Opinión
AgenciaUno
Las matrículas de la USS en 2025 y los resultados de la candidatura edilicia de Cubillos serán considerados pruebas de fuego respecto de esta dimensión simbólica. Distinto es si el caso Cubillos es legal o ilegal.
El salario millonario de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián (USS) ha desencadenado una controversia pública de gran envergadura, que gira en torno a dos ejes principales. Por un lado, se debate si su remuneración es “justa”, no solo desde una perspectiva ética, sino también en cuanto a si se “ajusta” a los parámetros y normativas del campo universitario. Por otro lado, surge una discusión más profunda sobre los valores que deben prevalecer en una universidad, no en un sentido estrictamente moral de lo correcto o incorrecto, sino en términos de qué se considera valioso y, por tanto, digno de ser mejor recompensado.
La sociología, desde Max Weber en adelante, nos enseña que las sociedades modernas se han diferenciado en esferas de valor, de modo que lo que es cierto en una, no lo es necesariamente en otra. Lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, lo moral y lo inmoral, lo justo y lo injusto, lo legal y lo ilegal, lo legítimo y lo ilegítimo, lo verdadero y lo falso, lo útil y lo inútil, lo valioso y lo insignificante, todo eso se ve distinto dependiendo de la esfera en que se evalúe.
Cuando Marcela Cubillos se ha defendido diciendo que se trata de un contrato entre privados, terminado antes de volver a la política, con una remuneración que paga impuestos, ella apela a que no existe nada ilegal ni ilegítimo, y que la USS, de acuerdo con su proyecto educativo, considera que su trabajo es altamente útil y valioso, y que ello se refleja en lo elevado de su sueldo. Sobre la base de esta línea argumental, ella excluye del debate a quienes dicen que “se ve feo”, “que hace mal”, “es inmoral”, “es injusto”, “es ilegítimo” y que su aporte no puede ser considerado “valioso”.
Estas críticas responden a la dimensión reputacional y potencialmente pueden dañar el capital simbólico de la USS o la carrera política de Cubillos (algunos dicen lo contrario), pero no tienen consecuencias formales ni sanciones institucionalizadas.
Las matrículas de la USS en 2025 y los resultados de la candidatura edilicia de Cubillos serán consideradas las pruebas de fuego respecto de esta dimensión simbólica. Distinto es si el caso Cubillos es legal o ilegal, pues este es el lenguaje de las instituciones y puede haber sanciones. Las denuncias e investigaciones en curso constituyen una prueba muy diferente.
La teoría de la justificación de Luc Boltanski y Laurent Thévenot muestra que, en disputas cotidianas, las personas recurren a distintos repertorios normativos para justificar, por ejemplo, si un sueldo “X” es justo o no. Las controversias pueden estar instaladas dentro de una misma esfera, de modo que lo que para algunos es grande, para otros es pequeño.
Esos repertorios responden a esferas de valor distintas, de modo que lo que puede ser justo en una, no lo es en otra; lo que es “grande” en una “esfera”, puede ser pequeño en otra. Cuatro esferas de valor o “ciudades” (como las llaman Boltanski y Thévenot) son relevantes: la ciudad mercantil, la ciudad del renombre, la ciudad cívica y la ciudad industrial.
La principal justificación de Marcela Cubillos se sitúa en el mundo mercantil, donde se invoca la libertad contractual en el ámbito privado. Bajo este enfoque, se podría argumentar que su salario refleja su valor de mercado. Se podría decir que ese valor está reforzado por ser ella una “personalidad” altamente reconocida en el ámbito público e institucional, caso en el cual su argumento se basa además en la “ciudad del renombre”, donde lo valorado es ser conocido por una amplia audiencia.
Según este argumento, las universidades privadas, como cualquier otra organización, pueden recurrir a figuras públicas, “rostros”, para mejorar su imagen, atraer matrícula o generar ingresos. No pocos chilenos avalan este tipo de argumento. Cubillos argumenta en este punto en función de un arreglo entre dos ciudades: mercantil y del renombre.
