Opinión
En las instituciones nacionales no se cuenta con recursos humanos entrenados para traducir el conocimiento científico en políticas públicas. Esta insuficiencia es inaceptable cuando faltan solo seis años para lograr las metas señaladas para 2030.
Al revisar las políticas climáticas de la gran mayoría de los países, uno aprecia entusiastas relatos. Sin embargo, en los últimos 20 años, los resultados han sido decepcionantes. Probablemente, porque en el núcleo de la crisis climática yacen elementos de conflicto hasta hoy insalvables, tanto por la complejidad del tema como por las falsedades que van diseminando los negacionistas, así como por el factor humano.
En este último elemento, por una parte, predomina la complacencia de los que se resisten a los cambios de conductas y, por otra, persevera la intransigencia de los codiciosos que quieren continuar aumentando sus ganancias en el menor tiempo posible. A pesar de todo ello, se avanza. Pero poco y con muchas dificultades.
Nuestra política climática se fundamenta en el compromiso con las metas del Acuerdo de París. Entre sus componentes se destacan: introducir límites de emisiones obligatorios para el año 2030, con vista a reducir las emisiones de CO2 al menos en un 30%; la promoción de energías renovables no convencionales con el fomento a la eficiencia energética, teniendo como objetivo una matriz energética 100% libre de emisiones para el 2050; el desarrollo de estrategias de adaptación para disminuir vulnerabilidades protegiendo la biodiversidad y ecosistemas; la reforestación, principalmente con especies nativas; los programas de educación para aumentar la concienciación sobre el cambio climático; y las estrategias financieras para la acción climática.
A pesar de contener los elementos imprescindibles, en la práctica esta política no está dando los resultados esperados. Aún no logra producir resultados contundentes. Para ser justos, señalemos de inmediato que Chile no es el único país con dificultades para avanzar. Lo mismo sucede en la gran mayoría. ¿Por qué? Porque la retórica sobrepasa la realidad y los cursos de acción que se proponen son incapaces de superar los obstáculos que se oponen a establecer los límites de emisiones de CO2 obligatorios para el año 2030, con vistas a reducir las emisiones en un 30% y lograr la reducción para alcanzar el cero neto en 2050.
Las lecciones aprendidas en los últimos 20 años nos muestran que la aplicación de las políticas climáticas ha sido una actividad a contrapelo en todo el planeta. La mejor evidencia de ello es que todavía ningún país ha encontrado una vía segura para cumplir con las metas indicadas para 2030 y 2050 en el marco del Acuerdo de París.
El principal desafío actual, por tanto, es: ¿qué hacer para tener éxito en la ejecución de una política climática? Para averiguarlo, un grupo de investigadores alemanes, ingleses y franceses midieron la efectividad de las políticas climáticas, analizando 1.500 adoptadas por los países que emiten más CO2 en el mundo.
Los resultados se publicaron hace unas semanas en la revista Science con el título “Climate policies that achieved major emission reductions: Global evidence from two decades” (“Políticas climáticas que lograron importantes reducciones de emisiones: evidencia mundial de dos décadas”).
Para la investigación, se seleccionaron 41 países, responsables del 80% de las emisiones mundiales con un total de 38 mil millones de toneladas anuales de CO2. El estudio evaluó las políticas que se implementaron desde 1998 hasta 2022. Lo resultados obtenidos son impactantes.
El 96% de las políticas mostraron ser de escasa utilidad, cuestión que está remeciendo la mente de muchos funcionarios gubernamentales encargados de la agenda climática.
Se identificaron como exitosas soo 63 políticas climáticas (4%) de las 1.500 analizadas. En conjunto, ellas lograron reducir hasta 1.800 millones de toneladas métricas de carbono. Un puñado de arena. Se estima que para alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo de París para 2030, en los 41 países analizados, las reducciones tendrían que multiplicarse al menos por 20 para neutralizar el total emitido. Es decir, vamos mal, muy mal.
El estudio utilizó modelos estadísticos para identificar en cada país la disminución de las emisiones. A esas “caídas”, de al menos el 5 al 10 por ciento, se les llamó “rupturas”. En los gráficos presentados aparecen como escalones que bajan por una escalera, a veces graduales y a veces empinados. Una vez identificadas las “rupturas”, un modelo de aprendizaje automático analizó datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), analizando las 1.500 implementadas entre 1998 y 2022.
Las políticas se circunscribían a cuatro sectores productivos claves ante la amenaza climática: electricidad, industria, transporte y edificios. A partir de allí, el estudio reconoció cuáles políticas podrían atribuirse a qué “rupturas” en las emisiones.
