Opinión
Esperemos que la incorporación de los TTD en la reforma al Código Penal permita subsanar las falencias identificadas.
El pasado 27 de agosto se promulgó la reforma al Código Penal, para “reducir la reincidencia y mejorar la persecución del crimen organizado”. Una arista de aquella reforma pasó bastante desapercebida: se trata de la regulación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), que existen desde hace veinte años en el país como programa.
¿De qué se trata? Supongamos el ejemplo de Carlos, de 32 años, que ha luchado con la adicción a la pasta base de cocaína durante la última década. Esto le ha provocado dificultades para mantener un trabajo estable, lo que lo ha llevado a situaciones de vulnerabilidad económica. En un momento de desesperación, Carlos robó productos de un supermercado.
Aunque cometió un delito, no es un delincuente violento ni ha participado en crímenes graves. Su comportamiento delictivo está directamente relacionado con su adicción, y encarcelarlo podría agravar su condición sin abordar el problema de fondo. El encarcelamiento probablemente resultaría en una mayor marginación y en la reincidencia una vez que salga de prisión, ya que no recibiría el tratamiento necesario para superar su adicción.
Por casos como este, en 2004 comenzó a implementarse el programa de TTD, inspirado en el modelo estadounidense que busca rehabilitar en lugar de castigar, ofreciendo una oportunidad para salir del ciclo de criminalidad y reinsertarse.
Estudios recientes, como el realizado en 2018 por Fundación Paz Ciudadana y el Banco Interamericano de Desarrollo, han demostrado que los usuarios de TTD presentan una menor tasa de reincidencia en comparación con aquellos que no participan en el programa.
Con el patrocinio del Centro de Políticas Públicas UC, desarrollamos el artículo “Justicia terapéutica y humanización del proceso penal: propuestas para el fortalecimiento de la intervención sociojurídica en los Tribunales de Tratamiento de Drogas”. Cabe señalar que la falta de datos sistematizados y accesibles públicamente dificulta la evaluación integral y la elaboración de un modelo de intervención psicosocial adecuado.
Entre otras cosas, detectamos serios obstáculos que limitan el alcance y efectividad de los TTD, como el desigual compromiso de las instituciones involucradas (Senda, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Poder Judicial, Defensoría Penal Pública, Fiscalía Nacional).
Otro desafío crítico es la asimetría en las condiciones laborales de los equipos sociojurídicos. Mientras que jueces y fiscales gozan de estabilidad laboral y mayor estatus socioeconómico, los profesionales del ámbito psicosocial desempeñan su trabajo en condiciones precarias, especialmente en regiones.
Con razón, el TTD ha sido criticado por su alcance limitado, pues solo cubre a una pequeña fracción de la población penal que podría beneficiarse. La falta de capacidad en los centros de tratamiento y la limitada coordinación en los procesos de derivación han resultado en que solo un tercio de los costos del programa se vea compensado por sus beneficios.
Esto contrasta con la evidencia internacional, que sugiere que los programas de tratamiento son significativamente más económicos que el encarcelamiento, además de contribuir a la reducción de la delincuencia y la mejora de la seguridad pública.
Otro aspecto preocupante es la desigualdad en la inclusión de mujeres y adolescentes en el programa.
Esperemos que la incorporación de los TTD en la reforma al Código Penal permita subsanar las falencias identificadas. A propósito del debate respecto a la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en Santiago, hacemos un llamado a trabajar para perfeccionar los programas que ya tenemos implementados, especialmente las iniciativas que –como esta– humanizan la justicia y buscan abordar la problemática de la delincuencia de manera integral.
