que el esfuerzo no vale la pena si no se tienen los contactos adecuados para avanzar profesionalmente, sepultando la esencia misma de la meritocracia y soslayando las bases de una sociedad justa.
En este contexto, la transparencia juega un rol clave, porque cuando aumenta la información, la sociedad puede tomar decisiones con mayor sustento y ejercer un control más efectivo sobre las instituciones públicas, reduciendo el margen de acción de la corrupción y fortaleciendo la confianza.
Debemos exigir que nuestras autoridades sean las primeras en garantizar la transparencia, en lugar de justificar su falta, como ha sucedido con algunos alcaldes que han intentado ocultar la gestión y financiamiento de corporaciones municipales, o como ocurrió con el fraude a través de fundaciones. En octubre tendremos la gran oportunidad de elegir a nuestros representantes comunales y regionales, y debemos votar informados para seleccionar a personas idóneas y honestas.
Recientemente se reveló que hay al menos 10 candidatos formalizados y otros tres que están próximos a serlo, los que competirán por ser electos, ya que la formalización no es un impedimento legal para ser candidato. Pero tampoco generalicemos; no todos los políticos son corruptos.
En un mundo donde la verdad y la justicia se enfrentan a la opacidad y la corrupción, es esencial no solo fortalecer los órganos de control, sino también asumir con determinación nuestro rol fiscalizador. Hagámoslo valer exigiendo transparencia, rendición de cuentas y denunciando las malas prácticas. Pero también es importante que hablemos de corrupción, para estar conscientes de su existencia y para saber prevenirla si toca nuestra puerta.
