Opinión
Después de las elecciones municipales y regionales, este debe ser el tema político central. Hay que incitar a la sociedad chilena a tener que debatir y escoger entre la ya inocultable corrupción del Poder Judicial o la elección democrática de sus jueces y magistrados.
La sociedad del espectáculo que postuló hace 56 años Guy Debord como la subordinación al espectáculo de toda actividad social, cultural y política, adquiere ahora, valga la redundancia, una forma espectacular y rimbombante, con la publicación de las grabaciones de los WhatsApps de los hermanos Hermosilla, los que si bien los grabó Luis Hermosilla, los administra Juan Pablo Hermosilla, su hermano y defensor legal, estos bien podrían ser llamados: “The Hermosilla tapes”.
La administración de los hechos espectaculares no es cualquier oficio en la sociedad de la información, cual herederos y mejoramiento del maestro de ceremonias, tenemos a las y los influencers, que, si bien ahora aparecen asociados a las redes sociales, tienen sus antecedentes recientes en los DJs (Disc Jockey) y las socialités, en origen las “cortesanas”, mujeres que ejercían gran influencia política en las cortes reales durante la formación de los Estados europeos, una suerte de grandes consejeras. Las reinas y preferidas ejercían un mayor rol político en aquel tiempo, el cual hoy se aproxima al rol de primeras damas.
En fin, de la “política cortesana” de los Estados monárquicos se fue pasando a la “política de pasillos” con los procesos de democratización de los Estados con las revoluciones inglesa y francesa en los siglos XVII y XVIII. Hoy algunas mujeres ejercen como exitosas presentadoras y animadoras de TV, también algunos hombres, los hombres “anclas”.
Asimismo, tenemos una derivada más periodística, conocida como los “opinólogos” u “opinadores”, términos que pese a tener un perfil despectivo se les considera formadores de opinión.
Si bien todos estos oficios tienen un carácter farandulero, precisamente ese carácter no es ajeno a este proceso de formación de opinión, pero sobre todo insinúa la existencia de un poder subterráneo, no evidenciado en su actuación pública, pero decisivo en las grandes tomas de decisión política, económica o social.
Hoy, los operadores políticos, judiciales, financieros y otros, las oficinas legales o de abogados, las consultoras, etc., en fin, un conjunto que conforma el universo de los operadores del “tráfico de influencias”, semisoterrado, semiclandestino, pero de público conocimiento implícito.
Es sintomático que el origen de este hecho espectacular sea una gran estafa generalizada, conocida como el caso de los hermanos Sauer, propietarios de factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, que mediante la emisión de boletas falsas conseguían cuantiosos préstamos, lo que es una estafa generalizada, además de ser evasores sistemáticos de impuestos. Por esos hechos están en prisión preventiva.
Luego fueron acompañados por otros socios en iguales andanzas y su abogado de cabecera, Luis Hermosilla, además de poner en la palestra de los temas delictivos del hoy a varios políticos, principalmente de derechas, para de allí compleja y torpemente el asunto terminar, por ahora, en la remoción de la Corte Suprema para la ministra Angela Vivanco, que mostró toda su pericia como gran operadora del tráfico de influencias al haber dado vuelta dos sentencias previas en favor de Codelco y en contra de una empresa bielorrusa, que estaban asociadas, favoreciéndola definitivamente en la última instancia, pericia que, a no dudarlo, le costara el puesto y, probablemente, ser instalada como el chivo expiatorio, que ahora necesita con tanta urgencia la sociedad del espectáculo en Chile.
Por su parte el Parlamento, en este caso la Cámara de Diputados, avanza de manera “oportuna” en una acusación constitucional en contra de la ministra Angela Vivanco y también de los ministros Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz, asimismo referidos en los “Hermosilla tapes”.
El caso de los hermanos Hermosilla tiene la virtud de ir poniendo de presente la necesidad de democratizar en el Poder Judicial la escogencia de sus autoridades jurisdiccionales, mediante elecciones democráticas de sus jueces, magistrados, fiscales y defensores, tal cual lo acaba de aprobar el Parlamento de México y hace algún tiempo lo fue en Bolivia, además de algunos casos en los Estados Unidos de América y varios cantones de Suiza, ya históricos.
Como ya decíamos desde las revoluciones inglesa y francesa los poderes Legislativo y Ejecutivo de los Estados se fueron democratizando y haciendo, de estas modalidades, políticas de distribución del poder cada vez más universales, en la medida de lo posible, no obstante, lo que ha permanecido impoluto hasta ahora ha sido el Poder Judicial.
En el presente la mayor crisis del Poder Judicial no lo ha causado su clara y comprobada penetración por el crimen organizado, sino que su corrupción por los operadores del trafico de influencias, que no es simplemente y solo un asunto de poder, sino que de apropiación ilícita de grandes recursos públicos y, también, privados, como lo padecen en la actualidad los aportantes a nuestros sistemas de previsión social y de salud.
Después de las elecciones municipales y regionales, este debe ser el tema político central. Hay que incitar a la sociedad chilena a tener que debatir y escoger entre la ya inocultable corrupción del Poder Judicial o la elección democrática de sus jueces y magistrados.