En otras palabras, nos falta mucho para sentirnos medianamente tranquilos. De todas formas, estos resultados confirman algo muy positivo: algunos países han ejecutado políticas que efectivamente reducen las emisiones de CO2. Eso es muy importante. Desgraciadamente, aún se arrastra un 96%, o sea, 1.437 políticas fallidas aplicadas en las últimas dos décadas.
Por supuesto, no existe una solución milagrosa para la mitigación, pero gracias a esta investigación hoy sabemos que las políticas más eficaces son aquellas que poseen instrumentos de precios, por ejemplo, en el valor del carbono, en los impuestos a la energía y en las reformas a los subsidios otorgados a los combustibles fósiles. Además, la mayoría de estas reducciones de emisiones se lograron combinando diversas políticas sectoriales con la climática, en lugar de una sola circunscrita al clima.
A manera de ejemplo, hoy sabemos que en el Reino Unido las emisiones se redujeron hasta en un 50%, mediante la implementación de un precio mínimo para el carbono en el sector eléctrico, junto con subsidios para sector agricultura, transporte, energías renovables y el anuncio de un plan de eliminación gradual del carbón. Esto último, se acaba de concretar el lunes 1 de octubre de 2024, con el cierre de la última central eléctrica a carbón en el Reino Unido, ubicada en Ratcliffe-on-Soar. Con este acto se puso fin a 142 años de uso de este combustible fósil. Un buen ejemplo a seguir.
La pregunta obvia es: ¿son relevantes para Chile estos resultados? Nos parece que sí, porque en nuestras últimas administraciones ha predominado la tendencia de reducir la política climática al ámbito de las “cuestiones ambientales”. Ahora es el momento de cambiar este enfoque y ampliarla, combinándola con todas aquellas políticas sectoriales que tengan efectos directos o indirectos en la reducción de emisiones.
Para conseguirlo, es preciso establecer un plan de acción en el cual prime la consulta permanente con los sectores productivos clave, como agricultura, transporte, minería, energía, vivienda y construcción, infraestructura y salud pública, entre otras. Para acelerar las combinaciones de políticas, sería recomendable acudir al uso de fuertes incentivos y castigos más fuertes, robustos, que duelan.
Los incentivos, por supuesto, serán el gasto público, como los subsidios o los créditos fiscales. Respecto a los castigos, les cabe un rol importantísimo a nuestros poderes Legislativo y Judicial (que, dicho sea de paso, hoy no inspiran mucha confianza a nadie, desgraciadamente). Ellos serían los encargados de adoptar medidas regulatorias fuertes, con leyes más estrictas o regulaciones directas que hagan disminuir las emisiones de los principales emisores en Chile (centrales eléctricas, transportes, minería, urbanismos, energía, entre otras).
Se requiere, también, más talento en nuestras instituciones en el arte de la “hechura de las políticas públicas”. El reto, en esta materia, es incorporar en nuestro abecedario de gobernanza un nuevo elemento: las políticas climáticas exitosas son aquellas que recaban datos de calidad no solo en asuntos relativos al medio ambiente y clima, sino también que apliquen los datos provenientes de aquellos sectores productivos y sociales con los cuales dicha política tendrá que interactuar. Esa es la conclusión subyacente que se desprende del estudio aquí presentado.
Mencionemos también que los gobiernos no han usado a plenitud los adelantos de la ciencia comunicados en los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). En las instituciones nacionales no se cuenta con recursos humanos entrenados para traducir el conocimiento científico en políticas públicas.
Esta insuficiencia es inaceptable cuando faltan solo seis años para lograr las metas señaladas para 2030 y Chile sufre periódicamente los impactos de desastres cada vez más devastadores, con enormes daños y pérdidas.
Resumiendo, la tarea por delante es compleja. No se puede combatir la amenaza climática únicamente desde la trinchera ambiental, haciendo mucho ruido y con pocas nueces. Por el contrario, siguiendo los ejemplos de las políticas climáticas exitosas, se debe expandir el área de influencia, empezando por traducir el conocimiento científico en acción. Recurrir, además, de manera permanente a la combinación de políticas públicas, mediante asociaciones con sectores productivos claves, además de otras instituciones públicas y privadas.
Por último, dar primacía a fuertes incentivos y a castigos de envergadura en la aplicación de la futura política climática. Cuanto antes empecemos, mejor. De otra manera, seguiremos haciendo ruidos inútiles.
