Opinión
El precio de la vivienda, tanto para compra como para arriendo, está del todo descontrolado, superando con creces el incremento de los salarios.
Chile enfrenta una crisis habitacional sostenida en el tiempo, que refleja una serie de problemas políticos y estructurales. El acceso a la vivienda se encuentra en el origen de esta crisis. En nuestro país dicho acceso depende, principalmente, de la capacidad económica de las familias para adquirir o arrendar un lugar donde vivir. Aunque existen ayudas estatales, estas resultan insuficientes tanto en términos de recursos como de cobertura, y presentan limitaciones adicionales en aspectos como la localización, el tamaño y la adaptabilidad de las viviendas a las distintas etapas de vida de una persona o familia.
El precio de la vivienda, tanto para compra como para arriendo, está del todo descontrolado, superando con creces el incremento de los salarios. Según el último reporte anual del Price Income Ratio, que mide la relación entre precio promedio de la vivienda e ingreso promedio de los hogares, informado por la OCDE, Chile se ubica en el lugar 19, superando a países como Reino Unido, Francia, Suecia y Bélgica. Además, entre 2015 y 2023, los precios de arriendo en el país han aumentado en un 42%.
La práctica de fijar los arriendos en Unidades de Fomento (UF) exacerba el problema, ya que la UF se reajusta constantemente al alza, a diferencia de los salarios. En ciudades como Concepción es común encontrar departamentos de una habitación, de 30 o 40 metros cuadrados, con arriendos que rondan los 400 o 500 mil pesos, sin incluir gastos comunes y servicios. Estas cifras resultan desproporcionadas para el nivel de vida e infraestructura que ofrece la ciudad.
Este escenario ha favorecido un contexto especulativo, en el que propietarios –tanto individuos como empresas– adquieren múltiples inmuebles, incrementando aún más los precios y desplazando a las poblaciones más vulnerables. No solo se expulsa a personas y familias con menores ingresos, sino también a jóvenes, estudiantes y trabajadores con empleos precarios o sin contrato fijo, afectando ampliamente a la clase media.
Por estas y otras razones, es esencial abordar esta crisis con medidas regulatorias más estrictas y con un gobierno local y regional más presente en cuestiones de ciudad y justicia territorial. La evidencia ha demostrado que la flexibilización de los permisos de construcción y el aumento de la altura de edificación no disminuyen el precio de la vivienda. Al contrario, estas medidas han generado nuevos problemas sociales y urbanos.
Ante esta realidad, es imperativo desplegar acciones que regulen los precios y limiten las lógicas de acumulación y especulación inmobiliaria. Debemos aprovechar la coyuntura electoral que estamos viviendo como una oportunidad para posicionar la crisis de la vivienda como un problema político y no meramente técnico.
