Migración y elecciones nacionales: ¿Influirá en los próximos años?

Han pasado casi 7 años desde que un militante de la UDI se auto atribuyera el nombre “Chilezuela” en medio de un debate azuzado por la diputada Erika Olivera, quien afirmó “a mí no me gustaría tener un país como Venezuela”, en medio de unas elecciones presidenciales que terminaron con el triunfo del expresidente Piñera.

Y aunque lo anterior no ha pasado, mostrando que la historia nunca se repite, tiene alguna rima. El Servicio Nacional de Migraciones mantiene en su web estadísticas anuales con una estimación de extranjeros en Chile hasta el año 2022 que alcanza 1.625.074, representando un aumento de 8%, en el periodo 2020/2022. El país de origen con mayor cantidad de personas es Venezuela (532.715).

Un giro de la tendencia histórica es que de las cuatro mayores comunidades extranjeras que residen en Chile –en orden decreciente Venezuela, Perú, Colombia y Haití- tres son de Estados no fronterizos. Se trata de un fenómeno relativamente reciente, la migración Sur-Sur, que creció en un 52% solo entre el año 2000 y el 2017, que deja de ser puramente internacional para adquirir contornos domésticos, o más bien “interméstico”, requiriendo un tratamiento integral y simultáneo de política exterior e interior.

Desde 2015, más de siete millones de ciudadanos venezolanos (una cuarta parte de la población) ha abandonado su país en oleadas sucesivas. La migración venezolana escaló gradualmente durante el periodo entre 2008 y 2014, aún con cierta expectativa de su población respecto del fin del chavismo. Los resultados de las elecciones de abril de 2013 –que consagraron a Nicolás Maduro-, preceden a la decisión masiva de emigrar. Un panorama de crisis económica, inflación, escasez, bajos salarios y elusivas oportunidades de trabajo reforzaron la tendencia entre migrantes que abandonaron Venezuela para buscar entornos más estables con mayores posibilidades de una vida digna, apareciendo Colombia, Perú y Chile. Así, por ejemplo, de 2017 a 2022 Colombia pasó de tener menos de 100.000 migrantes venezolanos a acoger  2,9 millones.

La comunidad venezolana en Chile mostró la semana pasada su capacidad de convocatoria en 16 ciudades nacionales, donde organizaron marchas contra el régimen de Maduro después que éste no transparentara los resultados de los comicios del 28 de julio, proclamándose vencedor en un amañado recuento sin desglose ni verificación de actas. En la ocasión, dicho colectivo denunció al gobierno de Maduro, expresando su rechazo al oficialismo venezolano, además de contar con la presencia de candidatos locales a cargos edilicios de un sector político crítico a la política migratoria gubernamental, quienes hicieron declaraciones de apoyo al movimiento. La pregunta que despunta no sólo versa sobre la comunidad venezolana, sino ¿podrán los extranjeros ser una fuerza política incidente en el país? Sobre todo pensando que después de las cuestiones del reconocimiento del migrante y la redistribución de recursos, aparece la cuestión de la representación de colectivos que crecen.

Desde hace tiempo la migración transnacional pasó a ser un tema relevante en el debate público y la agenda política. Europa politizó precozmente la temática migratoria con partidos paleo-conservadores o nacional populistas ocupando el nicho anti-inmigratorio, tendencia replicada en Chile, uno de cuyos primeros síntomas visibles fue la no suscripción del referido Pacto Migratorio Mundial en diciembre de 2018, después de un largo compromiso en la tarea de construir el mismo. Lo anterior, a pesar que dicho instrumento distinguía entre tipos de migración, privilegiando la segura, ordenada y regular.

Compareció la cuestión de la inseguridad y la percepción de amenaza económica y cultural de los migrantes entre poblaciones locales, un tema paralelo ante el cual es conveniente citar los informes del Migration Policy Institute y la Brookings Institution, que auscultó a los países de mayor acogida de venezolanos en la región, arrojando que los migrantes venezolanos cometen delitos en niveles sensiblemente menores a su proporción en las poblaciones de Perú y Chile.

