Opinión
Aunque la limitación del uso del efectivo no es la única medida necesaria para combatir el comercio informal y el crimen organizado, es una estrategia imprescindible para avanzar hacia una mayor formalidad en nuestra economía.
El actual debate en el Senado sobre límites al uso del efectivo es un paso importante para el combate contra el comercio y el crédito informales y el crimen organizado. En un contexto donde el manejo de sumas de dinero en efectivo expone tanto a las personas como a los pequeños comercios a riesgos de seguridad considerables, la propuesta del Ministerio de Hacienda no solo es oportuna, sino también necesaria.
En efecto, la iniciativa legal demuestra una visión acertada al comprender que la seguridad de los ciudadanos es habilitante para el desarrollo económico. Al lograr tener trazabilidad de las transacciones, mejora la transparencia y el combate al comercio y al crédito informales.
Las actividades ilícitas y el crimen organizado dependen del flujo no controlado del efectivo y encontrarán mayores obstáculos en esta medida, donde las transacciones que superen un determinado monto pueden ser supervisadas y fiscalizadas.
Además de la seguridad, la limitación en el uso de efectivo favorece otras dimensiones importantes, tales como la mejora en la formalización de la economía, incrementa la eficiencia en la economía, al reducir los costos de transacción asociados al manejo de efectivo, mejora la trazabilidad de estas, lo que facilita la fiscalización y el combate a la evasión fiscal. Todo esto, favorece la recaudación tributaria, al dificultar que los ingresos no declarados evadan impuestos.
A nivel internacional, varios países han adoptado medidas para limitar el uso de efectivo, con el objetivo de modernizar sus economías y mejorar la transparencia financiera. Suecia, por ejemplo, ha avanzado hacia una sociedad casi sin efectivo, lo que ha mejorado la seguridad pública y reducido la evasión fiscal, mientras que Dinamarca y Noruega han promovido el uso de pagos electrónicos.
Otros países, como Francia e Italia, han implementado límites al uso de efectivo para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal, y en India, una política agresiva de desmonetización buscó reducir el flujo de dinero en la economía informal.
Por supuesto, cualquier cambio de esta magnitud requiere de una implementación gradual y cuidadosa. La propuesta normativa es clara en su intención de coordinar con otras instituciones, como el Banco Central, para asegurar que esta transición no produzca exclusión en sectores vulnerables, como aquellos en zonas rurales donde el acceso a internet es limitado.
En conclusión, aunque la limitación del uso del efectivo no es la única medida necesaria para combatir el comercio informal y el crimen organizado, es una estrategia imprescindible para avanzar hacia una mayor formalidad en nuestra economía. Chile, que ha sido pionero en la implementación de innovadoras políticas públicas tales como impuestos por internet, factura electrónica, entre otras, en momentos en que no existían las condiciones de infraestructura tecnológica con la capilaridad actual, nos invita a retomar el liderazgo con medidas innovadoras, que incluso pueden ser replicadas por otros países de la región.
