Opinión
Lo que hace la autoridad ambiental con esta decisión, es indicarle al titular que la información proporcionada es insuficiente para que los servicios públicos con competencia en dicha materia ejerzan la función que se les ha encomendado.
La reciente presentación de la renuncia no voluntaria del director regional de Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta, Ramón Guajardo, luego de que pusiera término anticipado al proceso de evaluación ambiental del proyecto “Central de Bombeo Paposo para el almacenamiento, generación y transmisión de energía”, de la empresa Colbún (grupo Matte), ha generado polémica dentro del mundo político, empresarial y ambiental. Lo anterior, debido al rol que juega el Gobierno y los funcionarios públicos en la evaluación ambiental de proyectos.
Para entender lo sucedido, primero es importante puntualizar algunas cosas sobre la institucionalidad ambiental chilena. La Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (N°19.300) y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40), son las normativas que regulan el proceso de calificación ambiental y es allí, específicamente en el artículo 15 bis de la Ley 19.300, donde se establece la posibilidad de poner término al proceso de evaluación “si el Estudio de Impacto Ambiental carece de información relevante o esencial para su evaluación que no pudiese ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, el Director Regional o el Director Ejecutivo, así lo declarará mediante resolución fundada, ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento“.
En estricto rigor esto no significa el rechazo del proyecto. Lo que hace la autoridad ambiental con esta decisión, es indicarle al titular que la información proporcionada es insuficiente para que los servicios públicos con competencia en dicha materia ejerzan la función que se les ha encomendado.
Esto es precisamente lo que ocurrió con el proyecto de la empresa Colbún, ya que el director regional, haciendo uso de sus facultades y en comunicación con la dirección nacional del SEA, decidió poner término anticipado a la evaluación ambiental del proyecto de la familia Matte. Es más, al revisar la resolución emitida por el ahora exdirector regional, queda claro no se trataba de completar la información presentada inicialmente, la información esencial nunca estuvo.
Lejos de aceptar la situación, la empresa reclamó directamente a la dirección ejecutiva del SEA, como también se encargó de poner el tema en los medios de comunicación. El resultado está a la vista, se le solicitó la renuncia al director regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta.
Por si esto fuera poco, a esta trama ingresó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien se puso del lado del empresariado cuando señaló que “el inversionista prepara un EIA y se le acepta o se le rechaza, se presta para que muchas veces se den dinámicas muy de blanco y negro”.
Con estas declaraciones, quedó claro que el ministro Marcel no conoce la ley ambiental. Por tanto, no sabe cómo opera, ni mucho menos sabe que no es un proceso blanco y negro.
También es insólito que el ministro señale -en la misma entrevista- que los funcionarios públicos deben ayudar a los titulares de proyecto para que estos se aprueben. Justamente esto es lo que hemos reclamado desde hace años las organizaciones ambientales, la calidad de los EIA sometidos a evaluación ambiental es mejorada por las observaciones de la ciudadanía y de los funcionarios públicos. O sea, le estamos haciendo la pega a las empresas y eso no es justo.
Con estas afirmaciones, Marcel dejó en evidencia que desde su punto de vista -o sea desde el punto de vista del Gobierno-, el Ministerio de Medio Ambiente, y en particular él SEA, deben facilitar la inversión y aprobar proyectos, aun a costa de la destrucción del patrimonio natural de Chile. Con estas lamentables declaraciones, pareciera que estamos frente al resurgimiento de la “doctrina Frei”, en la que hace años se indicó que ningún proyecto de inversión se detendrá por consideraciones ambientales.
Sin duda Marcel representa muy bien los intereses del Gobierno, ya que después de estas declaraciones se anunció que el presidente Boric de regreso de México haría escala en Antofagasta y, que, junto al ministro de Economía, se reunirán con autoridades sectoriales y regionales para revisar la agenda Pro Inversión. Esta situación resulta totalmente contradictoria e imprudente, toda vez que en la última Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile (EDA) la OCDE recomendó que nuestro país debe fortalecer la calidad técnica de los Estudios de Impacto Ambiental mediante la creación de salvaguardias contra la influencia política y mejorando las capacidades del Servicio de Evaluación ambiental.
Entonces, cabe preguntarnos ¿realmente el presidente Boric y sus ministros van a seguir la regulación ambiental y las recomendaciones de la OCDE? O, como hace años, el resguardo del patrimonio natural de Chile no será considerado y lo único que importará será que los titulares de proyectos puedan materializar su inversión en el plazo más breve. Dejando de lado los costos ambientales presentes y futuros.
