Opinión
Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, las empresas chilenas deben tomar medidas inmediatas para adecuarse a las exigencias legales y prevenir la repetición de escándalos como el de Hermosilla.
El caso Hermosilla, que involucra a abogados y empresarios de alto perfil, ha expuesto no solo la gravedad de los delitos como el soborno y el lavado de activos, sino también la falta de mecanismos efectivos en Chile para prevenir estas irregularidades. La participación de Luis Hermosilla en actos de corrupción y tráfico de influencias resalta la vulnerabilidad del sistema cuando los profesionales encargados de velar por la legalidad son los primeros en transgredirla. Esto plantea un interrogante crucial: ¿qué tan protegidas están las empresas chilenas frente a la conducta ilícita de sus asesores y directivos?
La respuesta radica en la implementación de programas de compliance. La nueva Ley 21.595, que entrará en vigencia el próximo 1 de septiembre, amplía significativamente el catálogo de delitos económicos y endurece las penas para los infractores, incluidas las personas jurídicas. Bajo esta normativa, tanto las grandes corporaciones como las pequeñas y medianas empresas estarán obligadas a dar respuesta a exigentes estándares de cumplimiento normativo.
No obstante, solo un 5% de las empresas chilenas cuentan actualmente con programas de compliance, dejando al 95% restante en una situación de extrema vulnerabilidad ante posibles sanciones, que podrían incluir multas millonarias y la disolución de la empresa.
El caso Hermosilla es un claro recordatorio de las consecuencias de no contar con un sistema de prevención robusto. Hermosilla, al actuar en calidad de abogado, no solo arriesga penas de cárcel, sino también la inhabilitación profesional, lo que refleja la gravedad de los delitos imputados. Además, las empresas involucradas se exponen a sanciones severas bajo la Ley 20.393, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluyendo la prohibición de celebrar contratos con el Estado y la pérdida de beneficios fiscales.
Es crucial entender que esta normativa no discrimina por tamaño de empresa. Las pymes, en particular, se encuentran en una situación de riesgo elevado, ya que, generalmente, carecen de los recursos necesarios para implementar programas de compliance adecuados. Esta realidad las coloca en una posición precaria frente a la nueva legislación, enfrentando un doble desafío: cumplir con las mismas exigencias legales que las grandes empresas, pero con recursos significativamente limitados.
La implementación de programas de compliance no es solo una recomendación, sino una necesidad imperativa para proteger a las organizaciones y sus líderes de potenciales sanciones. Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, las empresas chilenas deben tomar medidas inmediatas para adecuarse a las exigencias legales y prevenir la repetición de escándalos como el de Hermosilla.
Solo a través de un compromiso serio y sostenido con la ética y el cumplimiento normativo, las empresas podrán avanzar hacia un entorno empresarial más transparente y responsable. Este cambio no solo beneficiará a las organizaciones individuales, sino que contribuirá al fortalecimiento de la integridad en los negocios a nivel nacional, mejorando la reputación de Chile como un país comprometido con la lucha contra la corrupción y el fomento de prácticas empresariales éticas.
El desafío es grande, pero las consecuencias de no actuar son aún mayores. Es hora de que el sector empresarial chileno tome la iniciativa y lidere el camino hacia un futuro más ético y sostenible.
