Opinión
La remoción de directivos antes del término de su mandato, con frecuencia, justificada por “pérdida de confianza”, ha generado serias controversias. Esta figura, si bien legal, es percibida por muchos como el “cáncer” del sistema.
El Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) en Chile tiene por objetivo modernizar y profesionalizar la Administración Pública, específicamente en la elección de cargos directivos. Inspirado en un modelo anglosajón de países como Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, el Servicio Civil establece que “la ADP dio origen a un cambio cultural sustantivo que limitó la discrecionalidad de la autoridad en la provisión de los principales cargos directivos del Estado, para pasar a proveerlos a través de procesos basados en la idoneidad y el mérito, sujetos a estándares técnicos y desarrollados con la conducción y garantía del Consejo de Alta Dirección Pública”.
Sin embargo, a pesar de los avances significativos desde su implementación, el sistema enfrenta desafíos críticos que amenazan con socavar su legitimidad y efectividad, especialmente en lo que respecta a las designaciones y remociones de carácter políticas.
Desde su instauración, en 2003, más de mil 500 cargos han sido nombrados bajo esta modalidad, creando cuerpos directivos que trascienden los ciclos políticos, garantizando la continuidad de las políticas públicas y el buen funcionamiento del Estado. Los procesos de selección se han diseñado para minimizar la injerencia política y aumentar los estándares técnicos, asegurando que los seleccionados cuenten con la experiencia y las competencias necesarias para ejercer sus funciones de manera eficiente y ética.
No obstante, en su etapa final, la discrecionalidad política se transforma en protagonista del proceso de selección, pudiendo resultar en un acierto o no su intervención.
Este sistema ha sido clave para fortalecer la institucionalidad y para que el servicio público sea percibido como un espacio de excelencia, no subordinado a los vaivenes de la política, supuestamente. Sin embargo, el sistema no es para nada perfecto.
La intervención política en la designación y remoción de directivos sigue siendo una práctica que, si bien limitada por la normativa, no ha podido ser erradicada.
Casos recientes como el de Isabel Amor, nombrada como directora de Sernameg en Los Ríos y que solo duró 48 horas en el cargo, siendo removida por “pérdida de confianza”, han puesto en evidencia que, a pesar de los filtros y mecanismos de control, las presiones políticas pueden incidir total y arbitrariamente en la selección y/o remoción de cargos bajo esta modalidad, lo que genera dudas sobre la independencia y la transparencia del sistema, aun cuando el titular del cargo pudo haber sobrellevado con éxito el proceso sobre la base de competencias y méritos y, luego de su designación, haberse desempeñado bajo los cánones de lo esperado.
La remoción de directivos antes del término de su mandato, con frecuencia, justificada por “pérdida de confianza”, ha generado serias controversias. Esta figura, si bien legal, es percibida por muchos como el “cáncer” del sistema, puesto que antepone intereses políticos por sobre aspectos técnicos y de rendimiento. Este fenómeno no solo afecta la imagen y regularidad dentro del servicio público, sino que también pone en riesgo la continuidad de proyectos y políticas de largo plazo.
El caso de Isabel Amor solo ha venido a reafirmar los cuestionamientos sobre este sistema, que hoy por hoy saca a relucir su peor cara, aun cuando sabemos que el rol del Sistema de ADP es ser garante del profesionalismo en la Administración Pública.
Por lo anterior, es necesario pensar en algunas reformas clave, como una mejor definición y limitación de las causales de remoción, fortalecer el rol del Consejo de Alta Dirección Pública (aumentar su autonomía y no someterlo a presiones políticas) y, por último, elevar los niveles de transparencia en el proceso y cada una de sus etapas (al punto de conocer antecedentes detallados de la elección de uno u otro candidato).
La Alta Dirección Pública en Chile enfrenta un momento clave y que ha quedado al descubierto: o se fortalece su independencia y transparencia, o corre el riesgo de perder su credibilidad como pilar de la institucionalidad.
