El potencial expansivo de la falta de independencia judicial

Que el sistema de nombramientos en el Poder Judicial se materializa a través de prácticas cuestionables, como audiencias informales, recomendaciones ocultas y otras, lo sabemos desde hace tiempo. Que estos métodos estaban completamente normalizados en su interior, también es un hecho. Por ello, hace varios años se vienen promoviendo reformas legales, incluso constitucionales, sobre este tema, con modificaciones más o menos ambiciosas, de mayor alcance, o acotadas a cuestiones específicas. Pero, en resumen, todas revelan un conocimiento compartido sobre las distorsiones del sistema.

Con todo, quienes hemos estudiado alguna vez el tema teníamos la idea de que era la independencia interna; es decir, aquella que los jueces deben mantener respecto de sus superiores jerárquicos, la más amenazada estructuralmente por un sistema carente de transparencia en un contexto de carrera vertical, donde los superiores jurisdiccionales son también los superiores jerárquicos. De la misma manera, existía una percepción general de que la independencia externa (la ausencia de intervención de personas o grupos de poder ajenos a la judicatura), aunque con algunos problemas, estaba razonablemente resguardada en nuestro sistema.

Los hechos relacionados con la Corte Suprema, revelados a propósito del caso Audios, han sido un duro golpe de realidad. Las influencias no solo operan en las designaciones, sino que, como hemos visto -y por decirlo con sobriedad-, asegurar un cargo puede implicar una relación estable con quienes promovieron dicho nombramiento, lo que lleva a proteger sus intereses y ajustar las actuaciones como miembros del máximo tribunal a sus requerimientos.

En la configuración de nuestro sistema, que los ministros y ministras de la Corte Suprema no sean imparciales genera un potencial deterioro institucional con un gran alcance expansivo. Es importante recordar que, además de sus facultades jurisdiccionales, la Corte tiene la dirección administrativa, disciplinaria y económica de todos los tribunales del país. Esto incluye, entre otras cosas, la calificación, sanción disciplinaria y como ya se ha dicho, la posibilidad ascenso de los jueces inferiores.

Es aquí donde radica el mayor riesgo: la confluencia de la falta de independencia externa con la falta de independencia interna, ya que esta combinación tiene el poder de alinear, mediante los premios o los castigos que están dentro de la esfera de sus facultades, a muchos miembros del sistema de justicia detrás de intereses, posiciones o personas específicas.

Dado este escenario, al evaluar reformas es crucial insistir en que, además de transparentar e investigar críticamente cómo han funcionado los nombramientos, el análisis debe incluir una revisión del conjunto de facultades que concentra el máximo tribunal y cómo estas pueden amplificar el daño causado por comportamientos que violan la ética y la probidad judicial. En otras palabras, esto no se trata solo de reducir facultades para que los jueces se concentren exclusivamente en lo jurisdiccional o de transparentar y profesionalizar el sistema de selección y provisión de cargos. Además de eso, hay que establecer cortafuegos efectivos para evitar que cuando los miembros superiores del Poder Judicial sirvan a intereses distintos a los de su cargo, puedan también ordenar a sus subordinados en ese propósito.

Se ha hablado mucho sobre los efectos de la falta de probidad en la legitimidad pública de nuestros tribunales, así como su impacto dramático en el estado de derecho. Es crucial no perder la oportunidad de implementar reformas sustantivas en esta materia, en lugar de solo esperar a que casos concretos sean investigados y sancionados, o de sacar el máximo provecho político de la situación antes de actuar. Ya sabemos suficiente, ¿qué más tiene que suceder para que las reformas al Poder Judicial sean consideradas urgentes?