Opinión
AgenciaUno
Mi punto es más básico: en la medida que nuestro debate en seguridad no se base de manera más consistente en evidencia, corremos el serio riesgo de orientar nuestras políticas públicas y criminales en direcciones erróneas.
En las últimas semanas se ha instalado en diversos medios de comunicación la utilización de la expresión “ola de homicidios” para describir lo que habría ocurrido durante el mes de agosto en el país en esta materia. Con ello se intenta describir un estado de cosas en el que se habría producido un aumento significativo de este tipo de delitos a nivel nacional y en la Región Metropolitana. Las opiniones de un senador de la república en una columna recientemente publicada en El Mostrador (1 de septiembre) son un buen ejemplo de lo anterior. Ella se titula “Alza de homicidios: suma y sigue” y luego en su desarrollo argumenta que la delincuencia está desatada en el país.
Un diagnóstico de este tipo no pasa inadvertido en nuestra clase política y comienzan a multiplicarse propuestas. Así, varios personeros plantean insistentemente la intervención de militares para colaborar con las tareas de seguridad. Otros hablan de la necesidad de decretar un Estado de Excepción Constitucional en la Región Metropolitana e, incluso, hay voces recientes que lo plantean como una medida a adoptar a nivel nacional.
Es evidente que los homicidios son delitos gravísimos y que, por lo mismo, generan importantes niveles de atención y preocupación en la ciudadanía. Lo que llama la atención es que en este contexto el debate público y las propuestas que se formulen no consideren la evidencia que hoy tenemos disponible en la materia e, incluso, se basen en diagnósticos que contradicen lo que sabemos gracias a ella.
Cabe señalar que, debido al esfuerzo de varias instituciones, hoy contamos con información de mucho mejor calidad que la que hemos tenido nunca en la materia.
Así, desde el año pasado se publica el Informe Nacional sobre Homicidios Consumados, elaborado por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito y que cuenta con la participación del Ministerio Público, las policías, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal y el Registro Civil, entre otros. Recientemente, el Ministerio Público ha complementado dicho informe con datos que profundizan en varias materias (Homicidios en Chile: reporte anual 2023).
Lejos de utilizar esta evidencia para intentar analizar el problema, observo una tendencia que se viene produciendo hace tiempo en el debate público, a recurrir a un método de análisis que denomino como “el conteo macabro”. Con esto me refiero a una práctica en la que en forma diaria los medios de comunicación informan acerca de la cantidad de homicidios cometidos el día anterior y luego se construye una suerte de estadística o contabilidad del número que se acumula en la semana o en el mes. Los números son siempre espeluznantes, cualquier homicidio debiera siempre choquearnos como sociedad. El conteo aporta en esta dimensión, pero ayuda poco a comprender el problema.
Los “conteos macabros” se producen especialmente en fines de semanas largos, generando enorme alarma en la opinión pública. El ejemplo más reciente se dio el fin de semana del 15 al 18 de agosto, en el que se habrían registrado 8 homicidios en la Región Metropolitana. En los últimos días incluso se hacen predicciones de lo que podría ocurrir en el que se ha denominado fin de semana XL, asociado a las Fiestas Patrias.
¿Qué es lo que nos muestra la evidencia? Lo primero es que efectivamente se constata un incremento importante de los homicidios en el país a partir del año 2016. Desde una tasa de 4,2 homicidios consumados por 100 mil habitantes llegamos a 6,7 el año 2022. El 2023 se produjo una baja a 6,3. En números absolutos, pasamos de 845 homicidios consumados el 2018 a 1330 el 2022.
El año 2023 también se produjo una leve baja, llegando a 1247. Como se puede observar, en pocos años hemos tenido un incremento preocupante cercano al 50%, aun cuando el 2023 las cifras se estabilizaron con una leve baja. Este deterioro no es por cierto homogéneo en las regiones.
Por ejemplo, en Arica y Parinacota se tuvo la tasa más alta el año 2023, superando los 12 homicidios por cien mil habitantes; en tanto en Ñuble, la región con menor tasa, ella fue solo de 2,7. En la Región Metropolitana hemos evolucionado desde 409 homicidios consumados el 2018 (tasa de 5,3) a 557 (tasa de 6,7) el 2023, manteniéndose estables los números absolutos y tasas entre los años 2022 y 2023.
