Opinión
Esta iniciativa establece principios claros en torno a la transparencia en las contrataciones y adquisiciones, el fortalecimiento del control interno y la promoción de la ética dentro de las municipalidades.
En un contexto donde la confianza de la ciudadanía en sus autoridades ha sido gravemente erosionada, el Pacto de Integridad Municipal surge como una iniciativa clave para restaurarla. Este compromiso, asumido por diversos candidatos a alcaldías y concejalías, representa un esfuerzo tangible por promover una gestión municipal transparente, ética y centrada en los intereses de la ciudadanía.
Esta iniciativa establece principios claros en torno a la transparencia en las contrataciones y adquisiciones, el fortalecimiento del control interno y la promoción de la ética dentro de las municipalidades. Entre los puntos más destacados, se incluyen la selección de cargos directivos a través de concursos públicos, la implementación de mecanismos competitivos para la contratación de bienes y servicios, y el aseguramiento de la independencia de las unidades de control interno.
Estos esfuerzos buscan prevenir irregularidades y garantizar que los procesos municipales sean objetivos y estén alineados con los más altos estándares éticos.
Desde una perspectiva de compliance, este acuerdo se alinea con los principios fundamentales de integridad y transparencia. El cumplimiento normativo no solo se trata de acatar las leyes, sino de crear una cultura de observancia donde las decisiones se tomen en base a principios éticos. En el ámbito municipal, esto es fundamental, dado que las decisiones locales tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Uno de los elementos más innovadores de esta iniciativa es la implementación de canales de denuncia efectivos y un sistema de integridad que incluye un Código de Ética y un protocolo claro para la gestión de denuncias. Este enfoque preventivo no solo fortalece la rendición de cuentas, sino que también empodera a los ciudadanos y a los funcionarios municipales para que denuncien posibles irregularidades sin temor a represalias.
El Pacto también enfatiza la importancia de la participación ciudadana. La apertura municipal, reflejada en la promoción de mecanismos participativos, asegura que la voz de los ciudadanos sea escuchada y considerada en las decisiones municipales. Esto no solo fortalece la legitimidad de las autoridades locales, sino que también promueve una democracia más inclusiva y cercana a las necesidades de la población.
Un dato relevante es que 1.573 candidatos a alcaldes en todo el país buscan ser electos en los 345 municipios de Chile. Esto evidencia el gran impacto que tendría si todos estos candidatos se comprometieran con principios de transparencia y responsabilidad, no solo unos pocos. Un movimiento masivo hacia una política local más ética y orientada al servicio público podría transformar significativamente la gestión municipal a nivel nacional.
Acuerdos como este representan una oportunidad única para reconstruir la confianza en las autoridades locales y, por ende, fortalecer la democracia en Chile. Al adoptar estándares de compliance y promover la transparencia y la ética, los municipios pueden convertirse en verdaderos bastiones de integridad y ejemplo para otras instituciones.
La adhesión de más candidatos a esta iniciativa será clave para restaurar la legitimidad y credibilidad de nuestras autoridades, y asegurar un futuro más justo y democrático para todos.
