Opinión
La sociedad tiene derecho a saber cómo se están gestionando sus recursos, cuáles son los acuerdos que se están construyendo y qué impacto tendrán tanto en el presente como en el futuro.
La implementación de la Estrategia Nacional del Litio ha generado grandes expectativas, no sólo en el ámbito económico, sino también en el político y social. Sin embargo, detrás de las promesas de un futuro próspero gracias a este recurso estratégico, surgen cuestionamientos legítimos sobre la falta de transparencia en el proceso. Si bien se ha hablado mucho sobre la relevancia del litio para el desarrollo de energías limpias y el impulso que representaría para la economía chilena, aún persisten áreas grises en torno a cómo se está llevando adelante la estrategia, y es ahí donde se debe poner el foco.
El litio no es simplemente un mineral, es un recurso estratégico que puede cambiar el destino de nuestra nación. Pero para que eso suceda, la manera en que se gestiona debe estar a la altura de las expectativas, con un proceso claro, transparente y bien articulado. Aún no están totalmente sellados algunos de los acuerdos más importantes, como la alianza entre SQM y Codelco, cuya implementación sigue sujeta a pendientes que deben resolverse de manera impecable si queremos asegurar que los intereses de todos los chilenos estén debidamente representados.
Entre estos temas, no podemos olvidar que está en juego la consulta indígena y las demandas de los pueblos originarios, quienes merecen un proceso justo y respetuoso de sus derechos, y cuyo impacto no debe minimizarse en el diseño de esta política.
A ello se suma la preocupación de otros actores clave, como es el caso de Tianqi, que aún mantiene una disputa en tribunales debido a la falta de realización de una junta de accionistas de SQM. Este tipo de fricciones internas, aunque propias de un mercado en transformación, requieren de la máxima transparencia para evitar la erosión de la confianza no sólo de los involucrados directos, sino también del público y los mercados internacionales. Las expectativas están altas, pero la ejecución de una estrategia de esta magnitud debe ser impecable, si pretendemos que Chile se posicione como un líder mundial en la industria del litio.
Uno de los ejemplos más recientes que ha despertado preocupaciones es la asignación del Salar de Maricunga, una vez más realizada sin una licitación internacional abierta. En este caso resulta especialmente inexplicable que un recurso de tal valor no se haya sometido a un proceso competitivo, lo que incrementa la incertidumbre sobre cómo se están tomando las decisiones en torno a la estrategia del litio. Este tipo de decisiones, vedadas al conocimiento público, pueden tener serias implicaciones en la percepción que se tiene de Chile como un país serio y comprometido con la transparencia.
El debate sobre el litio es más que técnico o económico. Involucra a toda la sociedad y toca cuestiones esenciales como la participación de los pueblos indígenas, la protección del medioambiente y la distribución equitativa de los beneficios. Y es precisamente en este contexto donde la transparencia no es solo deseable, sino absolutamente necesaria. Cualquier paso en falso podría tener consecuencias no solo para los actores inmediatos, sino también para la credibilidad de Chile en los mercados globales.
La transparencia no es un concepto abstracto. En el contexto de la Estrategia Nacional del Litio, significa asegurar que cada decisión, cada acuerdo y cada paso que se tome sea realizado de cara a la ciudadanía, con mecanismos claros de rendición de cuentas. La sociedad tiene derecho a saber cómo se están gestionando sus recursos, cuáles son los acuerdos que se están construyendo y qué impacto tendrán tanto en el presente como en el futuro. Es en estos momentos donde la confianza de la ciudadanía en las instituciones está en juego, y la manera en que se implemente esta estrategia será un test decisivo para la imagen de Chile como país serio y comprometido con el bien común.
El litio es una oportunidad histórica para Chile. Pero esa oportunidad sólo se materializará si se gestiona con transparencia desde el inicio, evitando cualquier sombra de duda en el proceso. Los acuerdos que aún están pendientes, desde la alianza entre SQM y Codelco hasta las demandas judiciales y consultas pendientes, deben resolverse de manera clara y a la vista de todos. Solo así lograremos que el litio no sólo sea una fuente de riqueza para unos pocos, sino una plataforma de desarrollo para toda la nación.