A esta justificación pueden oponérsele críticas que vienen desde la misma ciudad mercantil. Se han criticado las posibles distorsiones de mercado y la desalineación de su sueldo con el valor de mercado. Tal desalineación solo parece poder apoyar una justificación en una “economía de lo raro”, según la cual el valor de un bien o servicio está determinado no solo por su utilidad o demanda, sino principalmente por su escasez o rareza.
En este tipo de economía, lo raro, exclusivo o difícil de conseguir se vuelve un bien altamente valorado, no por sus características intrínsecas, sino por su limitada disponibilidad o dificultad de acceso.
Por ello, la justificación de Cubillos suma al argumento de la ciudad mercantil el de la ciudad del renombre, pues solo en esta última puede alegar su carácter exclusivo. Su “rareza” económica reside, según este argumento, en ser una figura única, de alto perfil, que añade prestigio a la institución. Su salario sería ajustado desde este punto de vista. La pregunta es si la rareza de Marcela Cubillos es tal que alcanza a cubrir la diferencia entre su precio de mercado y el sueldo de 17 millones.
Las cosas se ven bien distintas desde la “ciudad industrial”, donde se justifican las diferencias de grandezas (y con ello las compensaciones) en función de la eficiencia y productividad. Aquí, los resultados tangibles son lo que importa: las credenciales académicas, investigaciones mediante proyectos financiados en concursos competitivos, publicaciones en revistas especializadas, una gestión eficaz o el desarrollo de programas educativos. En este mundo, los salarios deben reflejar idealmente los logros en la producción intelectual y en la gestión y administración institucional.
En este ámbito, la propia Marcela Cubillos ha defendido su posición, mencionando que ella es una profesora muy estimada y requerida por los estudiantes, ha recibido muy buenas evaluaciones por parte de ellos y ha realizado varias publicaciones. Las críticas que se apoyan en esta ciudad han sido muchas y muy fuertes, y se resumen en la doble idea de que Cubillos no tiene ni las credenciales básicas de entrada al campo universitario (doctorado es el estándar hoy) ni la productividad mínima para siquiera mantenerse en él (investigación comprobable, además de la docencia y la extensión).
Hay académicos y movimientos que han puesto en cuestión la tendencia de que la productividad académica se mida en “papers” indexados, proyectos concursables, número de citas, etc. Una de las críticas reside en que estas métricas estandarizan, normalizan y disciplinan la producción intelectual y la investigación, de por sí inconmensurable.
Pero hoy esa misma estandarización es la que se hace valer como referencia objetiva para acusar lo injustificado del sueldo de Cubillos. Uno de los efectos escondidos de esta controversia está siendo reafirmar estas métricas y blindarlas frente a la crítica de lo que se ha llamado “la tiranía” de las citas e indexaciones.
En la controversia hay una última ciudad en juego: la ciudad cívica. Marcela Cubillos no ha recurrido a ella en su argumentación, pero sí sus críticos. Según esta ciudad, los salarios deberían reflejar la grandeza entendida como la contribución al bien colectivo, tanto de la institución como de la sociedad en su conjunto. Esto muchas veces tiende a confundirse con la eficiencia y productividad científica, pero no lo hace del todo. Es conocida la crítica que señala que hay académicos que publican una gran cantidad de papers en temas que no interesan a nadie, y en revistas que nadie lee.
Ese es un ejemplo de que lo cívico y lo industrial no se confunden. Es en esta ciudad cívica donde se ampara la denuncia ante la Superintendencia de Educación, que busca definir si en este caso se ha cumplido con la reglamentación sobre el uso adecuado de los recursos públicos a los que acceden las universidades.
La pregunta desde aquí es: ¿qué contribución significativa realiza Cubillos al bien común en el contexto universitario, considerando que su trayectoria ha estado mayormente en la esfera política? ¿Constituye el sueldo de Cubillos un uso adecuado de recursos orientados a la educación?
Estamos frente a una controversia entre posiciones que se nutren de repertorios normativos distintos y no necesariamente compatibles. La noción de mérito es múltiple, compleja y productora de críticas y justificaciones. Las personas pueden justificar salarios muy elevados, pero solo cuando se asocian a una grandeza reconocible dentro de los diferentes órdenes de valor.