En este contexto, nuestro promedio diario de homicidios a nivel nacional fue de 3,42 para el año 2023, esto quiere decir casi siete personas cada dos días. En la Región Metropolitana, que representa un 44,6% de los homicidios a nivel nacional, tal cifra es de 1,52 homicidios diarios. Con todo, los homicidios tampoco se distribuyen homogéneamente en los días de semana. Las cifras muestran una fuerte concentración los fines de semana (sábados y domingos) que representan un 35,2% del total de los homicidios.
Así, el promedio nacional para 2023 fue de 4,18 homicidios por cada día de fin de semana y en la Región Metropolitana alrededor de 1,86. En consecuencia, lo “normal”, para el escenario que tenemos instalado en el país desde 2022, sería que en un fin de semana largo (de cuatro días) se cometan entre 16 y 17 homicidios a nivel nacional y entre 7 y 8 en la Región Metropolitana.
Aún es temprano para saber lo que ha pasado en el año 2024, pero datos preliminares del primer semestre indican que los números absolutos de homicidios se habrían mantenido estables respecto a 2023, tanto a nivel nacional (593 el 2023 vs. 609 el 2024) como en la Región Metropolitana (253 vs. 256).
En este contexto, si comparamos los datos de años previos con lo que habría ocurrido en el mes de agosto de 2024, se ven aspectos interesantes de la dinámica de nuestro debate público. En varios medios que han enfatizado la idea de la “ola de homicidios” de agosto se ha descrito que, llegando casi a fines de mes, se habrían producido 32 homicidios en la Región Metropolitana.
Esto daría cuenta de un incremento significativo o evidente. Como ya mencionaba, ello ha movilizado nuevas propuestas para encarar el asunto, incluyendo el decretar estados de excepción y, aún sin ellos, promover la participación de militares en actividades de seguridad pública.
Las cifras muestran lo contrario a la idea instalada en el debate público. Si agosto de 2024 se hubiera comportado como un mes promedio, la cantidad de homicidios esperados en la Región Metropolitana habría sido la de 46,4 y no 32. Si salimos del promedio (que siempre puede distorsionar algo la realidad) y consideramos las cifras mensuales del Centro de Estudios de Análisis del Delito (CEAD), que registra las estadísticas policiales de agosto de 2023 (que subreportan las cifras finales globales en cerca de 15%), se puede apreciar que ese mes hubo 47 homicidios en la Región Metropolitana (probablemente sobre 50).
En el escenario descrito, lejos de haberse producido un aumento significativo o evidente de los homicidios, lo que habría ocurrido es una disminución muy relevante de los mismos. La “ola” apuntaría en una dirección opuesta a la que expresan medios de comunicación y líderes de opinión. Si esto fuera así, lo que debiéramos estar conversando es identificar los factores, causas y explicaciones de este fenómeno de manera de identificar experiencias exitosas que hayan contribuido a este resultado, para poder ver cómo escalarlas y replicarlas en todo el país o identificar cambios en los patrones delictuales que podrían haber cambiado el escenario. No debiéramos, en cambio, gastar tiempo en discutir medidas que no tendrían fundamento alguno.
Es temprano todavía para evaluar qué es lo que efectivamente ocurrió el mes pasado y no quiero anticipar juicios o conclusiones como las que he criticado en esta columna. Por ejemplo, el número de homicidios consumados pudo haber subido en los últimos días del mes. Mi punto es más básico: en la medida que nuestro debate en seguridad no se base de manera más consistente en evidencia, corremos el serio riesgo de orientar nuestras políticas públicas y criminales en direcciones erróneas.
Hemos avanzado en nuestro conocimiento de la realidad de los homicidios, pero nos falta mucho todavía para comprender bien las dinámicas de lo que está ocurriendo. Reaccionar impulsivamente sobre números que naturalmente son preocupantes, pero que no reflejan completamente la real dimensión del fenómeno, no es el camino que se exige si nos tomamos en serio la seguridad de nuestros ciudadanos.
