Opinión
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Chile y sus instituciones siguen pendientes en la tarea de valorar el carácter de sujetos políticos de los indígenas y se niegan, obstaculizan, retardan, desvían u omiten asumir compromisos efectivos con los pueblos originarios.
Hoy, 5 de octubre de 2024, la Ley Indígena 19.253 cumple 31 años de difícil vigencia. En el complejo escenario político-electoral y ante la urgencia de temas sensibles como el de seguridad ciudadana, que preocupan al país, es altamente probable que esta sea una fecha que pase desapercibida, tal como ocurrió con la festividad del Día Nacional de los Pueblos Indígenas en junio pasado, incluso cuando el Gobierno suspendió, luego de 26 años ininterrumpidos, la ceremonia oficial de su conmemoración en la casa presidencial, sin ninguna explicación plausible.
La Ley 19.253 estableció “normas de protección, fomento y desarrollo de los indígenas” y, entre otras normas, creó la Corporación Nacional de Desarrollo indígena (Conadi), un sencillo servicio público dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. A pesar de muchas limitaciones, esta ley tenía como propósito abrir caminos para la construcción de un adecuado entendimiento entre los pueblos originarios, las instituciones del Estado (Gobierno, Parlamento, municipios, entre otros) y los partidos políticos en función de un reconocimiento de derechos sustantivos nunca acogidos por el Estado nacional –hasta hoy– desde 1810.
Una clara muestra de esto es que Chile y Uruguay comparten el hecho de que los pueblos indígenas nunca han sido reconocidos constitucionalmente. Nunca. Y la única vez en que históricamente se abrió una pequeña ventana, entre el 2021 y 2022, con motivo del primer proceso constitucional, la sociedad chilena votó por un rechazo al Apruebo del único proyecto constitucional que en nuestra historia valoraba y reconocía constitucionalmente a los indígenas de Chile.
Los gobiernos democráticos, no conservadores (Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet) hicieron todo lo que pudieron para instalar mejores condiciones sociales y políticas y siempre con enormes dificultades para lograr consensos parlamentarios, dado que con el antiguo sistema binominal la derecha tenía un importante poder de veto, y en otras circunstancias, porque la izquierda y la centroizquierda nunca han comprendido de manera efectiva la importancia de un acuerdo político con los Pueblos Indígenas, tal como a mediados de la década de los años 80 se logró establecer el Acuerdo de Nueva Imperial. Después de aquello, nunca más hubo voluntad de avanzar en nuevos acuerdos nacionales.
Es importante explicar que esto se debe fundamentalmente a que el tema indígena siempre ha sido considerado como extraño a las dinámicas políticas y sociales. No se ha comprendido a cabalidad la importancia de su aporte cultural, de su historia y de su cosmovisión y tampoco han sido considerados, hasta hoy, como actores sustantivos en la construcción de una democracia intercultural.
Tal como en su tiempo tardamos como sociedad y Estado en comprender la importancia de los derechos de género, del cuidado de nuestras riquezas naturales y de las diversidades, Chile y sus instituciones siguen pendientes en la tarea de valorar el carácter de sujetos políticos de los indígenas y se niegan, obstaculizan, retardan, desvían u omiten asumir compromisos efectivos con los pueblos originarios.
Paradójicamente, en casi todas las campañas presidenciales posteriores al año 2000 los candidatos han usado el tema indígena como un asunto comunicacional para atraer el voto indígena (1.260.000 sufragantes), pero luego, en tanto gobernantes, han hecho caso omiso, hasta hoy, de esos mismos compromisos. Veamos unos datos.
La expresidenta Bachelet, en su segundo periodo, ha sido la única Mandataria que asumió de verdad el tema de crear un Ministerio Indígena y el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y, en enero del 2010, envió al Congreso Nacional un proyecto debatido durante dos años con las dirigencias indígenas.
El expresidente Piñera, en su primer Gobierno, guardó en el cajón el proyecto y paradójicamente en su segundo mandato –estando el tema indígena en boga– comprometió, ¡en dos ocasiones!, en su Cuenta Pública reponer el proyecto, cosa que –por cierto– no hizo.
Luego, en la campaña presidencial de 2021, los candidatos presidenciales, sin excepción, se comprometieron, ahora sí, a abordar este tema. El Presidente Boric, en su mensaje ante el Congreso el 1 de junio del 2022, formuló un compromiso solemne en tal sentido, pero luego aquello desapareció de la agenda presidencial, también sin ninguna explicación.
No debería ser extraño, entonces, que en este 5 de octubre 2024, cuando la Ley Indígena cumple 31 años, poco se hable de esto y que a nivel parlamentario y gubernamental esta no sea una fecha para considerar en el orden de las preocupaciones actuales. Pero esta ley está ahí, vigente, y acompañada por el Convenio 169 de la OIT y tratados internacionales que el Estado de Chile ha firmado con su letra y puño.
Por lo mismo, nunca estará de más recordar su importancia, su valor jurídico y político y, sobre todo, que sigue siendo un camino para construir un proyecto democrático de reconciliación tal como en su momento fue señalado, hace 20 años, por la histórica Comisión Nacional de Verdad y Nuevo trato con los Pueblos Indígenas.
