Opinión
El rezago en el que se encuentra nuestra formación técnica se acrecienta cada día.
No hemos logrado ajustar la formación de las capacidades técnicas a los ciclos de una economía cambiante, a la evolución de los puestos y métodos de trabajo, al desarrollo de las competencias claves de las personas y a las condiciones que el mundo tecnológico pone al empleo y a la vida en comunidad. Sabemos bien que las capacidades que dejamos de formar en las personas, no solo ponen en riesgo su bienestar, sino también el logro del bien común.
Desde fines de los 90, los cambios curriculares, las políticas e iniciativas como Chile Califica, la Estrategia Nacional de ETP y los discursos académicos, promueven una educación TP con un “enfoque de aprendizaje práctico”, orientado al desarrollo de aptitudes, competencias, habilidades y conocimientos, como preparación para la vida del trabajo o para la continuidad de estudios técnicos a nivel superior. A ello se agregan consideraciones de formación flexible y modular, que facilitan el desarrollo de itinerarios en un sistema de formación permanente.
Pero hay barreras que han dificultado el avance de estas visiones. En primer lugar, no ha resultado tan sencillo que nuestros docentes logren equilibrar en sus clases la formación de competencias específicas y de aplicación mecánica, con las habilidades más complejas, de análisis, solución de problemas y de autonomía. A la base de esto está la discusión no resuelta acerca de a quiénes se autoriza a ejercer la docencia de una especialidad TP y cómo se hace para abordar sus brechas de formación. Sigue pendiente la decisión de si se autoriza a docentes sin formación y experiencia laboral en la especialidad, o a profesionales o técnicos con experiencia, pero sin capacidades pedagógicas. El Sistema de desarrollo profesional docente vigente, no definió criterios y son escasas las ofertas formativas que abordan las necesidades propias de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación TP.
Otra barrera se refiere a la ausencia de un sistema de formación técnica integrado en el país, que vincule las ofertas formativas de las distintas instituciones de formación, con los diferentes niveles de aprendizajes que deben lograr las personas y los instrumentos formales que faciliten y promuevan trayectorias efectivas de aprendizaje. Avanzar en esto implica resolver sobre qué niveles y habilidades, desde la educación inicial y a lo largo de la vida, se estructuran las trayectorias educativas y laborales de las personas (marco de cualificaciones), saber cómo cada nivel de formación se ordena en torno a esos niveles y habilidades, qué currículo acompaña eso, cómo las personas transitan en el sistema (itinerarios), cómo se reconocen los aprendizajes, con independencia a cómo se hayan obtenido, cómo se acreditan y certifican. Todo ello, por ahora, es deuda.
