Opinión
La expansión de la matrícula en la educación superior, incentivada tanto por el CAE como por la gratuidad, ha permitido que más personas accedan a la universidad. Sin embargo, este acceso masivo ha venido acompañado de una preocupante falta de calidad en muchos casos.
La introducción del Crédito con Aval del Estado (CAE) en 2006 significó un aumento masivo en la matrícula de educación superior en Chile, pasando de 452.325 a 1.068.263 estudiantes en pregrado. Esta política permitió que muchos jóvenes de familias de bajos recursos accedieran a la universidad, algo que en décadas anteriores parecía imposible. No obstante, el impacto de la gratuidad, implementada en 2016, ha sido diferente. Aunque ha traído un alivio considerable para las familias más vulnerables, no ha generado el mismo aumento en las matrículas que el CAE.
Más allá de estos logros, persiste una preocupación latente sobre la estructura y calidad del sistema de educación superior. A principios de 2024, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) lanzó una minuta donde identificó varios factores que podrían estar limitando la competencia en este sector. Entre ellos, destacó las fricciones en la oferta, señalando que los programas universitarios no siempre están alineados con las necesidades del mercado laboral. Es en este punto donde quiero detenerme.
El mercado de la educación superior ha visto una masificación de programas universitarios, pero esto no ha estado necesariamente acompañado de un aumento en la calidad. Desde el punto de vista de organización industrial, las instituciones de educación superior parecen estar compitiendo más en la variedad de productos (carreras) que en la calidad de la formación que entregan. De esta forma, las universidades están ampliando su oferta para captar más estudiantes, pero no están logrando cerrar las brechas de conocimiento que existen al momento de ingresar a la universidad. Este es un problema estructural que debe abordarse urgentemente.
En respuesta, algunas universidades han implementado programas de acompañamiento estudiantil, como tutorías y mentorías, para apoyar a los estudiantes que llegan con deficiencias académicas. Estos programas buscan identificar a los alumnos con mayores carencias antes de que ingresen a la universidad y ofrecerles un apoyo adicional durante su primer semestre. Si bien la evidencia sugiere que estos programas tienen un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes, el efecto es leve. Esto refleja un problema más profundo, relacionado con los incentivos de las universidades y las políticas educativas.
Uno de los temas más relevantes en esta discusión es el papel de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). A menudo, la acreditación se percibe como una revisión superficial de indicadores que otorga a las universidades años de acreditación, necesarios para acceder a la gratuidad. Sin embargo, es crucial estudiar más en profundidad la labor de la CNA. No basta con la revisión de métricas como las tasas de titulación o el número de profesores de planta; es esencial que la acreditación garantice mejoras sustantivas en la calidad educativa, asegurando que las universidades no solo cumplan con los requisitos mínimos, sino que impulsen una educación de excelencia.
La política de gratuidad ha jugado un rol importante en la masificación de los programas, ya que ha incentivado a muchas universidades no tradicionales a adscribirse para captar los recursos estatales. Aunque existe una cota del 2,7% de crecimiento anual de matrícula por programa, esta limitación no considera la apertura de las mismas carreras existentes en otras sedes o apertura de nuevas sedes directamente. Esto ha permitido que algunas instituciones, especialmente aquellas con menor prestigio, amplíen su oferta de manera significativa, captando más estudiantes sin necesariamente mejorar la calidad de la enseñanza. En lugar de promover una competencia por la excelencia, la gratuidad ha generado incentivos para que las universidades aprovechen los fondos públicos, con la certeza de que el Estado cubrirá los aranceles de referencia, independientemente de si la educación que imparten es de alta calidad.
Este enfoque podría estar desviando la atención de lo que debería ser el verdadero objetivo: mejorar el acceso a una educación superior de calidad. La apertura de nuevas sedes para los mismos programas permite que las universidades eviten las restricciones de crecimiento anual de matrícula, lo que las lleva a expandirse sin enfrentar el desafío de elevar sus estándares académicos. Como resultado, muchas de estas instituciones han centrado sus esfuerzos en incrementar su matrícula, en lugar de ofrecer programas más robustos que preparen a los estudiantes para el mercado laboral. Esto se refleja en que, aunque las universidades logran aumentar el número de estudiantes, no siempre están cerrando las brechas de conocimiento de aquellos que ingresan.
El impacto negativo de esta expansión descontrolada es evidente. Si bien las tutorías y programas de acompañamiento pueden ayudar a mitigar algunos de los efectos de las desigualdades previas a la entrada a la universidad, estas medidas por sí solas no son suficientes. El problema subyacente es que las universidades, al enfocarse en la cantidad y no en la calidad, no están invirtiendo lo necesario para cerrar las brechas académicas antes de que los estudiantes comiencen su vida universitaria. Esta masificación, sin una mejora sustancial en la calidad, no solo afecta a los estudiantes, sino que también perjudica al sistema educativo en su conjunto, debilitando la credibilidad y la efectividad de la educación superior en Chile.
El rol de la CNA es clave en este escenario. La acreditación no puede ser vista únicamente como un trámite para acceder a la gratuidad hoy en día, ya que el prestigio al otorgar años de acreditación no es el mismo que hace 20 años atrás. Es necesario que esta entidad actúe como un agente real de mejora continua en las universidades. Debe tener un rol más activo en exigir que las instituciones educativas no solo cumplan con los estándares mínimos, sino que también ofrezcan planes claros de mejora y seguimiento.
El proceso de acreditación debería enfocarse en evaluar los programas académicos de manera integral, considerando no solo la infraestructura y los recursos, sino también los resultados concretos en términos de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Además, es fundamental que la CNA desarrolle mecanismos más estrictos para generar incentivos que eviten que las universidades utilicen la apertura de nuevas carreras como una forma de esquivar las restricciones de crecimiento. Si bien la expansión de la oferta académica puede parecer un signo positivo, es vital garantizar que esta expansión no se haga a costa de la calidad. En última instancia, el sistema de acreditación debe ser una herramienta para promover la excelencia, no solo un proceso burocrático.
En resumen, la expansión de la matrícula en la educación superior, incentivada tanto por el CAE como por la gratuidad, ha permitido que más personas accedan a la universidad. Sin embargo, este acceso masivo ha venido acompañado de una preocupante falta de calidad en muchos casos. Las universidades han priorizado la cantidad de estudiantes sobre la calidad de la formación, y la política de gratuidad ha incentivado esta expansión desmedida.
La CNA tiene un rol fundamental en corregir este rumbo, asegurando que la acreditación sea un proceso riguroso que promueva la mejora continua de la educación superior. Solo así se podrá garantizar que el aumento en la matrícula no sea a costa de la calidad educativa, y que los estudiantes, independientemente de su origen, tengan acceso a una formación de excelencia que los prepare para el futuro.
