Opinión
Chile merece un sistema de protección ambiental robusto y un modelo económico que priorice el bienestar de la población, no su explotación.
La tramitación del proyecto de ley del Gobierno para reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (boletín 16.552-12) ilustra claramente la relación de la administración de Gabriel Boric con el medio ambiente, donde se observa un abandono de su promesa de ser el primer Gobierno ecologista, en pos de nuevas prioridades.
Bajo la promesa de agilizar la evaluación ambiental sin reducir los estándares, el Gobierno presentó una propuesta que intentó armonizar las demandas de todos. Mientras los gremios exigen más concesiones, organizaciones ciudadanas, académicos y sindicatos se oponen a cualquier retroceso en los estándares actuales, resultado de largos procesos de negociación política.
Tras meses de audiencias públicas, las indicaciones del Gobierno al proyecto de ley abandonaron el equilibrio entre la protección ambiental y la promoción de inversiones. Se priorizó acelerar la tramitación de permisos, sacrificando los principios de prevención del daño y de no regresión ambiental, renunciando así a una mayor justicia en la distribución de cargas y beneficios ambientales.
El proyecto de ley aborda no solo aspectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sino que también modifica otros elementos relevantes del sistema ambiental chileno, como la regulación de la responsabilidad por daño ambiental y el diseño de la Evaluación Ambiental Estratégica que debe realizar la propia administración del Estado en la formulación de políticas públicas. Respecto de estos aspectos, observamos la misma tendencia: desde una propuesta inicial tímida en ampliar la justicia ambiental, hacia una nueva propuesta que retrocede en este objetivo, optando por impulsar el desarrollo de proyectos, en línea con las indicaciones elaboradas por los senadores de oposición al Gobierno.
En consecuencia, se eliminaron ideas como el rechazo anticipado de proyectos por incompatibilidad territorial, la inclusión de variables ambientales en las Declaraciones de Impacto Ambiental, la ampliación del mecanismo de revisión de Resoluciones de Calificación Ambiental y el Registro Público de Consultores. También se descartaron nuevas atribuciones para el Ministerio del Medio Ambiente en la Evaluación Ambiental Estratégica y la carga dinámica de la prueba en juicios por daño ambiental, clave para equilibrar recursos entre comunidades y empresa
Por el contrario, se profundizaron propuestas como reemplazar autorizaciones previas por declaraciones juradas, ampliar el mecanismo de emergencia para reducir plazos, y fortalecer la rectoría del Servicio de Evaluación Ambiental sobre otros organismos. Todo esto, ignorando las preocupaciones de organizaciones ambientales, académicos y sindicatos, en favor de las demandas de los sectores productivos.
Esta batalla ocurre bajo la presión de los gremios, que han demonizado la normativa ambiental chilena, etiquetándola como “permisología” y culpándola del estancamiento económico. Gobierno y sectores productivos olvidan que esta “permisología”, destinada a proteger el patrimonio ambiental y la salud, ha ayudado a reducir conflictos socioambientales, controlar la contaminación y evitar nuevas “zonas de sacrificio”.
Chile merece un sistema de protección ambiental robusto y un modelo económico que priorice el bienestar de la población, no su explotación. Para brindar certidumbre a inversores y ciudadanos, el sistema ambiental necesita más recursos técnicos y humanos. El Ministerio del Medio Ambiente tiene el presupuesto más bajo del Estado, y tanto el Servicio de Evaluación Ambiental como la Superintendencia del Medio Ambiente carecen de evaluadores suficientes para cumplir sus funciones.
Por ello, demandamos al Gobierno retirar sus indicaciones y quitar la urgencia al proyecto de ley, orientando sus esfuerzos legislativos hacia la profundización de la justicia ambiental y no retrocediendo a un modelo de desarrollo anacrónico, de crecimiento económico a costa del medio ambiente y la salud de las personas, tal como comprometió en su campaña. Es tarde, pero aún es tiempo de que sea consecuente con su discurso de llegar a ser “el primer Gobierno ecologista de la historia”.