Deportistas, artistas, empresarios exitosos, creadores, entre otros, son buenos ejemplos. Ellos también están sujetos a pruebas. Cuando un futbolista de primer nivel baja su rendimiento, inmediatamente aparece la crítica de lo caro que resulta para el club.
En el mundo universitario también hay reconocimiento de grandezas. Un salario equivalente al de Marcela Cubillos muy posiblemente no causaría tanto revuelo si se tratara de un rector, un científico galardonado internacionalmente o alguien que generara altos ingresos a la universidad a través de grandes proyectos, patentes o descubrimientos. Las universidades públicas y su fijación de sueldos tienen restricciones para elevar esos reconocimientos que no tienen las universidades privadas.
Hay una segunda controversia, más relevante y antigua, que tiende a confundirse con la disputa por lo ajustado del salario de Cubillos. Se trata de la controversia acerca de qué orden(es) de grandeza, qué “ciudades”, debe(n) primar en una universidad a la hora de hacer contratos y destinar recursos. ¿Quiénes son grandes y quiénes pequeños, y deben ser compensados como tales en una universidad? ¿Deben las universidades privadas habitar ciudades algo distintas a las públicas?
Marcela Cubillos ha defendido abiertamente que una universidad privada puede regirse en primer lugar por una ciudad mercantil, al igual que cualquier empresa. Puede combinar esa ciudad mercantil con una ciudad del renombre (contratar a famosos, a “grandes” en otras ciudades). Puede combinarse también con una ciudad industrial (exigir a sus académicos productividad estandarizada). La dimensión cívica vendría a ser algo así como un resultado de todo lo anterior. Lo que se entiende es que los contratos pueden ser modulables según varias combinaciones posibles.
Puede haber académicos “regulares” (ciudad industrial) e “irregulares” (ciudad mercantil y del renombre) y los sueldos pueden diferir varias veces, todo ello sin problema y definido autónomamente por la propia universidad. No debe ser una norma o regulación lo que define cómo se genera el bien colectivo universitario, pues son sus directorios los que sabrían mucho mejor cómo lograr ese objetivo.
¿Es en esas ciudades (y bajo esa lógica) donde habitan las universidades privadas? Marcela Cubillos dice que así es, que ha sido un logro mediante el triunfo del “Rechazo” al primer proceso constitucional, que no hay problema en ello y que decir otra cosa es faltar a la verdad.
Para otros, la universidad debe regirse más estrictamente y en primer lugar por un “arreglo cívico-industrial”, es decir, donde los recursos se definan en primer lugar según criterios de desarrollo del bien colectivo y del conocimiento bajo condiciones competitivas.
Esta amalgama cívico-industrial es un sistema de legitimación para muchas universidades. Las universidades (no solo públicas) basan la justificación de su grandeza típicamente en ese arreglo. Ser una universidad grande (en el sentido de la grandeza aquí discutida) es serlo en el ámbito cívico-industrial; es utilizar todos los recursos de manera racional con el objetivo de maximizar el bien común universitario y, con ello, su aporte a la sociedad. De tener lugar, la ciudad mercantil (incluso en su arreglo con la ciudad del renombre) debe justificarse frente al altar del “arreglo cívico-industrial” y expresarse en un uso acorde de los recursos.
Todo o gran parte de lo que se ha dicho en los medios y también en la calle sobre el sueldo de Marcela Cubillos puede reconstruirse en función de las controversias y de los repertorios de justificación y crítica indicados arriba.
El caso de Marcela Cubillos es mucho más que una discusión sobre su salario. Remece ciertos cimientos normativos y nos hace preguntarnos sobre qué es lo justo/ajustado en qué contexto e institución. Expone una querella más profunda sobre qué tipo de sistemas normativos deben regir las instituciones de educación superior. La respuesta no es sencilla y dependerá de qué “ciudades” prevalezcan y dónde.
Lo que está claro es que, mientras las universidades se debaten entre lo mercantil y del renombre, lo cívico y lo industrial, la controversia sobre qué valores deben regirlas está lejos de terminar.
