Una reforma política popular

Una vez más, Chile ha descubierto la causa de todos sus males: esta vez es el sistema político y su principal gestor, el sistema electoral. Este último daría curso al fraccionamiento político, a la ingobernabilidad, al debilitamiento del presidencialismo y, en definitiva, a la parálisis y la mediocridad.

Más precisamente, es el sistema electoral proporcional el malo de la película y, luego, Bachelet. Sobre estos análisis y conclusiones, ¿se han detenido sus autores a reflexionar sobre lo que habría sido el resultado del estallido social de 2019 sin toda la diversidad de la izquierda dentro de las instituciones?

¿Por qué fue política, social, cultural y ciudadanamente viable darle la salida constitucional dos veces fracasada, pero pacificadora, que conocimos?

Este solo servicio al país del sistema proporcional instalado por el Gobierno de Michelle Bachelet habrá justificado su instalación. ¿Hay que conformarse con ello? Por supuesto que no.

El sistema electoral no es solo un método para proveer escaños y cargos por la decisión del pueblo. También debiera integrar al país, haciendo que las regiones y ciudadanos se sientan participando en la vida nacional en igualdad de condiciones, con la proporción y el peso del voto más justo posible. Además, debiera garantizar fortaleza en el ejercicio del poder de las diversas instituciones.

Detengámonos en esto último. Se ha hecho sinónimo de “fortaleza institucional” la idea de que con pocos actores es más fácil hacer alianzas entre ellos y que esto daría la “fortaleza”. Según este razonamiento, las alianzas y no el sufragio, la voluntad popular directamente, darían la gobernabilidad.

Si realmente se aspira a fortalecer las instituciones y el ejercicio del Gobierno, entonces debería darse la palabra directamente a la ciudadanía.

¿Cómo?

• Eligiendo por mayoría absoluta y con sistema de segunda vuelta en caso de no alcanzarse aquella en la primera, todas las autoridades unipersonales (Presidente, gobernadores y alcaldes).
• Para los organismos colegiados (Parlamento, concejos municipales, consejos regionales) debería haber un sistema electoral proporcional, sin pactos ni subpactos. Así, cada partido propondría sus candidatos y la ciudadanía resuelve quién es el electo, así como cuál sigue existiendo. La vigencia legal se mediría por la elección de diputados y el requisito de existencia sería la superación del 5% de los sufragios válidamente emitidos o la elección de al menos 7 diputados (en el marco de los 155 actuales).

Estas sencillas medidas “fortalecerían” las instituciones del sistema político, así como el ejercicio del poder, sin recurrir a triquiñuelas electorales (omisiones, pactos, subpactos o alianzas espurias) sino a través del pronunciamiento directo de la ciudadanía.

Complementariamente, se debieran establecer la pérdida del escaño por renuncia al partido que eligió al representante, primarias obligatorias para elegir los candidatos de un partido (si hubiera más interesados que cupos disponibles en cada espacio electoral) y la “orden de partido” en organismos colegiados como necesaria disciplina en el accionar de instituciones a las que se adhiere libre y voluntariamente.

Como contrapartida a este fortalecimiento de los partidos, es necesario establecer más transparencia a su interior (finanzas, sistema electoral, vida interna) y más control del Estado y de la sociedad sobre ellos.