Los 17 millones de Marcela Cubillos: un caso de contratación política

La defensa de Marcela Cubillos ante la develación de su millonario sueldo es imposible de creer: que se trata de la libertad de mercado o de enseñanza, lo que fija un sueldo en el mayor nivel posible. La verdad es que no hay mercado que justifique un sueldo de este tipo, menos por una jornada parcial y sin investigación alguna.

Se trata, evidentemente, de un pago por una vinculación política, en afinidad con la dirección de esta casa de estudios en particular, la Universidad San Sebastián, como universidad de la derecha. Quizás en Chile esto nos parece natural a estas alturas –que existan universidades de derecha, o universidades para ciertos niveles socioeconómicos–, pero ello es bien difícil de explicar y entender más allá de nuestro contexto nacional.

Entonces, para insistir en lo que todo el mundo ya sabe, este caso no se trata de libertad comercial, de trabajo o libertad educativa, porque si así fuera se le pagaría a Cubillos un sueldo de mercado. Se trata de una contratación política, que obedece entonces a una decisión estratégica de esa universidad para posicionarse en el ámbito político o del Estado, seguramente con el propósito de obtener recursos de las redes políticas con las que se vincula.

Nada de esto es aceptable desde el punto de vista legal, en la medida que las universidades no deben apartarse de sus fines que les son específicos, según la ley.

Ahora, es verdad que en el sistema chileno también aplica una autonomía de cada proyecto universitario y que, habiéndose acreditado una universidad, puede acceder a los subsidios estatales que se destinan a la educación superior. Este caso nos interpela entonces a hacernos cargo de las condiciones en que la educación cumple un fin público, para la cual se le asignan fondos fiscales más allá de la propiedad de la institución.

¿Es el lucro un fin público? Pues no. La ley, incluso desde la dictadura, siempre lo ha indicado así. ¿Es la apropiación de recursos vía sueldos que están radicalmente fuera del mercado para fines políticos un fin público? Evidentemente tampoco. Es, en efecto, una especie de lucro.

Pero la Universidad San Sebastián está acreditada, y en su última resolución de acreditación, por cinco años, otorgada el año 2022, se establece que cuenta con una política de contratación clara y transparente. No obstante, una política de contratación y remuneraciones que se aparta de los fines académicos, para hacer cuantiosos e injustos pagos políticos, evidentemente que no es pública ni conocida, sino que opera de manera oculta y corrupta.

¿Se habría acreditado la USS si es que hubiera declarado que, en nombre de su autonomía y libertad, tiene dos sistemas de contratación, uno para académicos y académicas con formación y que en verdad trabajan en docencia, investigación y vinculación con el medio y a quienes en verdad se les paga de acuerdo al mercado, y otro que, basado en la explotación del trabajo de sus académicos(as), de los aranceles pagados por estudiantes y de los recursos aportados por el Estado, se dedica a contratar a figuras políticas de la derecha mientras no estén en cargos públicos?

Ciertamente, habría sido difícil acreditarse si hubiera declarado una política de este tipo, aunque en esta línea Cubillos justificó los 17 millones mensuales pagados por cuatro años.

La Universidad San Sebastián deberá explicar entonces por qué no declaró sus verdaderos sistemas de contratación a la CNA, donde la calidad académica no es finalmente el estándar que determina sus políticas de remuneraciones en casos como el de Cubillos.

Como país, es importante no retroceder los avances en materia de calidad de la educación superior que hemos alcanzado en las últimas décadas, donde al menos no es aceptable que, invocando libertad o autonomía, una universidad se aparte de su misión y abuse de la confianza y recursos públicos.