Opinión
Hasta hoy no se sabe cómo se compatibilizará el usufructo de los nuevos derechos con las concesiones mineras preexistentes. Tampoco se sabe en qué pensaba la ministra cuando adelantó que en algunos casos podría haber asignación directa –epítome de la discrecionalidad– y que en otros, licitaciones.
¿Hasta qué punto delegar la economía a las fuerzas vivas del mercado y hasta qué punto conducirla en forma centralizada? Este es un debate que ha animado el quehacer político durante siglos y lo seguirá haciendo por otros tantos.
La respuesta de primer nivel es obvia: depende. Cada actividad es diferente. Podremos concordar que la salud admite más intervención que las chapitas en un recital de Taylor Swift.
En el caso del litio, la actual administración optó por un grado muy alto de intervención. En lo referido al salar de Atacama, Codelco ganará participación mayoritaria. En lo referido al resto de los salares, es el Estado el que determina la vocación de cada uno, a quién entrega permisos y en qué modalidades y plazos. Incluso ciertas personas de corazoncito más bien libremercadista concedieron el beneficio de la duda. Quizás era la única manera de estrujar a tiempo aquel boom de precios que nos encandiló el 22 y el 23.
Transcurrido el 61% de la administración, es difícil seguir concediendo el beneficio de la duda. Veamos: partimos con un larguísimo proceso de deliberación que mantuvo en ascuas a los potenciales inversionistas. Incluyó un anuncio, hoy revocado en los hechos, de que el Estado gozaría de participación mayoritaria en toda nueva operación.
Cuando por fin el Gobierno anunció su laudo, resultó ser la entrega a empresas privadas de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), el mecanismo estándar que la legislación contemplaba hace décadas. No se requería de ninguna reforma para eso. Bien pudo anunciarse el primer mes de Gobierno.
Se lanzó un proceso de requerimiento de información para aquilatar el apetito del mercado. Con las mejores condiciones geológicas del mundo, poca sorpresa que estallara una avalancha de 88 manifestaciones de interés, pero los zigzagueos y la incertidumbre continuaron: hasta hoy no se sabe cómo se compatibilizará el usufructo de los nuevos derechos con las concesiones mineras preexistentes. Tampoco se sabe en qué pensaba la ministra cuando adelantó que en algunos casos podría haber asignación directa –epítome de la discrecionalidad– y que en otros, licitaciones.
En una osada jugada destinada a hacer frente a toda esta indefinición, Eramet gastó US$ 95 millones en adquirir concesiones en Atacama, y su CEO declaró que harían todo lo que estuviese a su alcance para hacerlos respetar. Si se los respeta y se les entregan los CEOLes respectivos, se sienta el peligroso precedente de que el más vivo la consigue. Si no se los respeta, el Gobierno se entrampa en un fiero pleito con el Estado de Francia, dueño del 27% de la empresa.
Una vez que se haya aclarado todo esto, podemos soñar con suscribir CEOLes en abril de 2025, a 11 meses del fin del Gobierno. Eso, si milagrosamente nada se atrasa, claro.
Se trata de un desfile de dilaciones, dudas y equívocos que nunca hubiese ocurrido si el litio no fuese el único de los 117 elementos que no admite su concesión.
