Opinión
Las matanzas fueron ejecutadas por los miembros del Grupo Colina, un destacamento de inteligencia y escuadrón de la muerte dirigido por el mayor del Ejército Santiago Martín Rivas, que bajo el control y las órdenes de Fujimori eliminó a civiles sospechosos de ser terroristas.
Las eternas discusiones sobre el éxito de las medidas económicas y antiterroristas de Alberto Fujimori no acabarán, aunque su vida haya llegado a su fin. Su presencia en la política peruana, desde aquel 28 de julio de 1990 en que sorpresivamente llegó al poder, ha marcado al país andino, que está dividido electoral y socialmente en dos, entre los que son fujimoristas y los que son antifujimoristas.
Más allá de las percepciones y pasiones en torno a su figura, y al indulto humanitario que recientemente le permitió salir de prisión, lo fáctico es que fue condenado por cometer delitos de corrupción, tráfico de armas, malversación de fondos y graves violaciones a los derechos humanos, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Por estos últimos casos, en 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo halló responsable como “autor mediato”, una calificación que se da a quienes sin ejecutar directamente el ilícito, lo realizan a través de intermediarios con perfecto conocimiento e instrumentalización de los medios para perpetrar los hechos.
El tipo penal fue homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado. Durante el juicio, también se estableció que fue responsable del secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. Ambos estuvieron retenidos en los calabozos del Servicio de Inteligencia.
Tras el fallo, Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel. Aquella fue la primera vez en la historia de América Latina que un expresidente era juzgado y sentenciado en su propio país por este tipo de crímenes contra la humanidad, que violan el Derecho Internacional Penal.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) calificó el caso Barrios Altos como de graves violaciones a los derechos humanos, y el caso La Cantuta como crímenes de lesa humanidad.
Las matanzas fueron ejecutadas por los miembros del Grupo Colina, un destacamento de inteligencia y escuadrón de la muerte dirigido por el mayor del Ejército Santiago Martín Rivas, que bajo el control y las órdenes de Fujimori eliminó a civiles sospechosos de ser terroristas en plena guerra antisubversiva, contra organizaciones como Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru).
El primero de los hechos, ocurrido el 3 de noviembre de 1991, consistió en el asesinato de 15 personas en una vivienda ubicada en la zona de Barrios Altos, en el centro de la ciudad de Lima, muy cerca de Palacio de Gobierno. Estas personas participaban de una pollada, una festividad familiar o amical que se celebra en Perú en la que se vende platos de comida para recaudar fondos con algún fin en particular, y fueron sorprendidos por individuos encapuchados y armados que irrumpieron en la vivienda. Tras ordenarles que se tiren en el piso, les dispararon sin vacilaciones.
Uno de los asesinados fue un niño de tan solo 8 años. Además de los muertos, otras 4 personas quedaron gravemente heridas. Los pistoleros eran miembros del Grupo Colina, quienes confundieron la reunión con una fiesta secreta de miembros de Sendero Luminoso.
El segundo caso se remonta al 18 de julio de 1992, tres meses después del autogolpe por el que Fujimori disolvió el Congreso e intervino todas las instituciones públicas del país para mantenerse en el poder. Aquel día, nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta, fueron secuestrados durante la madrugada y posteriormente desaparecidos, también por miembros del Grupo Colina.
Los restos de dos de ellos fueron hallados recubiertos con cal en fosas clandestinas ubicadas en el Cerro Santa Rosa, en el distrito de Lurigancho-Chosica, mientras que el cuerpo del docente Hugo Muñoz Sánchez fue quemado, por lo que se complicó su identificación. Tras una denuncia pública del entonces congresista Henry Pease, se desenterraron los cuerpos para incinerarlos y trasladarlos a nuevas fosas clandestinas en el distrito de Cieneguilla, apartado de la ciudad. Los restos de cinco víctimas aún tienen paradero desconocido.
Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada en julio de 2021 durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua para investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos entre mayo de 1980 y noviembre del año 2000 por el Estado y los grupos terroristas, este tipo de ataques fue una práctica sistemática y generalizada de ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas como parte de la estrategia antisubversiva.
Fujimori, según la justicia nacional e internacional, fue la mente detrás de estos sangrientos embates. Tras su fallecimiento, el 11 de septiembre a la edad de 86 años, el gobierno actual dispuso rendirle honores, según el protocolo oficial a seguir sobre las exequias de un expresidente.
El tiempo juzgará su lugar en la historia.
