Opinión
La protección social de los cuidadores es un reto urgente y multifacético.
En los últimos años, el trabajo de cuidados ha ganado protagonismo en las discusiones sobre políticas públicas y derechos sociales. Sin embargo, uno de los aspectos más críticos y menos atendidos es el reconocimiento y la protección de quienes cuidan a personas con dependencia severa dentro de los sistemas de seguridad social.
Uno de los principales desafíos es que el trabajo de cuidados no remunerado, aunque esencial, no se reconoce formalmente como trabajo en muchos sistemas de seguridad social. Esto implica que los cuidadores, que realizan tareas físicas y emocionales de alta exigencia, queden excluidos de beneficios y derechos laborales básicos como la jubilación, seguro de salud y protección ante accidentes.
La exclusión de los cuidadores no remunerados de los sistemas de pensiones es un problema estructural que agrava las desigualdades. Sin cotización por los años dedicados al cuidado, las posibilidades de acceder a una pensión digna en la vejez son mínimas, perpetuando así la pobreza y vulnerabilidad, especialmente entre las mujeres.
Para reducir la carga de trabajo no remunerado que soportan las cuidadoras, es fundamental que los Estados amplíen la oferta de servicios públicos de cuidado, como centros de día y apoyos domiciliarios. Esto no solo aliviaría la carga sobre las cuidadoras, sino que también promovería su integración laboral y social, permitiéndoles seguir con su desarrollo personal y profesional.
El impacto del cuidado de personas con dependencia severa en la salud física y mental de los cuidadores es significativo. Garantizar su acceso prioritario a servicios de salud física y mental, así como a medidas de prevención y tratamiento, es un reto urgente.
Además, el trabajo de cuidado requiere habilidades específicas que deben ser reconocidas y fortalecidas. Proporcionar formación continua a los cuidadores no solo mejoraría la calidad del cuidado, sino que también les abriría la puerta a oportunidades de empleo remunerado en el sector del cuidado.
La protección social de los cuidadores es un reto urgente y multifacético. Reconocer su trabajo, garantizar su acceso a pensiones y servicios de salud, redistribuir las tareas de cuidado y ofrecer formación continua son pasos fundamentales para construir un sistema de seguridad social más justo e inclusivo.
La verdadera prueba de la ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados será qué, cuánto y cómo se garantizan los derechos conculcados por el cuidado y, para partir, la gran dependencia o la dependencia severa aparece como la característica del grupo a priorizar. Solo con una política integral que aborde estos desafíos podremos avanzar hacia una sociedad que realmente valora y protege a quienes cuidan de los más vulnerables.
