Opinión
Como la CPI no tiene su propia fuerza policial y depende completamente de la cooperación de los países miembros para ejecutar sus órdenes de arresto, aquellos que no cumplen con estas órdenes no enfrentan consecuencias inmediatas ni sanciones automáticas.
El reciente viaje de Vladimir Putin a Mongolia representó un nuevo intento de Moscú por demostrar que el mandatario ruso no se encuentra aislado. Fundamentalmente, debido a la orden de captura que pesa en su contra, emitida en marzo de 2023 por la Corte Penal Internacional (CPI), tras ser sindicado como presunto responsable del secuestro de menores ucranianos y su posterior traslado a Rusia.
Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022, los viajes de Putin a China –por ejemplo– no han representado ningún peligro para él, ya que Beijing (al igual que Moscú) no ha firmado el Estatuto de Roma, por lo que los dictámenes de la CPI carecen de cualquier valor en sus territorios.
Sin embargo, ese no era el caso de Mongolia, que firmó el Estatuto de Roma en 2000, lo ratificó en 2002 y se convirtió en miembro oficial a partir de 2003.
Entonces, ¿por qué el Gobierno de Ulán Bator no arrestó a Putin? Básicamente, porque se impuso el pragmatismo geopolítico, económico e histórico.
Mongolia no tiene salida al mar y está completamente rodeada por Rusia (al norte) y por China (al sur, este y oeste), lo que ha influido en su historia y en sus relaciones internacionales.
Tras su independencia de China en 1921, Mongolia adoptó un Gobierno comunista y se estableció como la República Popular de Mongolia a partir de 1924, lo que entonces lo convirtió en el segundo país comunista en el mundo, después de la Unión Soviética.
Y aunque Mongolia nunca fue parte de la URSS, estuvo bajo una fuerte influencia soviética durante gran parte del siglo XX, ya que Moscú ejerció un control significativo sobre la política, economía y Fuerzas Armadas de este país asiático. Pero esta relación terminó en 1991 con el colapso del bloque soviético, lo que llevó a Mongolia a transitar hacia un sistema democrático y de libre mercado.
A pesar de eso, Rusia sigue siendo el principal proveedor de petróleo y gas de Mongolia (cerca del 90% del crudo), lo que lo convierte en un socio estratégico en el sector energético.
En ese contexto, al no haber arrestado a Putin, el Gobierno de Mongolia protege su relación privilegiada con Rusia, pero también enfrenta varias consecuencias legales y diplomáticas.
En primer lugar, está el hecho de que los países que han ratificado el Estatuto de Roma están obligados a cooperar plenamente con la Corte, lo que incluye la detención de personas acusadas o buscadas. Y si un país no cumple con esta obligación, está violando el tratado internacional que ha firmado, lo que puede afectar su credibilidad internacional.
Frente a ese escenario, la Corte puede emitir un comunicado señalando que el país no ha cumplido con su obligación. Y cuando la situación ha sido remitida por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Corte puede informar directamente al Consejo, lo que podría derivar en medidas adicionales, como sanciones o presiones diplomáticas.
A lo que se suma que otros países, organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos pueden ejercer presión política o diplomática sobre el país que ha fallado en su responsabilidad.
El punto es que la falta de cooperación de los Estados miembros en la detención de acusados acaba por debilitar la eficacia y autoridad de la CPI. En la medida que más Estados ignoren las órdenes de arresto, la capacidad de la CPI para hacer cumplir la justicia se verá comprometida, lo que afecta su legitimidad.
Sin embargo, como la CPI no tiene su propia fuerza policial y depende completamente de la cooperación de los países miembros para ejecutar sus órdenes de arresto, aquellos que no cumplen con estas órdenes no enfrentan consecuencias inmediatas ni sanciones automáticas.
De esta forma, el día de mañana, Vladimir Putin podría viajar a Cuba, Venezuela o Nicaragua sin temor a ser detenido. Y cada vez que él u otro fugitivo lo haga, erosionará aún más el valor y la legitimidad de la Corte Penal Internacional. Un peligro real para un mundo cada vez más inestable e impredecible.
