Opinión
Está claro que tenemos una institucionalidad hídrica rígida, lenta y centralizada que carece de información suficiente y oportuna para la toma de decisiones y que no responde a los requerimientos del actual contexto climático, tecnológico y social.
En su último Informe sobre Desarrollo Humano Chile 2024, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se pregunta: ¿por qué nos cuesta cambiar? ¿Por qué se entrampan cambios demandados largamente por la ciudadanía y cuya necesidad es avalada por el conocimiento experto?
Las respuestas dejan al descubierto que una de las principales causas está vinculada con “las insuficientes capacidades de la sociedad chilena para conducir cambios políticos, económicos y sociales”, esto derivado de la desconexión entre las élites políticas y económicas con la comunidad.
Esto se fundamenta –señala el informe– en que “han incumplido sostenidamente importantes promesas de cambio realizadas en el pasado” y “priorizar sus intereses electorales y económicos en desmedro del bienestar de la población, desconociendo las necesidades de las personas, la falta de voluntad para construir acuerdos que beneficien al país y de bloquear cualquier iniciativa de cambio que provenga de la coalición opuesta, sin considerar el bien común”.
Al leer el texto, vemos que la actual situación hídrica es un buen ejemplo de aquello, cuando sabemos que estamos transitando a una compleja etapa de escasez estructural con una demanda creciente presionada por la actividad productiva, como consecuencia del crecimiento económico y poblacional.
También está claro que tenemos una institucionalidad hídrica rígida, lenta y centralizada que carece de información suficiente y oportuna para la toma de decisiones y que no responde a los requerimientos del actual contexto climático, tecnológico y social, lo que ha impedido la existencia de una política pública legitimada que sea sostenible en el tiempo. Asimismo, carecemos de organizaciones de cuencas, que es donde están los problemas y las soluciones.
Mientras tanto, cada usuario o grupo de usuarios desarrollan sus procesos de cambios, afectando en algunas ocasiones las operaciones de otros o la calidad de vida de las comunidades o de los ecosistemas, creando conflictos que pueden ser evitables.
Todo lo anterior era conocido: la ciencia, la academia y los organismos internacionales como la OCDE, Banco Mundial, la Cepal, BID y otros organismos de carácter nacional lo señalaron en informes emitidos entre 2010 y 2020. Ninguno de estos diagnósticos con sus propuestas de soluciones ha podido implementarse, aun cuando existe un alto nivel de acuerdo.
Por otra parte, en la misma década, se realizaron decenas de mesas del agua en todo el país, donde también existían consensos locales en los grandes temas y en cómo resolverlos, sin embargo, a la fecha no existe una propuesta de hoja de ruta para enfrentar el futuro hídrico y un plan de inversiones a realizar a largo plazo.
Si bien hay acuerdos en los grandes temas en torno al agua y en la urgencia en concretarlos, no podemos desconocer que existen disensos cuando esas medidas se abordan en detalle.
Pero tampoco se trata de eliminar las diferencias, lo importante es trabajar una mirada común que nos permita encontrar un espacio donde podamos desarrollar colaborativamente los distintos intereses involucrados, en forma coordinada y en busca del bien común. Mientras tanto, seguimos entrampados sin avanzar en forma significativa para adaptarnos a nuestro incierto y complejo futuro hídrico.
