Opinión
No se trata simplemente de construir o expandir infraestructuras, sino de garantizar que las decisiones (a toda escala) estén orientadas hacia el desarrollo de ciudades que promuevan la justicia espacial, el bienestar colectivo y una distribución equitativa de los recursos.
Las ciudades albergan a más de la mitad de la población mundial, pero en el caso de Chile 9 de cada 10 personas viven en ciudades, lo que hace que los impactos de las crisis social, climática, ambiental y de biodiversidad, se magnifiquen en estos espacios y que la implementación de medidas adecuadas genere sinergias poderosas.
En esta lógica, integrar principios de justicia y sustentabilidad en la planificación y gobernanza urbana no solo tiene el potencial de transformar nuestras ciudades, sino que también puede producir otros efectos, como, por ejemplo, fomentar la equidad y reforzar los ideales democráticos. Esto, por cuanto una ciudad justa es un espacio donde todos sus habitantes tienen voz, capacidad deliberativa y la posibilidad de elegir de manera informada a quienes ejercerán el poder que les delega la ciudadanía para tomar decisiones.
Respecto de estas decisiones en 2024, en un año electoral sin precedentes a nivel mundial, Chile elegirá más de 2.900 representantes, lo que es una gran oportunidad.
Los alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales electos asumirán la tarea de definir, actualizar e implementar planes y programas que modelan nuestra respuesta a todo tipo de problemas. Además, deberán aprobar políticas, planes y programas de desarrollo, de acción climática; diseñar y/o actualizar instrumentos de ordenamiento territorial; diseñar y, eventualmente, adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe; así como resolver inversiones críticas y avanzar en la promoción de estructuras de gobernanza que nos permitan enfrentar estos desafíos.
A esta responsabilidad se suma la misión de responder a las demandas y necesidades cotidianas de las personas que les han elegido, asegurando que todas estas medidas adoptadas resuelvan y no profundicen las brechas e injusticias socioespaciales que afectan históricamente a nuestras ciudades.
No se trata simplemente de construir o expandir infraestructuras, sino de garantizar que las decisiones (a toda escala), estén orientadas hacia el desarrollo de ciudades que promuevan la justicia espacial, el bienestar colectivo y una distribución equitativa de los recursos valorados socialmente, además de generar las oportunidades de acceder a ellos.
Del tipo de decisiones que tomen estas personas dependerá, en buena medida, nuestra capacidad para responder a las crisis sociales, ambientales y también a la crisis climática en nuestras ciudades.
Esta elección, entonces, no es solo entre partidos o candidatos, se trata de muchas personas que tomarán decisiones estratégicas y de gestión que impactarán de manera directa nuestra vida cotidiana y también nuestro futuro. Es una oportunidad para abrir el diálogo y definir las ciudades que queremos, cómo deseamos crecer o, incluso, si queremos crecer. Es una ocasión para que el compromiso con la justicia espacial y el desarrollo sostenible, que surgen desde lo local como una necesidad urgente, se reconozca y discuta como un exigible razonable para nuestros futuros representantes.
