Opinión
AgenciaUno
Sin fondo único, el proyecto no cuenta con los votos de la derecha. Con fondo único, no cuenta con los de la izquierda. El proyecto, así, es políticamente inviable y parece haber sido presentado más por cumplir con el compromiso adquirido al aprobar la ley corta, de enviar al Congreso una reforma.
El Gobierno acaba de enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley de reforma a las isapres. El proyecto es una mala idea por varios motivos: equivoca el camino, no resuelve los problemas de fondo y su probabilidad de aprobarse es cercana a cero.
El proyecto equivoca el camino, porque con casi un 85% de personas afiliadas a Fonasa, este seguro es sin duda la parte más importante de nuestro sistema de salud, una que requiere reformas urgentes que lo hagan más eficiente, más capaz de intervenir en la resolución de listas de espera y más independiente de la política de turno. El Gobierno debería, sin duda, priorizar una reforma al seguro público.
Por otra parte, el proyecto propone esencialmente dos cosas: un plan único de salud de un mismo precio para todos los afiliados a una isapre y fin a las preexistencias. La dificultad con esto es doble. Por un lado, no enfrenta los problemas de eficiencia de las isapres. Estas se caracterizan por un elevado gasto administrativo, que duplica al de las mutuales y no beneficia a los pacientes. Además, carecen de mecanismos que mejoren la eficiencia del gasto en salud, como sería un pago a los prestadores por problema de salud resuelto y no simplemente por exámenes o prestaciones, mecanismos que incentivan más procedimientos y gasto, no necesariamente mejor salud.
Más aún, el mecanismo para poner fin a las preexistencias es a lo menos discutible. Al haber un plan de un solo precio, que sería vigente para siempre, y al no poder las isapres rechazar afiliados, se puede producir un fenómeno llamado selección adversa, por el cual los enfermos más graves y costosos eligen la isapre. Para evitar esto, que puede llevar a la quiebra a los seguros, los países desarrollados han optado por crear un fondo de compensación entre seguros de salud, que permite distribuir los recursos de la cotización, asignando más dinero a las isapres con pacientes más enfermos y menos a aquellas que tiene pacientes más saludables. El Gobierno opta por otra opción: las isapres tendrían que “reasegurarse”, contratando un seguro que las cubra, en caso de que sus gastos estimados superen sus ingresos.
¿El motivo? En el Gobierno, muchos ven el fondo único entre isapres como una “línea roja”. De crearse, pondría en riesgo la existencia de un seguro único nacional de salud. ¿El resultado de todo esto? Sin fondo único, el proyecto no cuenta con los votos de la derecha. Con fondo único, no cuenta con los de la izquierda. El proyecto, entonces, es políticamente inviable y parece haber sido presentado más por cumplir con el compromiso adquirido al aprobar la ley corta, de enviar al Congreso una reforma de fondo, que con la esperanza de que este realmente se apruebe.
A esto hay que sumar un escenario en el Congreso que es imposible que sea más complejo: se tramita una reforma de AFP, el nombramiento de jueces de la Corte Suprema (y al mismo tiempo su potencial destitución) y la Ley de Presupuesto. No hay tiempo para el debate en salud.
Finalmente, en este difícil escenario, las reformas al sector salud no se detienen. Donde los legisladores no actúan, las reformas se producen por inercia. En este caso, podemos esperar que continuará la migración de afiliados de isapres a Fonasa, el cual se convertirá en un seguro nacional, no por medio de una reforma legal, sino simplemente por la fuerza de los hechos.
