Opinión
EFE
Los extremismos, de cualquier signo, son un riesgo para la convivencia en sociedad y para la paz tanto interna de los países como la internacional.
Se está cumpliendo un año desde que el 7 de octubre de 2023 el grupo Hamás efectuó su acción terrorista contra Israel, que trajo consigo la muerte de más de 2.200 personas y la captura de sobre 200 rehenes, de muchos de los cuales no se conoce aún su destino. Entre las víctimas hay mujeres y niños.
La misma fecha marca el inicio de la represalia determinada por el Gobierno israelí, conducido por Benjamin Netanyahu, que ha traído muertes, heridos, desplazamiento obligado de personas y destrucción de infraestructura esencial en la Franja de Gaza. Un accionar cruel y desproporcionado que ha afectado a personas inocentes, también a un número considerable de mujeres y niños. Se calcula que los muertos llegan a un promedio de 130 diarios.
No se ve a esta altura una salida para un conflicto bélico que, por el contrario, se extiende a otros territorios de la región, como es el caso del Líbano. La situación en el sur de este país, colindante con el norte de Israel, es foco de tensión y acción bélica, lo que ha producido efectos directos sobre la vida y la integridad física de las personas y los consiguientes desplazamientos obligados, con consecuencias humanitarias particularmente dañinas.
La participación de Irán en el conflicto agrava de manera ostensible la situación, como así también el involucramiento de Hezbolá, ambos con conducciones radicalizadas.
El llamado al alto el fuego no ha sido escuchado, aun cuando ha surgido –incluso– de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esta actitud de las partes en el conflicto se encuentra uno de los principales problemas para buscar una salida negociada, esto es, que tanto Israel como Hamás están liderados por personas con posiciones extremas que se retroalimentan y que encuentran en el conflicto un ingrediente para mantenerse en el poder.
En este contexto ha sido oportuno que la Corte Penal Internacional, por determinación de su fiscal, haya accionado y ordenado la captura del primer ministro de Israel Netanyahu y su ministro de defensa, como también de los líderes de Hamás.
Lo señalado debiera ser un llamado de atención acerca del riesgo que se corre cuando arriban a posiciones de poder liderazgos radicalizados, independientemente de las ideologías que representen. Los extremismos, de cualquier signo, son un riesgo para la convivencia en sociedad y para la paz tanto interna de los países como la internacional.
