Opinión
Necesitamos autoridades que, además de experiencias y conocimientos, tengan una genuina visión de Estado. En lo político, tampoco necesitamos derechas, centro o izquierdas. Ante la amenaza climática eso es irrelevante. Además, ya pasaron de moda.
En la última década, los desastres extremos y la movilización social han puesto a la crisis climática en el centro de la agenda pública chilena. Las políticas adoptadas durante este período han pretendido mitigar los efectos del calentamiento global y promover un desarrollo sostenible, pero los resultados obtenidos son discutibles. Por ello, es imperativo evaluar la efectividad de estos cursos de acción, reconociendo tanto sus escasos logros como las numerosas deficiencias que presentan.
Entre las estrategias y compromisos adoptados se destaca la Ley Marco de Cambio Climático en 2022, que estableció un marco regulatorio para la acción climática y promueve la descarbonización de la matriz energética. Además, el país se comprometió a reducir sus emisiones en un 30 % en 2030, respecto de los niveles de 2007, como parte de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en el marco del Acuerdo de París.
Ambos cursos de acción muestran la intención de alinear nuestras políticas con los objetivos globales. ¿Hasta qué punto estas políticas han sido efectivas? ¿Realmente han logrado cumplir o van en vías de cumplir con los objetivos establecidos?
El resultado más significativo en la última década ha sido el aumento en la capacidad de energías renovables. Chile ha cambiado su matriz energética, destacándose en energías limpias, especialmente en energía solar y eólica. Según la Comisión Nacional de Energía, más del 50% de la electricidad generada en el país provenía de fuentes renovables no convencionales. Este cambio ha sido crucial para reducir la dependencia de combustibles fósiles, en particular del carbón, que ha sido una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero.
Asimismo, la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático en 2022 supone establecer un enfoque integrado y multidimensional hacia la acción climática, una cuestión aún pendiente. Lo que sí se definió en el papel fueron algunos objetivos de mitigación y adaptación a largo plazo. Aunque la ley incluye disposiciones para que las políticas climáticas estén alineadas con los derechos humanos, enfatizando la justicia social y ambiental en la toma de decisiones, su concreción en estas materias aún es un tema de debate.
Lo positivo es que incluye un compromiso de descarbonización de la matriz energética hacia 2040. Por supuesto, este ambicioso objetivo, para 15 años más, nos parece difícil de alcanzar, en vista del escaso progreso en materia de descarbonización conseguido a la fecha.
Desde 2019, Chile asumió un rol activo en la diplomacia climática en su calidad de coanfitrión, con España, de la Conferencia de las Partes (COP25, Madrid). Desde entonces hemos tenido la oportunidad de definir nuestros compromisos y generar un diálogo sobre acciones globales. Este papel nos ha permitido, hasta hoy, tejer alianzas con otros países y organizaciones internacionales, además de atraer inversiones.
Aunque estos logros demuestran una actuación positiva, en especial para la imagen de país, aún queda mucho por realizar para llegar a ser un motor de acción climática interna. En pocas palabras, ese es el principal desafío.
Uno de los problemas más graves es la incoherencia entre las políticas climáticas y las políticas sectoriales, especialmente en minería, energía, construcción, transporte, forestal y agricultura. Por ejemplo, mientras se promueve el uso de energías renovables, las políticas de fomento a la minería, que es un sector intensivo en el uso de agua y combustibles fósiles, están permanentemente en conflicto con los objetivos de reducción de emisiones.
Esta falta de alineación provoca un debilitamiento de las políticas climáticas y avala la aparición de políticas regresivas, dejando espacio para que los intereses económicos primen sobre las urgentes necesidades ambientales. Otro ejemplo de ello son las intenciones de reducir las exigencias en los trámites de permisos a nuevos proyectos de inversión.
Igualmente, la falta de financiamiento adecuado para proyectos climáticos sigue siendo una barrera importante. A pesar del creciente interés en la sostenibilidad, muchos proyectos acordes con nuestros compromisos, nacionales e internacionales, no se concretan debido a la escasez de recursos. La concesión de fondos públicos para cuestiones ambientales no ha sido ni es prioridad en Chile. Peor aún, periódicamente se enfrenta a recortes presupuestarios, falta de personal calificado y falta de inversiones.
Otra deficiencia es que las decisiones sobre políticas climáticas son tomadas a niveles centralizados, sin la inclusión de las comunidades locales. Esta desconexión provoca la ejecución de proyectos ajenos a las reales preocupaciones de la población local. Lo peor es que a menudo estas poblaciones son las más afectadas por desastres climáticos. La falta de participación de estos grupos vulnerables debilita la acción climática y perpetúa un quehacer que ignora la justicia social.
Nuestra vulnerabilidad frente a eventos extremos ha puesto en evidencia que la adaptación es tanto o más importante que la mitigación. Sin embargo, las estrategias de adaptación continúan siendo ajenas a las poblaciones locales. Las comunidades rurales y costeras, que suelen ser las más expuestas a los desastres, necesitan de un enfoque específico, con el objeto de definir estrategias de adaptación que les sean propias.
Nuestras políticas climáticas han tenido éxito en generar un discurso, un relato, sobre sostenibilidad y cambio climático. Pero han sido muy poco efectivas en generar lo que más se necesita: una real acción climática.
Así las cosas, la gestión ambiental, como nueva función del Estado Moderno Chileno, no ha estado a la altura para ejecutar programas de acción de manera coherente, garantizando a todos los sectores de la sociedad los beneficios de su aplicación. Por tanto, lo esencial ahora es rectificar la gestión para que las políticas productivas, las de desarrollo económico-social y las climáticas, estén íntimamente vinculadas. Lo que se necesita es coherencia.
Por otra parte, para fortalecer la transparencia, lo apropiado sería apoyar plataformas digitales en las cuales los ciudadanos puedan acceder a información sobre la gestión de recursos destinados a la acción climática y puedan revisar informes sobre el progreso de los proyectos. Esto es fundamental para ir aumentando la confianza en el Estado, en los distintos ministerios e instituciones públicas y privadas. Por lo mismo, las inversiones tendrían que centrarse en robustecer la resiliencia de las comunidades más pobres y vulnerables ante los desastres.
No cabe duda de que la correcta ejecución de las políticas climáticas dependerá tanto de la capacidad de las autoridades como de la sociedad en su conjunto. A medida que avancemos en la transición hacia un modelo energético más diverso y limpio, la inclusión, la transparencia y la responsabilidad compartida tienen que ser los fundamentos que guíen la acción.
Por tal razón, necesitamos autoridades que, además de experiencias y conocimientos, tengan una genuina visión de Estado. En lo político, tampoco necesitamos derechas, centro o izquierdas. Ante la amenaza climática eso es irrelevante. Además, ya pasaron de moda.
Por último, no podemos dejar de mencionar un problema crucial que todo lo empaña. Es muy conocido, pero hasta ahora no podemos superarlo. Es una cuestión irrefutable que carcome a la justicia ambiental.
Me refiero al hecho de que las políticas climáticas, como todas las prioridades relativas al medio ambiente, siempre están obligadas a franquear un espacio político, secreto y reducido, donde los intereses de los grupos de gran poder económico (léase “industrias ligadas a los combustibles fósiles”) terminan imponiéndose. En ese escrutinio, las políticas climáticas terminan reducidas a su mínima expresión. Así, amigos, ¡no se puede avanzar y nunca se podrá! ¿Hasta cuándo? ¿Quién le pondrá el cascabel al gato?
