Opinión
Pero hoy el derecho a saber enfrenta nuevos desafíos, en una era digital que ha reconfigurado, entre otras cosas, las formas en que se produce información.
Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Universal del Acceso a la Información, efeméride impulsada por Unesco en 2015 y adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2019, con el objetivo de poner en valor la crucial importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a informar y ser informado, como aspectos fundamentales para las democracias modernas.
En el año 2000, el politólogo y miembro de la comisión real de Nueva Zelanda, Richard Mulgan, definió a la rendición de cuentas (o “accountability”) como el proceso al que se deben las autoridades en las democracias modernas, siendo un diálogo crítico entre quienes ejercen el poder y aquellos que se lo han delegado. Este principio garantiza el deber de los representantes de dar explicaciones a sus representados y, al mismo tiempo, el derecho de estos últimos a exigir respuestas.
El acceso a la información de interés público no solo empodera a la ciudadanía, sino que le da herramientas para tomar decisiones de manera informada. Por el contrario, una sociedad civil poco informada y empoderada se vincula directamente con el aumento de la corrupción, la erosión de libertades y el debilitamiento de las democracias, según lo señalan organismos como Transparency International (responsables del Índice Anual de Percepción de Corrupción).
Pero hoy el derecho a saber enfrenta nuevos desafíos, en una era digital que ha reconfigurado, entre otras cosas, las formas en que se produce información. Internet, una plataforma que en sus inicios prometía ser el sueño de la red de redes y contribuir directamente a una mayor democratización del conocimiento, es atravesado por fenómenos que han puesto en riesgo su capacidad de servir como un espacio de comunicación y conexión abierto e inclusivo.
Para ofrecer un diagnóstico de estos desafíos, en julio de 2024 la Relatoría de la Libertad de Expresión (RELE), a pedido de la Organización de los Estados Americanos, presentó su informe sobre inclusión digital y gobernanza de contenidos en Internet; es una hoja de ruta para promover dentro de los Estados la importancia de fortalecer, entre otras cosas, el acceso ciudadano a la información y al conocimiento en los entornos digitales.
El peligro de una “plataformización” fue una de las principales advertencias del estudio; esto ocurre cuando compañías proveedoras de aplicaciones y servicios en línea, normalmente concentradas en pocos actores, no solo ofrecen infraestructura tecnológica y de datos, sino que influyen de forma significativa en las dinámicas sociales, económicas y en la formación de la opinión pública. Esto arriesga homogeneizar el espacio digital y hacerlo excluyente, mermando la experiencia de acceso a la información de interés.
Respecto a nuestro contexto local, si bien la transformación digital de Chile ha estado enfocada en fortalecer el acceso a Internet y la infraestructura digital –con un marcado énfasis en la expansión global–, con planes como Brecha Digital Cero 2022-2025 y la Ley de Internet como Servicio Público, siguen pendientes el desarrollo e implementación de políticas integrales de educación y alfabetización digital, que contribuyan al empoderamiento ciudadano y aumentar sistemáticamente las capacidades que permitan a las personas realizar una evaluación crítica de la información a la que acceden.
No fortalecer este aspecto desde las políticas públicas, contribuye a perder de vista la esencia de Internet y su potencial como herramienta para el fortalecimiento de los derechos y de las democracias. En un contexto en el que el espacio digital ha generado una relación indisoluble con los derechos humanos, tanto en su promoción como en su potencial limitación, desde el movimiento Wikimedia, dedicado a la promoción y la defensa del acceso abierto al conocimiento y la información (a través de plataformas libres como Wikipedia), vemos la necesidad de levantar esa bandera.
En este nuevo año de conmemoración del Día Internacional del Acceso a la Información, consideramos necesario que exista reflexión e intercambio entre organizaciones gubernamentales, sector privado y la sociedad civil, en función de que la transformación digital de Chile no deje de lado el respeto de los derechos fundamentales, el derecho a saber y la consagración de la información como un bien común, que nos ayuda a promover el desarrollo social y la estabilidad de la democracia, además de contribuir directamente a la construcción de una ciudadanía más fortalecida respecto al conocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos.
