Opinión
Más de un 40% de quienes hoy están privados de libertad tuvo un papá, una mamá o un adulto responsable preso, con adherencia a modelos antisociales.
Recientemente, junto con la Municipalidad de Peñalolén, fuimos invitados a exponer en la 3ra reunión de Unidad Temática de Seguridad Ciudadana en La Red de Mercociudades. La entidad nació en 1995, siendo una de las redes de gobiernos locales de América del Sur más importante y un referente en los procesos de integración regional. Hoy son 380 ciudades miembros de 11 países del continente (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), donde habitan más de 120 millones de personas. El encuentro giró en torno a la prevención social y sus alcances en las estrategias frente a la violencia y, en particular, aquella que desencadena situaciones de riesgo en el desarrollo de la niñez y adolescencia.
Es indudable que en los últimos años hemos observado un recrudecimiento de esta problemática, incluso en aquellos espacios que debieran ser de protección, como la escuela, la familia y la comunidad. Mientras los homicidios consumados caen 6% a nivel nacional, la muerte de niños por delitos aumentó un 22,2% en 2023, donde 6 de cada 10 niños muertos lo hacen protagonizando acciones delictivas y 4 de cada 10 son víctimas aleatorias del delito.
Volvimos a las cifras históricas en denuncias de delincuencia juvenil, que venían a la baja hasta 2021, alcanzando sobre 35 mil jóvenes, actualmente. Según cifras de la Defensoría Penal Pública, en 2021, un total de 110 menores de edad fueron imputados por el delito de homicidio, mientras que en 2022 el número llegó a 146, lo que equivale a un 32,% más.
Hay un aumento sostenido en la participación de niños en delitos violentos; Carabineros ha cifrado en 1 de cada 3 miembros de bandas delictivas a niños. Los datos impactan y, sin duda, deben abordarse con urgencia, pero lo más importante es que debe hacerse en base a la evidencia, con integralidad, evitando la falsa ilusión de protección del populismo penal que, mediante agendas cortas, calma las demandas sociales en un momento, pero cataliza trayectorias cada vez más profundas y sin posibilidad alguna de desistimiento.
Sin embargo, en el otro extremo, tampoco el “buenismo ideológico” meramente declarativo y grandilocuente, que sustenta muchas de nuestras políticas sociales y programas, va a resolver escenarios de la gravedad en que nos enfrentamos, en un contexto en que el efecto del crimen organizado es cada vez mayor.
Cuando más de la mitad de toda la oferta de programas sociales que el Estado destina a la niñez no tiene buenos resultados, es hora de cambiar el estándar para poder efectivamente prevenir y llegar antes. Es así como un modelo preventivo y vigoroso, basado en la evidencia y enfocado en los factores de riesgo en la base de la mayor parte de las conductas problemáticas (violencia, exclusión escolar, conductas sexuales de riesgo o involucramiento delictivo temprano), es fundamental.
Más de un 40% de quienes hoy están privados de libertad tuvo un papá, una mamá o un adulto responsable preso, con adherencia a modelos antisociales. Asimismo, 9 de cada 10 no completaron sus estudios y 6 de cada 10 fueron consumidores regulares de drogas. Es por esto por lo que debemos de dejar de llegar tarde, implementando a gran escala programas de apoyo a la crianza, sistemas que promuevan el reingreso educativo y el acceso a la salud mental.
Para ello deben existir modelos como el Sistema Comunidades que se Cuidan, de la Universidad de Washington, con más de 30 años de funcionamiento, en más de 200 comunidades alrededor del mundo, que, con un enfoque preventivo y un conjunto de programas con evidencia comprobada y escalabilidad, logra reducir de manera significativa 6 conductas problemáticas en la niñez y lo hace de forma eficiente, en que cada dólar invertido reduce cerca de 15 dólares el costo en cárceles y hospitales.
Tenemos en la oferta pública programas con dicho estándar, como lo es la Terapia Multisistémica, aunque con escalas muy pequeñas para lograr un impacto territorial. Por otro lado, en la oferta privada, hay programas de parentalidad, como PMTO y Familias Unidas, con la mejor evidencia mundial, o de convivencia, como ICPS o KIVA. Asimismo, hay sistemas de apoyo a la retención escolar, como el Sistema SAT de Peñalolén. Entonces, hay oferta programática a la que acudir.
Esperamos que la instalación de las Oficinas Locales de la Niñez, que tienen un rol preventivo, fundamental en la protección integral de la niñez, observe y escale estas experiencias. De esta forma la inversión del Estado realmente estará impactando y mejorando la calidad de vida y la seguridad de todos.
