Opinión
El caso de las entidades estatales que gozan de autonomía judicial, comenzando con la Contraloría General de la República, es uno de los que ha sufrido mayor deterioro en los juicios ciudadanos y, por lo tanto, merece atención especial.
En la última década el crecimiento de Chile se estancó y dejó de ser el ejemplo de progreso en Latinoamérica. La productividad global del país no crece y no se han incorporado nuevas prácticas.
Cuando sobrevienen importantes crisis como las que han experimentado diferentes países en su historia, es conveniente recordar las respuestas de quienes las sufrieron.
Algunos han logrado superarlas, como es el caso de las regiones hoy desarrolladas, ya que, a pesar de los serios inconvenientes experimentados, han logrado superarlas progresando con nuevas actividades políticas, económicas y sociales, con lo cual mejoraron el bienestar de sus poblaciones. Es decir, aprovecharon el conflicto para pasar a otra etapa, superando su condición anterior.
En otros casos, los países no logran superar los efectos negativos del desequilibrio, no pueden realizar los cambios necesarios para salir de la hondura, a causa del desconocimiento de las causas que lo provocaron y la debilidad para realizar los cambios necesarios, con lo cual se mantienen en su estancamiento, y muchas veces se profundizó su estancamiento.
Chile parece estar en esta fase, ya que su PIB per cápita y su productividad no han crecido en el último decenio. En este tipo de casos se debe tomar conciencia de las trabas existentes y plantear los cambios necesarios para suprimirlas. Chile necesita superar los escasos acuerdos existentes, ya que son el principal escollo para retomar la senda del progreso que lo caracterizó hasta hace poco.
Haciendo avanzar algunos sectores productivos, estructuras sociales, expansiones regionales y otros componentes, lo cual robustece los adelantos. Sin embargo otras variables muestran estancamientos e incluso retrocesos, a pesar de que el espíritu de cambios las hace mejorar.
Los países que no se modernizan dejan de generar nuevas fuentes de progreso, se estancan y caen en la mediocridad. Es el caso de Chile, en que con frecuencia se escucha “todo cambió”, pero la población no lo hizo en las variables fundamentales.
Los fracasados intentos de cambios en la Constitución Política son los mejores ejemplos que no respondieron a las necesidades prioritarias de la ciudadanía, sino a grupos minoritarios con escaso respaldo, a pesar del apoyo gubernamental.
Sin embargo, el país requiere de una diferente organización del Estado, ya que las dificultades se agravan en todos los niveles.
Partiendo por el Ejecutivo, cada vez es más frecuente el debate de pasar de un régimen presidencial a uno parlamentario como cabeza del Gobierno, a semejanza de la mayoría de los países avanzados. Sin embargo, Chile y la mayoría de Latinoamérica, así como Estados Unidos, optaron históricamente por lo contrario. Se requiere un análisis y discusión en profundidad, no solo limitado a esas alternativas sino a otras mixtas.
En esa ocasión también debiera contemplarse la existencia de una cámara revisora de la tarea efectuada por la inicial, así como el número de parlamentarios, la duración de sus períodos, la reelección, sustitución en casos de fallecimiento, renuncia o incapacidad mental.
Un tema que se ha agravado y se mantiene sin acuerdos se refiere a los partidos políticos, ante las dificultades que ocasiona al Gobierno su segmentación y número existentes en la actualidad; el deseo general de reducir su cuantía y unidad operativa, tal como ocurría en el siglo XX: dos partidos de izquierda, de centro y de derecha; desde el porcentaje mínimo para su existencia hasta numerosas formas para su gestión y operación.
El Poder Ejecutivo también requiere de importantes cambios, aparte de los ya señalados, como su poder relativo respecto al Parlamento y el resto del Estado. La situación ha llegado a límites en que se refleja una eficiencia lejos de aquella necesaria para el progreso. Pueden mencionarse como ejemplos de su atraso los casos de seguridad pública y la inmigración.
Por lo tanto, no se trata solo de determinar las tareas propias de cada ministerio sino las ineficiencias propias en la gestión, el funcionamiento de su personal y el exceso de burocracia.
El país se ha caracterizado por la satisfacción de los derechos sociales de la población y descuidando los consiguientes deberes, con la creencia de que los recursos financieros y humanos son ilimitados. Esta ha sido una de las causas del estancamiento de la productividad en Chile.
Otro poder del Estado que está sufriendo un deterioro es el Judicial, en que se ha ido perdiendo su tradicional disciplina, no solo en la Corte Suprema de Justicia sino en las nuevas entidades más recientes, como la Fiscalía Nacional y sus entes geográficos. Un caso especial es el Tribunal Constitucional en la designación politizada de sus integrantes, así como sus dictámenes. Otra muestra de atraso es la disparidad jurídica de las opiniones de los jueces. Si bien el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia cumple con sus labores de control, no dispone de suficientes herramientas sancionatorias, sino básicamente de información.
La relativa autonomía con que trabajan ciertas especialidades es otra demostración con que actúa el sistema judicial, lo cual lo ha llevado a un creciente desprestigio, reflejado en las encuestas de opinión pública en que se pone énfasis en la crítica a los jueces. Es claro que algunos tribunales escapan a esta crítica, como el caso del Tribunal Calificador de Elecciones.
El caso de las entidades estatales que gozan de autonomía judicial, comenzando con la Contraloría General de la República, es uno de los que ha sufrido mayor deterioro en los juicios ciudadanos y, por lo tanto, merece atención especial.
