Opinión
Archivo
El perfeccionamiento de la gratuidad es el asunto que debe permanecer en el centro de la discusión, ya que es la pieza que ha permitido cuestionar la segregación que ha afectado históricamente a la educación superior.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha señalado que a fines de septiembre se presentará un proyecto de ley que buscará una fórmula de condonación a deudas por Créditos con Aval del Estado (CAE). Se trata de una decisión valiente. La caída del CAE es una buena noticia, en tanto busca revertir una situación anómala que beneficia solamente a la banca y daña a instituciones educativas, a las finanzas del Estado, a los estudiantes deudores y sus familias.
No se puede abandonar a su suerte a las miles de familias endeudadas de forma crónica y asfixiante. Pero evidentemente habrá que ser muy prudente para evitar que se generen expectativas imposibles de cumplir, de acuerdo a las posibilidades del presupuesto público. Lo central es aplicar un criterio de progresividad y justicia que sea responsable y eficaz.
Pero se trata de una medida que debe entenderse dentro de un marco mayor, que es la búsqueda de una modernización integral del sistema de financiamiento de la educación superior. Este punto es crucial, porque no es posible cerrar los ojos ante la necesidad de dar sostenibilidad a largo plazo al actual sistema, y generar claridad en el acceso a miles de estudiantes de universidades que necesitan mecanismos de financiación claros para desarrollar sus estudios. En la medida en que se desmonte el enorme costo del CAE para las finanzas públicas, se podrá abordar este gran tema pendiente.
La caída del CAE puede ser una ocasión para desplegar con mayor alcance y profundidad un programa que debe tener a la defensa de la gratuidad como horizonte principal, lo cual debe orientar el diseño de la nueva política pública. El perfeccionamiento de la gratuidad es el asunto que debe permanecer en el centro de la discusión, ya que es la pieza que ha permitido cuestionar la segregación que ha afectado históricamente a la educación superior.
Por ese motivo, no habrá solución al sobreendeudamiento vía CAE sin abordar las brechas del financiamiento del sistema de educación superior. A la vez, esta discusión debe asumir una conversación con la urgente inversión que se requiere en Investigación, Desarrollo e Innovación, que está ligada a los dilemas del autofinanciamiento de las universidades.
Sobre esos puntos es hora de iniciar un debate nacional, donde todos los actores institucionales de la educación tomen la palabra, argumenten, convenzan y aporten un rumbo que oriente la nueva política que necesitamos.
