Opinión
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En el caso de los 16 gobiernos regionales chilenos, de un total de 2.100 funcionarios, no más de 40 se desempeñan en unidades de control interno. Este número es insuficiente a la luz de los hechos y de la gran cantidad de recursos fiscales que destinan los gobiernos regionales a inversión pública.
El caso Fundaciones, que ha afectado a los nacientes gobiernos regionales, no ha podido salir de la dimensión judicial para centrar su discusión en propuestas que permitan hacer de esta crisis una oportunidad para fortalecer la descentralización y, en particular, el control de la gestión a nivel regional.
Es sabido que la administración pública desarrolla su gestión sometida al control de organismos internos o externos. Las instituciones públicas autónomas, como las municipalidades y gobiernos regionales, instalan esos mecanismos de control internos, muchas veces condicionados por la disponibilidad de recursos financieros propios. Esto resulta determinante para contar con profesionales especialistas, que puedan reducir al mínimo las faltas a la probidad o los casos de corrupción en dichas instituciones.
En el caso de los 16 gobiernos regionales chilenos, de un total de 2.100 funcionarios, no más de 40 se desempeñan en unidades de control interno. Este número es insuficiente a la luz de los hechos y de la gran cantidad de recursos fiscales que destinan los gobiernos regionales a inversión pública. Incluso, hasta hace pocos meses existían gobiernos regionales que no tenían unidades de control formalmente constituidas.
Pero también las instituciones públicas tienen controles externos. El principal y más relevante (no siendo el único) lo ejerce la Contraloría General de la República. Su labor principal es eminentemente fiscalizadora en el ámbito jurídico, contable y financiero, pues está destinada a cautelar el principio de legalidad en el cual se desenvuelven todas las instituciones públicas del país.
Este nivel de control externo es esencial para un adecuado funcionamiento de las instituciones públicas subnacionales, porque, así como puede evidenciar faltas a la probidad o derechamente delitos en el ámbito público, también puede anticipar o prevenirlos. De este modo se deduce que ambos controles, el interno y externo, deben ser lo suficientemente robustos y eficaces para evitar hechos de corrupción o faltas a la probidad.
¿Cómo fortalecer el control de la gestión pública a escala subnacional? Esencialmente planteo tres propuestas.
La primera es que las unidades de control interno de los gobiernos regionales dependan administrativa y jerárquicamente de las contralorías regionales de la república. Es decir, con esta acción se persigue que las unidades de control de los gobiernos regionales tengan la capacidad de actuar con mucha mayor autonomía e independencia de la que eventualmente hoy pudieran tener.
La segunda propuesta es aumentar la cantidad de profesionales de la Contraloría General de la República, pero sobre todo en las contralorías regionales. Esto con el propósito de intensificar y fortalecer las estrategias de control preventivo, experiencias muy positivas que se han desarrollado en algunas regiones e instituciones subnacionales, las que por la escasez de profesionales no han continuado ni se han profundizado adecuadamente.
La tercera propuesta, vinculada a la anterior, tiene relación con impulsar un proceso de desconcentración de funciones desde la Contraloría nacional hacia las contralorías regionales, específicamente sobre algunas temáticas cuyas decisiones hoy están centralizadas. Muchas de ellas están asociadas a trámites (tomas de razón, visaciones) vinculadas al control de la gestión financiera de los gobiernos subnacionales, las que, al estar centralizadas, hacen extremadamente lenta la concreción de la inversión pública para gobiernos regionales y municipalidades.
Si nos quedamos en la dimensión judicial del caso Fundaciones, cuestión que es necesaria para establecer responsabilidades y recuperar la fe pública de instituciones subnacionales, será completamente insuficiente para seguir avanzando en el proceso de descentralización. Muchos esperamos que esta crisis se transforme en una oportunidad por el bien de la descentralización y aparezcan más propuestas para seguir avanzando en el control de la gestión, y en el corto plazo se puedan concretar.
Esperamos aparezca la voluntad para empujar soluciones y no quedarnos atrapados en la crítica sin propuestas, cuestión que solo perjudica al proceso de descentralización y a ciudadanos de regiones y comunas.