Esto no equivale a promover el desinterés de los Estados por sus fronteras, sino que pensar y debatir públicamente la migración como un tema fundamental para la seguridad humana de la población en su territorio, que comprende los derechos humanos y el desarrollo humano de nativos y extranjeros, exigiendo abordar las consecuencias sociales a largo plazo del fenómeno, así como la adecuada recepción y asentamiento a partir de la gestión del Estado.

En este escenario es un desafío evidente la cuestión de una nueva convivencia, poco promisoria si se piensa en episodios como los de Colchane en plena pandemia, apuntando a la compleja relación entre política migratoria y membresía política. Hacia mayo de 2021 apenas 10.260 personas de Venezuela votaron en los últimos comicios para elegir autoridades municipales y regionales. El proceso constitucional tampoco los encontró indiferentes. El ambiente político polarizado en la discusión por una nueva constitucional los retrotrajo a su propia experiencia política.

Varios asumieron el rechazo al proyecto con un “Hola, vengo del futuro”, apuntando al conocimiento del derrotero propuesto, sin olvidar que entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 inmigrantes venezolanos dejaron Chile, efecto centrífugo del estallido de 2019 que les hacía temer la reedición de su propio pasado vivido como déjà vu.

Hoy la estimación de electores extranjeros tiene un aumento del 35% en el periodo 2020/2022. Los colectivos que han tenido un aumento porcentual mayor en el padrón electoral en este periodo son Venezuela (384,1%) y Haití (412,8%.), aunque en el recuento final las nacionalidades con mayor cantidad de electores son Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela.

El número de electores extranjeros para el 2023 no está disponible en la web del SERVEL, sin embargo, sí tienen el dato de la cantidad de votantes extranjeros en el plebiscito constitucional de diciembre del 2023. Estas cifras muestran el aumento sustancial de votantes de Venezuela, que ocupan el segundo lugar, con 78.482, después de Perú, con 123.049, lo que estaría reflejando un aumento relevante de venezolanos en el padrón electoral en el periodo septiembre 2022- diciembre 2023 (aunque no está disponible el dato aún).

El aumento de extranjeros en el país tiene una tasa de incremento del 8%, entre el 2020 y el 2022. Sin embargo, el aumento de electores extranjeros en el padrón en el mismo periodo fue de 35%. Esto se debe, en parte, a que van cumpliendo el requisito de residencia temporal para entrar al padrón (5 años), una cantidad mucho mayor de los que están ingresando al país.

Si la tasa de aumento de electores extranjeros en el padrón se mantiene para el periodo 2022 al 2024, podríamos tener en torno a 700 mil extranjeros en posibilidad de votar para las elecciones de octubre del 2024.

Un punto de relevancia se generará cuando ingresen al padrón los que ya están en Chile, pudiendo llegar a ser el 10% del padrón electoral. Con la tasa de crecimiento del periodo 2020-2022 dicho proceso puede tardar entre 6 a 9 años, por tanto, pudiendo influir en las presidenciales del 2028. Como la cantidad de incorporados al padrón depende fuertemente de los inmigrantes de tres estados (Venezuela, Haití y Colombia) es relevante saber si aquel colectivo va a decidir mantenerse en el país o retornará a su país de origen.

Una segunda cuestión es saber si el proceso puede tener una variación, impactado por la situación de Venezuela, lo que puede afectar en ambos sentidos, ralentizando si la situación política venezolana cambia y se estabiliza con un nuevo gobierno que promueva el retorno, o acelerarlo en caso que perdure el actual gobierno y, por tanto, aumente la inmigración en un corto plazo.

Un tercer punto es el de la concentración de inmigrantes en algunas regiones y comunas específicas, en las cuales ya son más del 10% del padrón actual, lo que podría provocar la incidencia relativa en las elecciones de gobernadores o alcaldes, transformándose en un electorado relevante para los candidatos, paso muy anterior a la presentación de candidatos a alcaldes, gobernadores o parlamentarios de nacionalidad de origen extranjera.

Estos tres factores combinados pueden generar un impacto relevante en la composición del padrón electoral, dibujando nuevas prioridades en los planes y programas de actuales y futuros candidatos.