Opinión
Esa Sinaloa de los once ríos, la del verdor de sus valles, es escenario de una presunta traición en el mundo del narco, la expresión de la narcopolítica que ha propiciado la captura de territorio e instituciones.
No hay estado, provincia, departamento, distrito o localidad en la región latinoamericana que pueda ser hoy más mediática que Sinaloa, como en otro momento lo fueron Medellín o Cali.
Esta región del noroeste mexicano, de alrededor de 30 mil kilómetros cuadrados, bendecida por la naturaleza con sus once ríos, valles agrícolas generosos, más de 600 kilómetros de costas y la Sierra Madre Occidental, rica en recursos minerales y forestales, da trabajo y alimento a sus más de 3 millones de habitantes.
Si bien estos rasgos naturales son suficientes para que se la reconozca como el granero y el gran productor de alimentos de México, no es por eso que se la reconoce en el mundo, sino por la referencia recurrente que tiene con el mundo del narcotráfico y sus capos legendarios, que ha sido motivo de mitos, corridos, películas, libros y series.
Sin ir muy lejos, hoy Sinaloa está en el centro de la información de impacto por la captura, secuestro o entrega pactada, no se sabe a ciencia cierta, de capos del llamado Cártel de Sinaloa al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
Ismael El Mayo Zambada García y Joaquín Guzmán López, hijo de la leyenda Joaquín El Chapo Guzmán, están en prisiones estadounidenses a la espera de juicios por tráfico de drogas en medio de una nebulosa información sobre lo que verdaderamente ocurrió el pasado 25 de julio en Culiacán, la capital del estado, cuando salió una avioneta Cessna con destino a Santa Teresa, Nuevo México, donde estaban esperándolos agentes federales para detenerlos y enviarlos a prisiones de El Paso y Chicago.
Este suceso habría sido uno más de la colaboración entre las autoridades judiciales de México y Estados Unidos si no fuera porque, según el presidente López Obrador, no se le informó de la detención de Ismael Zambada, que es reconocido como el “jefe de jefes” del poderoso Cártel de Sinaloa, lo que deja una serie de interrogantes sobre si las detenciones fueron producto de una traición o las realizaron directamente agentes estadounidenses en territorio mexicano, violando la soberanía nacional. O una mezcla de las dos.
Durante dos semanas, López Obrador estuvo exigiendo información al Gobierno estadounidense sin obtener respuesta, lo que alimentó la sospecha de que los agentes federales habían actuado motu proprio. Eso llevó a que el embajador Ken Salazar saliera a decir a la prensa que su Gobierno no había tenido nada que ver y que todo era producto de un secuestro de parte de Guzmán López en perjuicio de la libertad del llamado “jefe de jefes”.
Al día siguiente, el abogado de Ismael Zambada da a conocer una carta firmada por su cliente donde narra lo ocurrido y coincide con lo expresado por Ken Salazar: que había sido sometido por pistoleros de Guzmán Salazar y que por la fuerza se le subió a la avioneta que lo llevaría a la frontera de Nuevo México.
Pero dice algo más: que había sido convocado a una reunión en los suburbios de Culiacán con el gobernador Rubén Rocha Moya y el diputado federal electo Héctor Melesio Cuén Ojeda para mediar en el conflicto que los dos sostenían desde hace casi dos años en relación con el control político de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), lo que para el gobernador morenista sería la culminación de un proyecto autocrático de captura de las instituciones públicas del estado.
Cuén Ojeda, de acuerdo con esta versión, habría sido asesinado en el contexto de la mencionada reunión, y lo mismo pudo haber sucedido con la escolta de Zambada García.
Un comandante en funciones de la fiscalía general del Estado provocó especulaciones sobre todo cuando esta institución ofreció a la prensa un video donde unos sicarios motorizados presuntamente asesinan a Cuén Ojeda en una gasolinera del norte de Culiacán, que resultó un montaje de acuerdo con las indagaciones de la fiscalía general de la República.
En ese documento visual se observa, además de los sicarios, a dos patrullas policiales con torretas encendidas, cuyos ocupantes no intervienen y se van ipso facto cuando ha ocurrido el asesinato del también exrector de la UAS.
Ante estos hechos, que han servido para señalar al gobernador Rocha Moya como narcopolítico, el presidente López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el sindicato de gobernadores del partido Morena se han pronunciado inmediatamente en favor de su inocencia, lo que ha sido interpretado como una presión sobre la fiscalía general de la República, que ha atraído el caso para investigarlo ante el conflicto de intereses que tiene el gobierno sinaloense por ser parte del problema de confianza.
En definitiva, esa Sinaloa de los once ríos, la del verdor de sus valles, es escenario de una presunta traición en el mundo del narco, la expresión de la narcopolítica que ha propiciado la captura de territorio e instituciones y una crisis de confianza en las relaciones bilaterales de los dos países.
