Los poderes fácticos no dejarán de tener su lugar de preeminencia por esta crisis. Es un evento importante, aunque hasta ahora no represente una hecatombe. Pero deberán buscar “soluciones” calculadas, para evitar que la crisis ceda el lugar a momentos inorgánicos.
El caso Hermosilla representa un hito en la deslegitimación de las redes de influencia informal que se han dado a llamar “poderes fácticos”. Esta expresión, nacida en la transición española, llegó a Chile a inicios de los años noventa, con la afortunada capacidad de describir la presencia de remanentes de influjo dictatorial en las institucionales públicas y privadas del país. Con el tiempo, se ha ampliado para describir las redes y tramas que tejen las decisiones importantes, canalizando la influencia de grandes actores empresariales, partidistas y de clanes de lealtad recíproca que, de forma debida o indebida, poseen un peso gravitante y muchas veces definitorio en las altas esferas.
En la esencia de los poderes fácticos está su naturalización. Ninguno de estos actores piensa que sus ejercicios de poder sean irregulares o indecorosos. Asumen que poseen ese rol de manera patrimonial, preestablecida, sobre la base de algún parámetro, función o herencia que se ejerce sin más reflexión. De allí que el destape de estos días les arroje a un “estado de negación”, entendido como una postura psicológica en la que se niegan a aceptar una realidad o hecho evidente.
Generalmente, las personas entramos en negación ante un dato o un acontecimiento doloroso, incómodo o amenazante, que altera el bienestar. Es un mecanismo de defensa que impide enfrentar una verdad que genera ansiedad, miedo o incertidumbre. Se utiliza para protegerse de emociones negativas como el dolor, el miedo, la culpa o la vergüenza.
En este caso vemos todas las fases del estado de negación: los poderes fácticos comenzaron evadiendo la realidad. Ante las primeras noticias del caso Hermosilla, en noviembre de 2023, activaron todas las formas de ignorar o rechazar la información. Casi no era tema en sus medios de comunicación preferidos y habituales. La evidencia de posible pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la CMF para obtener información privilegiada y favores, se minimizó. Pocas semanas antes, Luis Hermosilla se había manifestado públicamente como abierto partidario de la opción “A Favor” de la propuesta constitucional que se plebiscitaría en diciembre. No convenía airear la situación.
Pasada esa primera etapa se activaron los mecanismos de defensa: esa fue la fase en que se empezó a titular con el extraño nombre de “caso Audios”, tratando de poner el foco en la revelación de estas escuchas, y cuestionar de esa forma la posible ilicitud de su obtención y divulgación. El plan fue llevar a la opinión pública a una distorsión cognitiva, minimizando o reinterpretando hechos o evidencias que a esas alturas eran demasiado contundentes como para archivarlas. No se hablaba de la relación de Hermosilla con Andrés Chadwick. No se relacionaba su actuar con el Poder Judicial, ni menos con las redes de poder empresarial que se empezaban a atisbar entre las sombras.
A estas alturas está comprobado que el estado de negación solo puede ofrecer una protección temporal. Negar las evidencias puede aminorar el impacto emocional de un acontecimiento desagradable. Pero si la negación se prolonga, puede dificultar la toma de decisiones adecuadas y la resolución de los problemas de fondo. Superar el estado de negación suele requerir un momento de definiciones, de quiebres, de rupturas. Hasta que se procese adecuadamente la nueva situación, partiendo por purgar lo que se debe expiar, para recomenzar.
Los poderes fácticos no dejarán de tener su lugar de preeminencia por esta crisis. Es un evento importante, aunque hasta ahora no represente una hecatombe. Pero deberán buscar “soluciones” calculadas, para evitar que la crisis ceda el lugar a momentos inorgánicos, en los que surjan eventos disruptivos, que verdaderamente no puedan ser objeto de un estado de negación.