Opinión
La tarea formadora es crucial para avanzar como sociedad, tenemos la responsabilidad de “conducir los cambios para un desarrollo humano sostenible”, tal como nos demanda el PNUD en su último informe titulado “¿Por qué nos cuesta cambiar?”.
En el último tiempo se ha debatido –desde diversos escenarios– sobre los desafíos de la formación de profesores y profesoras en nuestro país. Por cierto, este debiese ser un tema de alcance nacional no solo por la importancia que ello supone para las instituciones formadoras y los establecimientos educativos, sino también por su impacto en el desarrollo humano en Chile, según consta en el último informe recientemente publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 2024.
Efectivamente, el debate debiese ir más allá del aumento de los criterios de selectividad para el acceso a estudiar pedagogía o los mecanismos para frenar el déficit docente. Es necesario contextualizar y profundizar en la temática desde una perspectiva sistémica y proyectiva.
Por una parte, es sabido que –lamentablemente– el sistema escolar atraviesa por problemáticas profundas derivadas de las condiciones de salud mental de estudiantes y docentes, del efecto de la crisis social y la pandemia, como también de la salubridad en los aprendizajes, de las dificultades en la convivencia interna y del contexto, el abandono temprano de docentes del sistema, entre otros aspectos.
Al mismo tiempo, la formación de profesores y profesoras en el sistema universitario se ha complejizado y tensionado por las condiciones demandadas al subsector, como lo son las condiciones de acceso, la baja matrícula, el financiamiento, la acreditación, las condiciones de ingreso de los estudiantes, entre otras. Pese a todo aquello, se observa una alta valoración de la profesión docente por parte de la ciudadanía, pero no necesariamente una opción de estudio para los estudiantes de la educación media.
Para las instituciones formadoras de profesores y profesoras, el escenario es desafiante. Interesa aportar en la definición de políticas para el desarrollo de la profesión docente contextuales y profundas que permitan, por una parte, abordar las tensiones derivadas de la evaluación de la ley de Desarrollo Docente realizada por el PNUD recientemente, donde el acceso es una de ellas. Por otro lado, los requerimientos del propio sistema escolar y de nuestros(as) estudiantes debiesen orientar el debate sobre la formación de docentes y sus complejidades.
La tarea formadora es crucial para avanzar como sociedad, tenemos la responsabilidad de “conducir los cambios para un desarrollo humano sostenible”, tal como nos demanda el PNUD en su último informe titulado “¿Por qué nos cuesta cambiar?”.
El Plan Nacional Docente –recientemente presentado por el Mineduc– es un buen inicio para fortalecer al sistema escolar y sus docentes, pero también necesitamos avanzar en fortalecer la formación universitaria de profesores y profesoras en cuanto a las mejores condiciones para que las instituciones universitarias puedan desarrollar fehacientemente sus propuestas formadoras.
Quizás sea tiempo de pensar como sociedad en una profesión docente y un sistema educativo más robustos, en que, sin abandonar la idea de disponer de criterios de admisión rigurosos, podamos avanzar hacia sistemas de ingreso más pertinentes, variados y predictivos y así alcanzar los perfiles que demanda la profesión.
Las universidades que han contribuido a formar docentes se enfrentan a una dicotomía. Por un lado, deben atender a políticas focalizadas en elevar los estándares de las carreras pedagógicas y, por otro, sostener la baja matrícula en ellas, apoyando el desafío país que implica enfrentar el déficit de docentes proyectado.
Por ello es que se hace necesario potenciar el impacto que tienen otras formas de ingreso a la formación docente, como son los Programas de Atracción Talento Pedagógico (PATP), asegurando su adecuado funcionamiento y sostenibilidad y generando evidencia sobre su contribución al ingreso de más y mejores estudiantes a las carreras de pedagogía.
Además, es importante complejizar la discusión sobre qué significa seleccionar mejores candidatos a la docencia, cuáles son los mecanismos más pertinentes y los criterios más adecuados para lograr este objetivo. El debate sobre establecer mayores exigencias de admisión a las pedagogías –para fortalecer la profesión docente– no se beneficia cuando se limita al acuerdo o discusión sobre un puntaje estandarizado. El debate es más complejo e integral.
