Opinión
El Observatorio de los Bosques y Políticas Forestales y la sociedad civil seguirán monitoreando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por este Gobierno en materia forestal, pues la crisis climática debe impulsar al Estado a avanzar.
Durante el año 2023, comisiones temáticas del Consejo de Política Forestal trabajaron en propuestas de modificación para el DS N° 93 y el DS N° 68. Con estas propuestas, se incrementa el número de especies nativas que entrarán a regulación (fomento y fiscalización) y la intervención de formaciones xerofíticas (arbustos y suculentas nativas) deberá hacerse contemplando la conservación de la biodiversidad, suelos y aguas, tal como sucede con los bosques. Este trabajo culminó en octubre y fue validado en diciembre del año 2023. A la fecha, el Ministerio de Agricultura (Minagri) ha mantenido silencio respecto a oficializar estos cambios. La pregunta es ¿por qué?
La historia evidencia que los ecosistemas nativos de la zona norte y centro han estado más desprotegidos que los ecosistemas nativos del sur. Con el trabajo realizado, se busca equiparar “un poco” la cancha, pues para generar cambios más significativos hay que modificar la Ley de Bosque Nativo.
Esta ley fue promulgada como “ley corta”, pues en su discusión quedó en evidencia la fuerte resistencia de los sectores productivos. Dentro de estos sectores estaba la agricultura, al que se le otorgó licencia para sustituir formaciones xerofíticas por cultivos de frutales de alto consumo hídrico.
Desde la perspectiva oficialista, puede existir la preocupación de que si se mejoran las normativas que regulan a las formaciones xerofíticas, se verán afectados proyectos de inversión y actividades productivas de grandes empresarios. Pero con la modificación de estos instrumentos no se está prohibiendo realizar proyectos de inversión y actividades productivas, solo se busca regular de mejor manera para evitar la pérdida irreversible del patrimonio natural, exigiendo criterios mínimos a cumplir y que están en línea con la normativa ambiental.
Si hay proyectos que no se hacen cargo de esos mínimos exigibles, entonces quiere decir que no son buenos proyectos. Precisamente acá es donde debiese exigir “responsabilidad social empresarial”.
En el periodo 2009-2023 se vieron afectadas 17.342,4 ha de formaciones xerofíticas por la aprobación de 1.614 planes de trabajo, cifra que puede ser mayor debido a las intervenciones ilegales o aquellas realizadas sin necesidad de planes de trabajo por no reunirse todas las condiciones exigidas para su presentación. Las autorizaciones favorecieron a la industria minera, la construcción de plantas solares y la habilitación de terrenos para establecimiento de frutales, siendo las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso las más afectadas.
Toda esta destrucción se ha realizado en zonas áridas y semiáridas, sin obligación de regenerar esa vegetación y acrecentando el problema de degradación de tierras y escasez hídrica para la población local. La preocupación por no afectar la macroeconomía está destruyendo a la microeconomía rural.
Este asunto no es trivial. Según el Informe País (2023), el 67% de los habitantes del país vive en tierras seriamente degradadas o con elevado riesgo de degradación. Se estima en el 79% de la superficie del país está en esas condiciones. La degradación de la tierra se incrementa por la destrucción de la vegetación. Se estima que el costo anual de la degradación de la tierra equivale al 12% del PIB Silvoagropecuario.
Sin la vegetación xerofítica se reduce la disponibilidad de alimentos, medicina, fertilidad del suelo, capacidad de secuestro de carbono, producción de madera y recarga de aguas subterráneas. Todo esto trae costos sociales y económicos, pues a la vegetación se asocian muchos usos locales dentro de la ruralidad (actualmente hay más de 100 especies nativas con usos locales que no se encuentran listadas en el DS 68, por lo que no entran a regulación).
La Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) declara proteger la biodiversidad como elemento relevante en el proceso de gestión del territorio; fomentar la adaptación de instrumentos para evitar el avance de la erosión del suelo mediante el desarrollo de coberturas vegetales que consideren especies nativas; y promover medidas de prevención, adaptación y mitigación que permitan reducir el riesgo climático.
Si esta es una política reconocida por el ministerio, entonces, ¿por qué se duda en detener la destrucción irracional de las formaciones xerofíticas cuando su protección y manejo son una medida de preparación y respuesta frente a la degradación de tierras y la ocurrencia de desastres provocados por los efectos del cambio climático?
Hace exactamente dos años, diversos actores solicitaron al Minagri la protección de vegetación xerofítica. La AIFBN ingresó un informe técnico a Contraloría evidenciando el problema existente, la que a través de un dictamen señaló que se tenían que revisar los contenidos de los planes de trabajo, además de modificar el DS 93 y el DS 68. Gracias a esa presión social se trabajó en esas propuestas de modificación en el Consejo de Política Forestal.
Hoy, nuevamente, a través de una nueva declaración con más de 200 adherencias, se solicita al Minagri oficializar la modificación de estos instrumentos, para posteriormente dar paso a la modificación de la Ley de Bosque Nativo. El Observatorio de los Bosques y Políticas Forestales y la sociedad civil seguirán monitoreando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por este Gobierno en materia forestal, pues la crisis climática debe impulsar al Estado a avanzar.
