Opinión
En metodología uno aprende que un instrumento de medición debe ser válido y confiable, lo que implica, en el primer caso, que mida lo que se quiere medir y no otra cosa.
La reciente encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y difundida profusamente, ha incluido una parte en que se les pide a los entrevistados su opinión sobre el estallido social de octubre de 2019. A la luz de los resultados de dicho estudio, la supuesta conclusión que muchos han sacado, que ha regocijado a la derecha y que diferentes medios de comunicación han repetido sin ningún filtro, es que, para decirlo en una palabra, “la gente cada vez más aumenta su rechazo frente al estallido social”.
Llama la atención que en la entrega oficial del denominado “oráculo” sobre la situación y evaluación política nacional y de otras variables, los representantes del CEP no hayan hecho precisiones necesarias para que, particularmente en el tema en comento, no se esté instalando algo que merece serias reservas metodológicas.
En efecto, si se quiere averiguar sobre lo bueno o malo que los encuetados opinan acerca del estallido social, esto es, intentar hacer una evaluación de ello, habría que haber sido más analítico y, por cierto, ampliar o desagregar las preguntas para medir lo que se quería medir y no otra cosa.
El movimiento de octubre tuvo, al menos, dos dimensiones: las causas que lo originaron y que fueron el real y fundamental sentido del mismo y las manifestaciones públicas, algunas de las cuales la mayoría condenamos.
Dada la socialización que la derecha y otros actores sociales, con la complicidad de ciertos medios, han realizado con respecto a lo ocurrido en ese entonces, esto es, desprestigiar y estigmatizar dicho suceso social, la encuesta debería haber sido más seria y rigurosa completando y/o formulando de manera diferente las dos preguntas que se hicieron, las que distorsionan absolutamente la medición.
Es evidente, y el CEP debería saberlo, que preguntar sobre las “manifestaciones” de octubre de 2019 claramente lleva a la gente a confundir el trasfondo del estallido con las irresponsables e insensatas conductas de una minoría que se dedicó a destruir lo que pillaba y que, en definitiva, le hizo un gran daño a la causa del movimiento.
Cuando las personas respondieron las preguntas elaboradas por el CEP sobre este tema, no pensaron en las reivindicaciones de la población en ese momento, ni en el millón doscientos mil de ciudadanos que desfilamos a fines de octubre o en las varias manifestaciones en la plaza Ñuñoa y otros lugares del país que fueron una expresión democrática, responsable y con gran contenido cultural.
¿Por qué no se le preguntó a la gente si estimaba que las razones que habían estado detrás de las movilizaciones ciudadanas se habían solucionado y/o aún estaban presentes? (abusos, precariedad de la gente, concentración de la riqueza, bajas pensiones, etc., etc.); ¿por qué no se le preguntó a la gente acerca de si consideraba que el estallido social fue algo malo, regular, bueno o muy bueno para que el Gobierno y los políticos escucharan los graves problemas que tenían muchos chilenos? En fin, sacar conclusiones acerca de un suceso social y político de la envergadura del que comentamos, no puede hacerse con un procedimiento tan sesgado y a partir de dos preguntas algo simplonas.
En metodología uno aprende que un instrumento de medición debe ser válido y confiable, lo que implica, en el primer caso, que mida lo que se quiere medir y no otra cosa. La reciente encuesta CEP, para efectos de evaluar y/o poder concluir sobre el estallido social, que es algo complejo y multifacético, carece de total validez.
