Opinión
Crédito foto: Leticia Caro
La historia de nuestro pueblo exige más que buenas intenciones, necesita resultados tangibles que respeten y preserven nuestra identidad y cultura.
Durante los meses de agosto y septiembre, las comunidades Kawésqar Residentes en Río Primero, Atap, Inés Caro, Jetarkte, Aswal Lajep, Isla Dawson, Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar y Tronco Familiar Renchi Navarino hemos intensificado nuestros esfuerzos para garantizar la continuidad del proceso de consulta indígena respecto a los planes de manejo de las áreas protegidas Parque Nacional Bernardo O’Higgins, Parque Nacional Kawésqar y la Reserva Nacional Kawésqar, todas insertas en el Kawésqar Wæs Ka Chams (nuestro territorio en mar y tierra).
En una serie de reuniones con representantes de los ministerios de Desarrollo Social, Medio Ambiente y Agricultura, las comunidades hemos urgido a las autoridades a aclarar y garantizar la continuidad del proceso de consulta, destacando la importancia de cumplir con los plazos establecidos por la normativa y bajo el entendimiento de que las comunidades indígenas tenemos el derecho a ser consultadas cada vez que se prevean medidas administrativas susceptibles de afectarnos directamente, el que está amparado tanto por la legislación internacional ratificada por el Estado de Chile, como por la legislación nacional.
Pese a lo anterior, durante este proceso hemos observado con preocupación que nuestros derechos primigenios, aquellos que resguardan nuestra propia identidad, se están equiparando a los derechos comerciales o de extracción de grupos de poder presentes en el territorio ancestral.
Esta homologación es alarmante, ya que los derechos de los pueblos indígenas fueron creados precisamente para evitar la exclusión, el aprovechamiento y el abuso hacia las primeras naciones, por lo que, si no se aplica el derecho de manera adecuada, se deslegitima la legalidad que debería prevalecer en el Estado.
Aunque las autoridades han mostrado disposición para avanzar, necesitamos garantías reales de que no solo se escucharán nuestras voces, sino que nuestras demandas se tomarán en cuenta. En línea con esto, una de nuestras principales preocupaciones es que se protejan nuestros derechos culturales y territoriales, los cuales hemos logrado incorporar al borrador del plan de manejo tras cinco años de arduo trabajo.
La participación activa y comprometida de las comunidades en todas las etapas del proceso de consulta subraya la determinación por preservar nuestro patrimonio, cultura y cosmovisión, además de asegurar que las decisiones tomadas respeten nuestros derechos, los que buscan un desarrollo sustentable y sostenible, que rescate y respete las visiones de nuestros antiguos –quienes fueron víctimas de un genocidio avalado por el Estado–, constituyendo de esta manera parte de la reparación histórica para la memoria de nuestro pueblo ancestral.
Es por esto que es una excelente noticia que la Subsecretaría de Agricultura se comprometiera recientemente a reanudar el proceso de consulta indígena a más tardar la segunda semana de octubre, lo que nos permitirá continuar avanzando con los tres Planes de Manejo en una sola consulta. En este contexto, esperamos que la nueva directora nacional de Conaf, Sra. Aida Baldini, reafirme los acuerdos logrados con la administración anterior y brinde su apoyo a la reanudación del proceso, para concretar el término de esta tan crucial consulta indígena.
Exigimos también que la industria salmonera abandone sus malas prácticas de intervencionismo en procesos que solo son atingentes a pueblos indígenas, solapándose en quienes tienen intereses particulares, los que claramente afectan los derechos colectivos de quienes deseamos avanzar a este hito histórico de construcción de un nuevo trato. Para esto es imprescindible el funcionamiento pleno de la institucionalidad, haciendo cumplir la normativa vigente.
La historia de nuestro pueblo exige más que buenas intenciones, necesita resultados tangibles que respeten y preserven nuestra identidad y cultura. Este proceso no debe ser un mero trámite administrativo, sino un verdadero reconocimiento de nuestros derechos y de nuestra propia existencia.
