Venta de WOM: ¿y los activos del Estado?

Los incumplimientos de WOM, y el inicio de su proceso de Capítulo 11 en Estados Unidos, traen necesariamente a la memoria declaraciones de prensa del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, cuando afirmó que si la empresa no ha implementado el proyecto comprometido, “arriesga la pérdida de la concesión; eso es lo que establece la ley y nosotros estamos para que se cumpla la ley”.

Es difícil no estar de acuerdo con él, pero en estas materias la celeridad es tanto o más importante que la convicción. WOM no ha cumplido con ninguno de sus proyectos técnicos desde hace ya más de dos años, tiempo en el que decidió acogerse al Capítulo 11 en Estados Unidos, y hace algunas semanas anunció un proceso de venta de sus activos, liderado por accionistas que, antes de acogerse al Capítulo 11, efectuaron un retiro de utilidades por US$ 340 millones.

¿Pero qué activos puede ofertar a terceros? ¿Cómo podría responder si el Estado ejecuta las garantías y hace uso de las facultades sancionatorias que por ley le corresponde aplicar? ¿Le correspondería al comprador hacerlo?

El Estado de Chile y su institucionalidad regulatoria de telecomunicaciones –reconocida a nivel internacional– no pueden ser burladas, menos aun tratándose de activos esenciales constituidos por concesiones del espectro radioeléctrico, definidas como bienes nacionales de uso público sujetos a una eventual caducidad, que sin duda afectará a ese posible tercero adquirente.

Las boletas de garantía entregadas corresponden hoy a más de US$ 50 millones, las que no fueron ejecutadas en el momento que correspondía; es decir, al momento mismo de constatarse el incumplimiento de los plazos de despliegue de la red comprometida en la licitación del espectro radioeléctrico para 5G. Ello permitió que WOM pudiera iniciar procesos legales, demandando al Estado de Chile ante el CIADI, suspendiendo judicialmente el cobro respectivo.

El cobro de las garantías no exime a WOM o su continuador de ejecutar las inversiones y desplegar toda la red pendiente, lo que complejiza aún más el panorama, dado que los únicos oferentes para comprar sus activos serían KKR, América Móvil y Telefónica, Mundo y los bonistas mismos. Se trata de actores mayoritariamente fijos, que seguramente deben estar viendo con más interés esos activos que los móviles, dado que la incertidumbre de las concesiones y la necesidad de inversión en las redes para cumplir los concursos son enormes.

En atención a lo expuesto anteriormente, es esencial que se cumplan las bases de los concursos públicos que se adjudican y, cuando corresponda, se recuperen las concesiones del espectro radioeléctrico, activos valiosos para el Estado de Chile, ya sea para nuevos actores o nuevas licitaciones. En caso contrario, se estará generando un peligroso precedente, con empresas que, pese a no haber cumplido sus compromisos y obligaciones, pueden además ofertar y transar con terceros concesiones que contienen bienes de todos los chilenos.